Impunidad, el tormento de Virgilio Hernández

Este es el testimonio del hijo de una de las 12 víctimas de la masacre de La Rochela (1989), quien no claudicó en su empeño de esclarecer los hechos y condenar a los responsables. Hoy (2008) instruye a los jueces en Irak y se preocupa para que “este país de desmemoriados” no olvide a las víctimas de la barbarie.

Más de 18 años debió esperar Virgilio Alfonso Hernández Castellanos para verle la cara a la justicia en la masacre de La Rochela, Bajo Simacota (Santander), emboscada en la que murió su padre a manos de paramilitares aliados con integrantes de las Fuerzas Militares, políticos, narcotraficantes y terratenientes.

Por esa razón, impunidad es la palabra que más le inquieta a este abogado egresado de la UNAB, quien ha laborado como director de las Unidades de Derechos Humanos y Anticorrupción de la Fiscalía General, y en la actualidad se desempeña como instructor de los jueces iraquíes que juzgaron al dictador Saddam Hussein y todo su séquito de criminales que arrasaron a niños y ancianos kurdos.

En julio de 2008, Hernández Castellanos aceptó dialogar en exclusiva con el Periódico 15, analizar todo el proceso que llevó a que fuera un tribunal internacional -la Corte Interamericana de Derechos Humanos-, quien en los últimos días esclareciera la verdad y condenara al Estado colombiano por la muerte de su padre, Virgilio Hernández Serrano junto a los otros 11 miembros de la comitiva judicial que cayeron acribillados por la banda de Los Masetos, que por azar dejaron gravemente heridos a otros tres funcionarios.

En los 58 minutos de conversación en su casa ubicada en algún lugar del norte de Bogotá, Virgilio Alfonso mantiene la concentración de un juez y la serenidad de una víctima que no busca revancha, y apenas se acomoda un par de veces en el sillón mientras su mente repasa las imágenes de aquel 18 de enero de 1989, día en el que 40 paramilitares dispararon más de 400 veces sus armas de largo alcance contra unos funcionarios indefensos, que habían sido primero enviados a la “boca del lobo” por un Estado indolente y luego engañados por sus agresores, quienes los remataron como para que nadie más se atreviera a pisar ese “territorio comanche” del Magdalena Medio.

A nombre de su persistencia le tocó irse al exilio primero a Guyana Francesa y luego a Estados Unidos, de donde regresó cuando supo de la muerte de Carlos Castaño y calculó que se habían calmado las aguas, aunque el temor sigue latente. Miedo que no deja asomar cuando su pequeño hijo se acerca a su regazo y le explica que está hablando de su abuelo, un mártir del conflicto armado interno colombiano, un hombre de bien que creía en su país y a él le entregó la vida.

Con el auspicio de Estados Unidos, Hernández Castellanos ha asesorado el fortalecimiento de los sistemas de justicia en  Perú, Bolivia, Ecuador, Guatemala y Honduras, entre otros países, y gracias al respaldo del Departamento de Justicia norteamericano, así como del Banco Mundial y las Naciones Unidas (ONU), ha viajado a Bagdad “para que ninguno de los crímenes de Hussein quede en la impunidad”.

¿Cuál es el principal significado del fallo de la Corte Interamericana?

Por primera vez en la historia judicial de un tribunal internacional sobre los casos de Colombia, las víctimas encontramos que un pronunciamiento va más allá de la simple responsabilidad del Estado, que de hecho ya ha sido aceptada parcialmente, sino que se atreve a hacer una fuerte censura contra los esquemas de justicia utilizados en el caso, mencionando nombres de personas -miembros de la Fuerza Pública- que participaron en los hechos y que durante más de 16 años de investigación nunca fueron ni siquiera llamados a declarar.

