Adolfo Salamanca
Correa (q.e.p.d.), el vicefiscal que puso a temblar al presidente Ernesto Samper por la
financiación de su campaña con dineros calientes
del Cartel de Cali, estuvo en Bucaramanga el 15 de febrero de 2008 pero no para
buscar pruebas que permitan reabrir el Proceso 8.000, sino con el propósito de jalonar
la aplicación de la llamada Ley de Justicia y Paz.
Recuperado del
cáncer que en octubre de 2004 le destruyó la garganta y hablando con esfuerzo
gracias a una prótesis que le implantó un médico holandés, Salamanca Correa
afirmó que hasta el momento en Colombia no hay la primera víctima reparada
materialmente. “La reparación va muy mal; está en ceros”, precisó.
Luego escuchó
con atención a un funcionario judicial que denunció un “vacío escandaloso no
tanto por deficiencia de las leyes, sino por las debilidades en su aplicación,
porque se quiere tapar el sol con las manos”.
Hoy como decano
de Derecho de la Universidad Nacional e invitado por su par de la UNAB,
Salamanca vino acompañado por Álvaro Córdoba, asesor jurídico de la Comisión
Nacional de Reparación, y juntos ahondaron en el tema de la reparación ante
unos 40 estudiantes, profesores, jueces y fiscales que acudieron a la Sala de
Audiencias.
Usted afirma que el proceso de reparación “va muy mal”
y cita el caso de los cinco millones de hectáreas que los paramilitares se
apropiaron a sangre y fuego, de las cuales apenas han devuelto 2.200. ¿Para qué
ha servido la Ley de Justicia y Paz?
Es una realidad
que tenemos que entender, valorar y tratar de cambiar. Justamente por eso todos
estos esfuerzos de tantas entidades de Estado y de tantas personas que de
alguna manera somos sensibles al fenómeno de la justicia para poder modificar
esas condiciones. La idea es que todos los operadores del sistema judicial
hagan conciencia de que sí se puede avanzar, que sí hay mecanismos legales, que
sí hay instrumentos para que todas estas organizaciones delincuenciales no se
apropien de los bienes rurales y urbanos y de los dineros que son propiedad de
todos. Para eso es el proceso de Justicia y Paz.
Además le llama la atención a abogados, jueces y
fiscales en cuanto a que no se hagan los desentendidos y apliquen el mandato de
la ley.
Efectivamente.
La idea es que todos hagamos conciencia de que sí hay posibilidades; otra cosa
es que no se haga el esfuerzo, la indagación y la valoración suficientes para
que se pueda en la realidad reparar a las víctimas no sólo desde el punto de
vista patrimonial sino desde los demás aspectos que la ley contempla.
¿Hasta dónde este asunto está politizado y entonces
atreverse a ir más allá de lo convencional es convertirse en enemigo del
sistema?
No hay duda de
que el tema está politizado e ideologizado, y eso no lo podemos impedir. Pero
lo que nos interesa ahora es el tema propiamente jurídico y judicial, ver la
manera de que estos procesos concluyan adecuadamente, de que en los incidentes
de reparación se logre tantear las pretensiones de las personas que han sido
afectadas y se les restituya de alguna manera no sólo la dignidad sino también
el patrimonio que han perdido; eso es tarea de todos los colombianos. La
justicia le interesa a la sociedad colombiana.
¿Los estudiantes y profesores son conscientes de la
responsabilidad histórica que están llamados a asumir o, por el contrario, tienen
los pies en otro planeta?
Hay un gran
desconocimiento del tema y una gran desmotivación. Y uno entiende, porque son
temas gruesos, duros, penosos, sucios si se quiere, porque son sucias todas
estas acciones que han llevado a la sociedad a este extremo. Nuestra presencia
en la UNAB obedece al interés de motivarlos para que hagan conciencia de que
este es un tema que interesa a los programas curriculares, también a los
juristas en especial y que debe interesar a la juventud porque la construcción
de la institucionalidad y de la civilidad dependen de estos muchachos que están
comenzando a ejercer su profesión.
A un veterano de mil batallas en los estrados, ¿qué
sensación le produce ver que después de una audiencia donde un paramilitar
reconoce la comisión de 100 crímenes, entre otro y admita haber masacrado a 200
o más?
No hay duda de
que este es un episodio muy doloroso de la historia reciente de nuestro país;
por eso la importancia de que se sepa lo que pasó, de que las personas
afectadas puedan acceder al aparato judicial y de que los propios delincuentes
reparen a sus víctimas. Eso es lo que queremos hacerle entender a los
universitarios que no conocen muy bien la historia de Colombia y que son los
responsables que a futuro no se repitan cosas tan terribles y dolorosas como
esas.
Verdad, justicia y reparación. ¿Nos lo podemos creer o
es apenas una ilusión?
Eso hay que
construirlo. La verdad es tratar de saber lo que realmente pasó, y para eso
está el Estado. Que las personas accedan al aparato judicial y se les respete
sus derechos también es una posibilidad. Y, tercero, la reparación porque los
delincuentes son los primeros obligados en reparar y el Estado tiene la
capacidad y los instrumentos para obligarlos a reparar.
¿Aún con “fiscales de bolsillo”, como ha sido
denunciado por los mismos servidores de la justicia?
Se trata de que
cada uno cumpla su papel y la Procuraduría es uno de los organismos que
mayormente están obligados a ser vigilantes y representantes de la sociedad.
¿Tiene alguna presentación que el peor de los asesinos
pague a lo sumo ocho años de cárcel pese a haber cometido crímenes de lesa
humanidad?
Este es un
experimento que nos toca empezar a asimilar por una razón: ante la
imposibilidad del Estado de establecer la verdad, este tipo de procedimientos
especiales que ya están legitimados porque son leyes del Estado avaladas por la
Corte Constitucional, nos toca aceptar que es una realidad que van a pagar muy
poco; pero es preferible que paguen poco a que no paguen nada. Y es preferible
que se sepa la verdad, antes que buscar mayores sanciones, porque de lo
contrario la tragedia se repetirá.
Por la masacre de funcionarios judiciales en La
Rochela (Simacota), cometida hace 19 años por paramilitares en complicidad con
militares y dirigentes políticos, la Corte Interamericana halló responsable al
Estado colombiano y le ordenó además de una retribución económica, una
reparación simbólica consistente en una placa con los nombres de las víctimas y
que se dicte una cátedra para que el país recuerde qué fue lo que ocurrió. ¿Por
qué le cuesta tanto al Estado reconocer ese ‘matrimonio’ entre militares,
autoridades civiles, empresarios, dirigentes políticos y paramilitares?
Eso es lo que se
llama en el lenguaje de hoy la reparación simbólica, y es mucho más trascendente que la sociedad sepa
qué fue lo que realmente pasó y quiénes fueron los responsables, a que se les
indemnice patrimonialmente a las víctimas. Al Estado le cuesta reconocer porque
aún subsisten vínculos entre el Estado y esas organizaciones criminales, y por
eso la dificultad de que se acepten esos nexos y la condena impuesta por las
autoridades judiciales internacionales.
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