Como geólogo, Julio Fierro está
acostumbrado a que las multinacionales mineras intenten seducirlo para que
claudique en su defensa del medio ambiente y se pase a sus filas a cambio de un
jugoso salario, pero como asesor de la Contraloría General de la República y su
Delegada para el Medio Ambiente lo que no esperaba es que le impidieran
ingresar a los predios que la empresa Eco Oro Minerals Corp. ha venido
comprando en Santander.
Y eso fue lo que le sucedió el pasado 19
de septiembre cuando en compañía de una comisión de 15 expertos de las
universidades Nacional, Santo Tomás e Industrial de Santander, así como de la Sociedad Santandereana de
Ingenieros y el Acueducto de Bucaramanga, pretendió recorrer y tomar muestras
en los vastos territorios que la multinacional canadiense posee en los
municipios de California y Vetas, los cuales están ubicados en un alto
porcentaje dentro del Páramo de Santurbán, lugar en el que las autoridades
ambientales han ratificado que no se pueden ejecutar proyectos de megaminería a
cielo abierto, como pretendió en un primer momento la entonces llamada Greystar
Resources que iba tras más de siete millones de onzas de oro.
Lo que se encontraron Fierro y sus
acompañantes fue a un grupos de vigilantes armados así como ingenieros que
después de exigir permisos oficiales, les prohibieron la entrada, a sabiendas
de que su único propósito era revisar los sitios donde esa empresa minera
realiza tareas de exploración en busca de oro, plata y otros minerales, de los
cuales existen inmensas reservas, especialmente en el proyecto Angostura.
La comisión solo portaba aparatos de
posicionamiento global (GPS), correntómetros, termómetros, brújulas y neveras
para conservar las muestras que buscaban tomar en los mismos sitios donde en
marzo pasado estuvieron funcionarios de la Autoridades Nacional de Licencias Ambientales
(Anla) y hallaron una serie de
irregularidades que les llevó a notificar
a la Corporación Autónoma para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga
(Cdmb), que a su vez tendría que ordenar las acciones necesarias para que las
mineras Eco Oro, AUX Colombia y Leyhat apliquen los correctivos del caso antes
de que sea demasiado tarde, más si se tiene en cuenta que quebradas como La
Baja, Páez y Angostura son las que alimentan el río Suratá, el cual surte de
agua potable no solo a Bucaramanga sino a poblaciones vecinas como
Floridablanca, Girón y Piedecuesta.
Y es que a pesar de que la Cdmb se negó
a acompañarlos, la comisión de biólogos, geólogos, ingenieros civiles y
químicos permaneció durante dos horas frente al portón de Eco Oro que bloquea
la carretera que conduce a la docena de lagunas que coronan el Páramo de
Santurbán. Igual situación le ocurrió a un grupo de cuatro funcionarios de la
Fiscalía General de la Nación a quienes los guardianes e ingenieros de Eco Oro
no les permitieron pasar, como lo denunció Florentino Rodríguez Pinzón,
presidente de la Sociedad Santandereana de Ingenieros.
No obstante, los expertos lograron tomar
muestras en las zonas aledañas y observar el grado de deterioro que está
sufriendo este frágil ecosistema de páramo y bosque alto andino. Según
Rodríguez, el concepto de la Anla es
apenas la punta del iceberg de las “grandes afectaciones” que están dándose por
cuenta de los trabajos de las multinacionales mineras. “Queríamos corroborar la
real dimensión de los daños, pero no nos dejaron. Sin embargo apreciamos que
los daños son gigantescos: la cobertura vegetal -que se está perdiendo-, es
grisácea, se está convirtiendo en una zona semidisértica con graves procesos
erosivos, y contaminación ácida por bajo pH”.
La comisión constató además el pésimo
estado de la trocha que conduce de California a las minas, así como el
constante ingreso de camiones con maquinaria pesada - entre ellos trituradoras
y vehículos especialmente diseñados para construir túneles-, así como el estado
de deterioro de minas y socavones abandonados, muchos de ellos con desechos
cianurados que lentamente siguen contaminando las fuentes de agua.
“Mientras el Gobierno distrae nuestras
denuncias en juegos de escritorio, pareciera facilitar el accionar de las
multinacionales mineras, que amparadas en el funesto decreto 2820 de 2010, se
apoderaron de la zona y cual ‘Repúblicas Independientes’ imponen su ley en la
zona, restringiendo el acceso y olvidando que el subsuelo y el recurso hídrico
es de todos los colombianos”, insistió Rodríguez Pinzón.