Es una crítica muy fuerte contra el Estado colombiano y los sistemas de justicia, que nos pone a reflexionar no sólo a las víctimas, sino que debiera también hacerlo con los jueces, los abogados y todas las personas comprometidas de hoy en adelante, como el Fiscal General de la Nación, en cumplir estrictamente el fallo de la CIDH.

¿Como ser humano, víctima y abogado que ha representado para usted este caso?

Es difícil porque fui funcionario judicial durante muchos años, estuve investigando hechos tan atroces como el de La Rochela y sentí total impotencia de no poder haber nada por la masacre de mi padre, porque por obvias razones no lo podía hacer. Es un sentimiento de tristeza. Lamentablemente en la masacre  en la cual mi padre fue asesinado y de la cual se desprendieron acciones en mi contra, no pude hacer nada para evitar ese manto de impunidad de 18 años.

El Estado admite cierta responsabilidad, ¿pero de ahí a que efectivamente se castigue a los responsables y que se de una reparación, hay mucha distancia?

Los hijos de Virgilio Hernández Serrano esperamos, fundamentalmente, es el compromiso del actual Fiscal General, una vez se conoció el fallo, de activar las investigaciones que se adelantan por este hecho, convocar al proceso a todas las personas independientemente de su rango o su posición para que respondan por los delitos, ya que como dice la Corte, los medios probatorios se encuentran en el proceso y lo que demanda la CIDH es que se evite de una vez por todas la impunidad.

Este es para nosotros el mayor significado: que las personas que estuvieron comprometidas en los hechos y cuyas pruebas afloran en el proceso, sean por fin llevadas a los estrados judiciales.

Este fallo por primera vez llama las cosas por su nombre y habla del maridaje entre militares y paramilitares, lo cual contrasta con que implicados como el general Farouk Yanine Díaz, el coronel Jaime Fajardo Cifuentes y otros oficiales y suboficiales anden tan campantes. ¿Se prevé a corto tiempo que esas les den la cara a las autoridades?

Las autoridades judiciales deben cumplir estrictamente el fallo de una corte internacional, y es deber de los fiscales y jueces no esperar que estas personas se presenten, sino citarlos, permitirles su derecho a la defensa, y seguir adelante con el proceso con el fin de determinar su presunta responsabilidad de acuerdo con las pruebas que obran en el expediente.

¿Es tan peregrina la disculpa del actual fiscal general y de quienes lo precedieron, de que el caso de La Rochela se les pasó por alto? ¿Qué hay detrás para que ningún fiscal general hubiese movido un dedo?

He sido juez y fiscal, estuve en tres administraciones de la Fiscalía, creo conocer la Fiscalía por dentro, y esto me permite decir que si no hay una voluntad política institucional, es difícil que los fiscales con sus esfuerzos y la logística que les proveen puedan sacar adelante un hecho de esta magnitud, y más cuando hay implicadas personas de muy alto nivel jerárquico, como en el caso de La Rochela. Si no hay un compromiso con la sociedad, los fiscales actúan por sí solos, con su sentido común y preparación. En la investigación por esta masacre han participado fiscales preparados e idóneos, pero una masacre de estas no se investiga con la sola voluntad de un fiscal, sino con la voluntad política de toda una institución.

Lamentablemente en las masacres de los jueces no hay presión social ni política y por esa razón van quedando en la impunidad, como de hecho también está sucediendo con la del Palacio de Justicia.

Confío en la buena voluntad del Fiscal General, pero si él no está preparado para hacerle frente a las críticas y presiones que seguramente van a llegar, no sólo de personas que están al margen de la ley sino de quienes hacen parte de las instituciones del Estado, será muy difícil cumplir el fallo de la Corte Interamericana.

¿Qué piensa cuando ve al comandante paramilitar Ramón Isaza, implicado en la masacre de La Rochela, decir que sufre de Alzheimer y saber que no va a ser condenado por este caso por estar amparado en la Ley de Justicia y Paz?

Es lamentable que después de 18 años de impunidad surja una ley que le va a permitir a estas personas salir ilesos de cualquier acción judicial en contra de ellos luego de que las pruebas afloran de su participación criminal en este y en otros muchos hechos, so pretexto de encontrar la paz, mientras que para las víctimas no hubo ningún lugar importante en el momento de la creación y aplicación de esta ley.

Afirmar que militares y paramilitares se ayudaban “a hacer la tarea” es como descubrir que el agua moja. ¿Por qué esta sentencia tiene tanto valor si este era un hecho evidente?

Porque es la primera vez que un organismo internacional de justicia hace aseveraciones tan claras y expresas como las que ha hecho la CIDH, no sólo para referirse expresamente y sin ninguna duda sobre esa simbiosis paramilitares, narcotraficantes y algunos miembros de a Fuerza Pública, creo que ese es el mayor significado del fallo, y en ese sentido se verán enfrentados los fiscales y los jueces. Es una verdad que ya se conocía, pero cuando tiene repercusiones internacionales como en este caso, ya no se puede seguir ocultando el Sol con las manos.

La Corte dice que para la fecha de la masacre ya habían transcurrido varios años desde cuando los grupos de autodefensa se transformaron en paramilitares.

En los años 1965 y 1966, cuando surgieron estos decretos que amparaban grupos de autodefensa, seguramente el propósito no era fomentar la creación de bandas de criminales, como de hecho ocurrió, sino defenderse de la agresión de la guerrilla, pero años más tarde degeneran en grupos de sicarios y asesinos que empiezan a trabajar mancomunadamente con narcotraficantes, y el Estado tuvo que esperar a que ocurriera la masacre de La Rochela para derogar esos decretos.

Sin embargo, el problema no era la existencia de los decretos, sino que el Estado no hiciera nada para evitar la mala utilización de esos decretos. En ningún momento se esperaba que la Fuerza Pública permitiera que los grupos paramilitares campearan por todo el territorio nacional extorsionando, asesinando y cometiendo toda clase de fechorías contra la población civil.

El Reglamento de combate contra guerrillas y el Manual de combate contra guerrilleros o bandoleros, desde esas fechas autorizaban los patrullajes de Ejército y autodefensas. ¿De entrada el Estado fue ingenuo o tenía ese propósito de echarle la mano a la guerra sucia al ver que no podía ganar la batalla?

Efectivamente eso no era nada nuevo y de alguna manera los miembros de la Fuerza Pública que se han visto sometidos a investigaciones por estos hechos siempre se amparan en su manuales internos, sin embargo ningún manual, ningún decreto, ha llegado a autorizar más allá de armar a un civil o irse acompañado de un informante, permitir una connivencia casi absoluta con esos grupos, como ha ocurrido en muchas partes del país.   

Llama la atención que la comitiva judicial llevara apenas tres revólveres, mientras los asesinos portaran fusiles R-15.

Más que eso, el poder de los delincuentes sobre la región y no de los jueces. Quienes tenían el poder, con o sin armas, eran los delincuentes. Tuvieron la ocasión de tomarse todo el tiempo del mundo, cometer la masacre, varias horas para fugarse del lugar. Las Fuerzas Militares de la época acordonaron la zona y no dejaron que nadie se acercara. Por fortuna un periodista de Vanguardia Liberal pudo llegar al lugar y tomar unas fotografías, pero nadie de los familiares de las víctimas pudimos llegar a recoger los cadáveres.

¿Qué debió haber hecho el Estado para evitar la masacre?

En ese momento no existía la Fiscalía General de la Nación, porque el órgano de investigación era la Dirección Nacional de Instrucción Criminal y ésta a su vez tenía unas oficinas seccionales, que para este caso era la Dirección de Bucaramanga. Este director seccional, de apellido Delgado, conociendo el peligro que se cernía sobre la vida de estas personas, por la información que ellos mismos le dieron, debió solicitar un apoyo especial de la Fuerza Pública, claro, si la vida de ellos hubiera ameritado mayor importancia, pero no haber permitido que se desplazaran en carros en pésimo estado y con tres armas cortas para entrar a una zona de amplio dominio paramilitar y de connivencia de la Fuerza Pública que estaba en la zona. Sí pudo haberse evitado la masacre.