Erwing Rodríguez Salah, miembro del
movimiento Cívico Conciencia Ciudadana, manifestó su preocupación por todo lo
que le pueda estar pasando al páramo de Santurbán y a la zona de subpáramo y
bosque alto andino, exigiendo que las autoridades ambientales se preocupen
cuanto antes de blindar las cuencas y microcuencas
hidrográficas que proveen al acueducto de Bucaramanga.
Florentino Rodríguez señaló de permisivos con las
mineras tanto a la Cdmb como a la Anla y los Ministerios de Ambiente y Minas,
“en especial a la autoridad ambiental local, a la que se responsabiliza por
negligencia en el cumplimiento de las actividades de monitoreo a las
actividades exploratorias”.
Según el ingeniero civil y doctor en
hidrogeología, Leonardo Donado Garzón, el riesgo de las actividades mineras que
requieren metales pesados bioacumulables como el cianuro y en zonas de alta
sismicidad como esta de la Cordillera Oriental es que los daños en la salud
pública solo se verán con el paso de los años, “cuando las minas estén
clausuradas o en procesos de cierre y ya no haya quien responda ni pague por
esa situación, y las regalías no alcancen para remediar nada”.
Esta visita coincidió con el anuncio de Eco
Oro, según el cual esa empresa se ha visto precisada a efectuar recortes en su
personal o un “retiro voluntario” de sus trabajadores, alegando la no
delimitación de la zona de páramo -que afectaría el 70 por ciento de sus
reservas auríferas de acuerdo con el título minero 3452- y la inminente
declaratoria de Parque Natural por parte de la Cdmb.
De acuerdo con Joao Carrelo, presidente
de Eco Oro, su empresa ha invertido en los últimos quince años más de 200
millones de dólares (unos 340 mil millones de pesos) en adquisición de tierras,
viejas minas explotadas artesanalmente por los habitantes de la región y en la
fase exploratoria, y aparte de llegar a generar unas mil plazas de trabajo -la
mayoría mano de obra no calificada-, su aporte sería vital para el desarrollo
de esta región.
Mientras tanto, el geólogo Fierro
anunció que no se quedará con los brazos cruzados y en las próximas semanas,
porque es un convencido de la obligación del Estado, estará pasando con el peso
de la autoridad por el portón de Eco Oro y los de las otras multinacionales que
por ahora hacen gala de su poderío en estas extensiones protegidas con una
fibra verde que no permite su observación ni a las propias autoridades y menos
a la sociedad civil.
Títulos y más títulos
En los municipios santandereanos de
Vetas y California han sido concedidos 144 títulos mineros, muchos de ellos a
multinacionales mineras.
De acuerdo con la lista conocida por 15,
la empresa Anglo Gold Ashanti Colombia posee 17 títulos mineros, la canadiense
Eco Oro Minerals Corp. (antes Greystar Resources Ltd.) 15 títulos, seguida por
AUX Colombia con 14, Sociedad Minera Calvista Colombia con 12, Galway Resources
Holdco Colombia con 8 y Leyhat Colombia con siete títulos, la mayor parte de
ellos otorgados durante el Gobierno de Álvaro Uribe Vélez.
Anotaciones
La Agencia Nacional de Licencias
Ambientales (Anla), descubrió en marzo pasado que por ejemplo Eco Oro había
realizado hasta ese momento 850 perforaciones de 400 metros de profundidad en
promedio, “cuya ejecución infiere la intervención de un área aproximada de 45 a
50 metros cuadrados por plataforma, además de la conformación de taludes en
promedio de un metro de altura”. Plataforma como la de ‘Los Laches’ está
ubicada a 3.438 metros sobre el nivel del mar.
A sabiendas de que en desarrollo de la
perforación se hace necesario el uso de lodos -especialmente bentonita que
sirve para lubricar la broca-, y que Eco Oro utiliza para ellos piscinas de
sedimentación, los inspectores de Anla encontraron “bolsas de polipropileno
llenas con lodo y material estéril, algunas de ellas en mal estado, permitiendo
el derrame de su contenido”. Piscinas que se encontraban si una cubierta las
aislara de recibir aguas adicionales (lluvia) que pudieran generar rebose y por
lo tanto afectación a la vegetación circundante.
Eco Oro también perforó al menos
dos túneles exploratorios, según el concepto técnico 503 de abril: el llamado
‘Veta de barro’, de 400 metros de longitud y a 3.098 msnm, y ‘La perezosa II’,
a 2.854 msnm y con 2.000 metros de longitud.
Para el caso de AUX, la
Anla halló que en un área intervenida a 2.662 msnm se removió material, parte
del cual “está rodando sin manejo ni control ladera abajo sobre la vertiente de
la quebrada La Baja”, creando el riesgo de un represamiento o la misma
contaminación de las aguas. A 2.826 msnm encontraron una captación de agua de
una corriente natural “sin contar con la concesión correspondiente”.
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