¿El país conserva en su memoria la masacre de La Rochela?

La Rochela lo tenemos en la memoria los hijos de las víctimas. Hace unos meses hubo unos actos de desagravio en los que participaron altos funcionarios del Estado, pero son actos protocolarios, y el sentimiento sólo lo tenemos las personas que tuvimos que afrontar la pérdida de nuestros seres queridos.  En esa ocasión se pusieron las fotografías de las víctimas en la Fiscalía, pero hoy están en el cuarto de San Alejo. En últimas, somos los familiares de las víctimas los que tenemos que afrontar el dolor y llevar a cuestas ese lastre de la impunidad. Colombia es un país de desmemoriados.

¿Los 200 mil dólares que ordena pagar la Corte al Estado colombiano, en su caso remedian algo?

En anda. Seguramente hay familias que porque en la fecha en que ocurrieron los hechos eran familias muy jóvenes tuvieron muchas dificultades, y hoy día esos recursos aliviarán alguno de sus tantos problemas, pero la pérdida de nuestros seres queridos para ninguno se va a suplir con ninguna indemnización de carácter material.

¿Usted conserva un sentimiento de venganza?

Yo lo superé hace mucho tiempo. Tal vez el mayor malestar no es contra quienes cometieron la masacre ni contra quienes los financiaron, sino contra un Estado que estuvo impotente durante muchos años, ignorando la masacre y el lastre que llevamos los hijos de las víctimas, de ver la impunidad permanente, de saber que los agresores y quienes participaron con los agresores, seguramente en poco tiempo van a estar en el Congreso de la República o en altos cargos del Estado.

¿Cuál es el recuerdo que usted tiene de ese 18 de enero de 1989 cuando se entera del asesinato de su padre?

Dos días antes, yo fui el último miembro de la familia Hernández que vi a mi padre con vida. Él se encontraba en el Palacio de Justicia de Bucaramanga y estaba con otro funcionario solicitándole al director de Instrucción Criminal de la época que les aplazara la comisión. Ellos tenían serios temores de que algo iba a suceder. Algún juez que no estuvo en esa comisión ya había sido objeto de amenazas. Ellos ya sabían de varios miembros del Ejército involucrados e incluso a mi papá le escuché hablar muchas veces del temor que tenían del general Farouk Yanine, pero no pudieron hacer nada, les ordenaron asumir esa obligación, y los jueces y los secretarios tuvieron que ir. Ese fue el último día y me dejaron un sabor amargo sus palabras y la propia despedida. Dos día más tarde me hicieron una llamada al consultorio jurídico donde estaba haciendo mi práctica de la UNAB y me informaron de la emboscada.

La primer anoticia que circuló en todo el país era que las Farc habían atacado la comisión judicial, y yo fui de las primeras personas que ante los medios de comunicación tuvo que rechazar esa versión porque sabía en conciencia a quiénes ellos iban a investigar y por qué hechos. No porque las Farc no cometiera un delito de esa naturaleza, que los ha cometido y peores, sino porque ese hecho en particular no podía ser cometido por un grupo guerrillero en una zona que para esa época  ya era del dominio de los paramilitares y además porque ellos iban a investigar a grupos paramilitares en connivencia con algunos miembros de la Fuerza Pública y con grupos de narcotraficantes como se supo posteriormente.

¿Cuál ha sido el precio que usted ha tenido que pagar por tanta insistencia para hallar la verdad?

Nunca logré poder actuar para evitar la impunidad en este caso, como hubiera querido, porque antes de hacerlo fui atacado de muchas maneras. Cuando dirigí la Unidad Nacional de Derechos Humanos (1997), a la primera o segunda decisión importante que se tomó estando al frente de ese cargo, empezaron  a llover las críticas en mi contra por parte de miembros de la Fuerza Pública, particularmente del Ejército, por algunos periodistas como Plinio Apuleyo Mendoza, y otras personas, quienes se ensañaron en mi contra manifestando que yo estaba investigando la muerte de mi padre y que yo estaba atacando, como decía Mendoza, ‘a todo el que llevara el honroso uniforme militar’. Esa censura permanente, en particular de ese periodista, llevó a que los grupos paramilitares empezaran a amenazarme y dijeran que yo estaba actuando de una forma vindicativa en contra de los militares. Las amenazas fueron repetidas y serias, tuve que tener unos esquemas de seguridad muy rígidos, lo cual no me permitió tener una vida normal ni a mí ni a mis esposas ni a mis hijos. Este ha sido un peso muy grande que he tenido que afrontar porque sin lograr insistir en que la masacre no quedara impune, como tenía derecho, además tuve que soportar esa actitud de quienes esperaban que no actuara contra los grupos paramilitares por hechos similares a los de La Rochela.

¿En concreto qué amenazas recibió del Ejército?

Institucionalmente no recibí ninguna ni nunca lo pensé así, pero sí de miembros del Ejército y de la Policía, como también de políticos y lamentablemente periodistas.

¿Ha tenido la oportunidad de verse la cara con alguno de los criminales o sus cómplices?

No, y no quisiera hacerlo. Quisiera que ellos se encontraran más bien con los fiscales que tienen a su cargo la investigación y algún día con un juez de la República en el juzgamiento.

¿Qué significado le da a la palabra Justicia?

Es un valor loable, altísimo, de los más importantes. He tenido la oportunidad de practicarlo, con mucho esfuerzo y con el fin de que muchas personas, que como en el caso nuestro han tenido ese sabor amargo de la injusticia le puedan poner fin algún día. Lamentablemente en el caso particular nunca lo hemos visto.

¿Qué sabe usted de los tres sobrevivientes de la masacre?

En realidad, entre nosotros hemos tratado de referirnos poco al caso en estos años por evitar traer a colación el dolor que significó la muerte de nuestros familiares. A uno de los sobrevivientes lo conocí en San José de Costa Rica cuando en enero pasado fue citado a declarar por la Corte.

¿Por qué razón el juez ad hoc, Juan Carlos Esguerra Portocarrero, que representaba a Colombia, le sacó el cuerpo ala audiencia?

En este tipo de casos y particularmente cuando el Estado colombiano no tiene una opción diferente que aceptar la responsabilidad, no hay disputas por ir a declarar.

¿Caso perdido de entrada?

Sí.

¿Por qué el Estado insiste en que se juzgue aisladamente el caso de La Rochela, pero que no se busquen nexos con el paramilitarismo y su nacimiento?

El temor que puedo advertir que tenía el Estado en la referida audiencia de juzgamiento de Costa Rica es que alguna decisión pudiera enervar o afectar la aplicación de la Ley de Justicia y Paz por cuanto algunas personas que participaron en la masacre están siendo beneficiarios de esa ley.

Hay quienes piensan que la víctima es quien murió pero no el huérfano o la viuda, quienes entre otras cosas requieren un tratamiento psicológico. ¿Este es otro acierto del fallo de la CIDH?

El fallo no sólo es explícito en materia de responsabilidades, sino también en cuanto a las indemnizaciones, en particular en los efectos que sobre miembros de las familias de las personas que murieron en los hechos, tuvieron que afrontar. En nuestro caso, mi madre desarrolló una afección nerviosa que la ha tenido sometida a medicamentos desde esa época y será muy difícil superar.

El fallo confirma que prescribieron los procesos disciplinarios y que a raíz de eso ningún funcionario estatal fue sancionado por la masacre. ¿Entonces la Procuraduría General de la Nación no hizo nada?

No, nada. Es lamentable que contando con pruebas tan contundentes como la misma confesión que hizo Alonso de Jesús Baquero Agudelo (alias Vladimir), un organismo de la importancia en el Estado como la Procuraduría no haya tenido oportunidad de haber tomado decisiones de fondo contra los responsables. Aquí también deberían evaluarse las responsabilidades de quienes no actuaron a tiempo.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos indicó que la creación de los grupos paramilitares fue propiciada por el Estado como una herramienta de lucha contrainsurgente al amparo de normas legales que se encontraban vigentes al momento de perpetrarse la masacre de La Rochela. Hay colombianos que piensan que el paramilitarismo es un fenómeno reciente, pero La Rochela es un caso de hace 18 años. ¿Se calculaba en ese momento las pisadas de animal grande que vendrían con el fenómeno del paramilitarismo?

Si se calculaban, se estaban ignorando en el seno del propio Estado y pues ya se cernían amenazas contra los periodistas que se atrevían a hablar de esa simbiosis, pero era un hecho. En el Magdalena Medio las cocinas de los narcotraficantes ya se servían de la protección de los mal llamados grupos de autodefensa, y los hechos empezaron a ocurrir como finalmente pasó con la masacre de La Rochela, pero antes ya habían ocurrido muchos hechos a manos de estas agrupaciones de criminales in que el Estado se hubiera tomado la molestia de indagar por los efectos negativos no sólo de un decreto vigente desde 1965, sino de una relación muy estrecha entre la Fuerza Pública y estos grupos de criminales.

¿Robarse los expedientes que llevaba la comisión era uno de los propósitos de la masacre? ¿Con las herramientas de hoy se habría podido evitar ese crimen al tener que llevar documentos en físico?

A ellos no los mataron para robarse los expedientes. Robárselos pudo haber sido un propósito, pero no el principal. Alonso de Jesús Baquero (Vladimir) en su extensa indagatorias dice que en una reunión a la que asistió un político santandereano y miembros de la Fuerza Pública en Barrancabermeja se tomó la decisión de cometer la masacre como una forma de rechazo a cualquier investigación que se realizara sobre grupos paramilitares, como un mensaje contra cualquier funcionario o juez que se atreviera a adelantar investigaciones contra los paramilitares con el fin de mantenerse ellos blindados de cualquier injerencia de la Rama Judicial sobre sus acciones. Ese fue el propósito de la masacre y Vladimir lo reitera en sus indagatorias, las cuales fueron conocidas en 1996-97-98. Los expedientes se los robaron porque tuvieron la oportunidad de hacerlo, pero lo que querían era generar a los funcionarios judiciales serios temores para evitar que se juzgaran estos sucesos.

De hecho sucedió, porque pasaron 18 años y no se juzgó en forma integral ni el caso de La Rochela, ni el caso de la desaparición de los 19 comerciantes en el Magdalena Medio, que era la razón por la cual los funcionarios judiciales se encontraban en el lugar.

¿El político quién es?

Tiberio Villarreal Ramos.

¿Por qué el nombre del ex congresista liberal aparece citado en la sentencia de la Corte y dice que la Fiscalía profirió resolución inhibitoria?

Vladimir habla de las relaciones estrechas de Villarreal Ramos con los grupos paramilitares y son evidentes las relaciones de éstos con el grupo de El Mexicano (Gonzalo Rodríguez Gacha) y los laboratorios de cocaína que tenían en el Magdalena Medio. Para nosotros también fue una sorpresa aunque años más tarde conocimos todos de sus implicaciones con un narcotraficante de Cali, luego ya se van entendiendo las razones de su presunta participación.

Una fiscal, de pronto que no entendió la indagatoria de Vladimir, se aventuró a dictar una resolución inhibitoria a favor de Tiberio Villarreal, y como ex funcionario judicial y como abogado respeto esa decisión pero no la comparto, porque si la fiscal la hubiera leído con mayor detenimiento hubiera arrojado una decisión contraria. Por fortuna, los delitos de lesa humanidad deben valorarse integralmente con todos los medios probatorios que se cuenta, máxime cuando hay un fallo de la justicia internacional. Una nueva revisión de las pruebas que están en el expediente, deberían conducir a una decisión distinta.

Para fortuna de las víctimas y de los funcionarios responsables, esa decisión no hace tránsito a cosa juzgada de manera forzosa, así que una nueva valoración incluyendo los nuevos medios probatorios debe ameritar una decisión de fondo mucho más responsable.

¿Qué ha sentido al encender el televisor y ver a Villarreal Ramos como conductor de un programa de televisión -“Poker de Ases”- en un canal local de Bucaramanga?

Vergüenza, malestar profundo, desazón.

Usted le cuenta a un colega suyo o ante la Corte, que masacran a 12 personas, que los batallones están a 20 minutos del lugar y que las Fuerzas Militares ni se inmutan, ¿eso es comprensible para una persona cuerda?

El sólo sentido común es suficiente para tener una respuesta. Con sentido común se entiende qué sucedió allí, por qué estos criminales pudieron actuar con toda la tranquilidad del mundo, a sabiendas de que nada les iba a suceder y se evidencia que las cosas sucedieron como ellos las planearon.

A pesar de justicias blandengues como la colombiana, ¿estos crímenes prescriben?

Nunca y está claro en la jurisprudencia internacional que los delitos de lesa humanidad no prescriben precisamente por el daño a la Humanidad que se hace cuando se comete una masacre de esta naturaleza.

¿Qué fue lo más grave que ocurrió con la masacre de La Rochela?

La impunidad. Cuando uno ejerce una actividad peligrosa sabe que en cualquier momento puede estar sujeto a una acción de los delincuentes. Es una actividad peligrosa ser juez o fiscal y uno sabe que en cualquier momento le pueden hacer un atentado, pero lo más grave es que ocurra y pasen 18 años con la pruebas en la mano y no ocurra nada. Esa impunidad la hemos tenido que soportar los familiares durante todos estos años.

¿Cuántos casos de esta magnitud han corrido la misma suerte?

Es lamentable, pero mucho, muchísimos. En el Magdalena Medio ese mismo grupo paramilitar liderado por Acdegam, que en algún momento quiso hacer un partido político que se iba a llamar Morena, con la ayuda de algunos comandantes de la Fuerza Pública en la zona, cometió muchas masacres. En las indagatorias de Vladimir se mencionan más de 600 muertos en circunstancias similares a las de La Rochela.

Con este proceso de Justicia y Paz, que es la oportunidad para que de una vez por todas se conozca la verdad real de los hechos, la estamos perdiendo.

 

 

Criado en Vélez y San Gil por su padre -asesinado en la masacre de La Rochela-, Virgilio Alfonso Hernández Castellanos estudió Derecho en la UNAB y cuando estaba terminando sus estudios universitarios se enteró del crimen y se prometió no descansar hasta que se hiciera justicia. Hoy, 18 años (2008) después de los hechos, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha hallado responsable al Estado colombiano.

 

 

Virgilio Alfonso Hernández Castellanos no le dio tregua a guerrilleros, paramilitares, narcotraficantes y corruptos, que por igual lo han declarado su objetivo y con sus amenazas le han obligado al exilio. Cuando trabajó en la Fiscalía General, tuvo entre sus manos sonados casos como el del asesinato de los dos investigadores del Cinep, la masacre de 49 personas en Mapiripán (Meta), la captura del zar de las esmeraldas Víctor Carranza, el magnicidio de Álvaro Gómez Hurtado, el atentado en Machuca (Antioquia ) que dejó 84 muertos y los crímenes de la banda de La Terraza en Medellín y de “paras” y guerrilla en el Catatumbo (Norte de Santander).