La (in)creíble y triste historia del abogado Ballesteros Prieto

El mosaico de santandereanos ‘ilustres’ en líos con la justicia, condenados o expresidiarios, conformado por Eduardo Mestre Sarmiento, Rodolfo González García, Tiberio Villarreal Ramos, Rafael Serrano Prada, Yidis Medina, Iván Díaz Mateus, Alirio Villamizar Afanador, Carlos Higuera Escalante, José Manuel Herrera, Óscar Josué Reyes Cárdenas, Alfonso Riaño Castillo, Hugo Heliodoro Aguilar Naranjo y Luis Alberto Gil Castillo, entre otros, tiene una nueva cara.

La del abogado Ramón Ballesteros Prieto, capturado el 15 de febrero de 2011 en plena audiencia en la Corte Suprema de Justicia y quien horas más tarde reconoció ser responsable del delito de soborno al testigo, ex subteniente del Ejército de Colombia y ex paramilitar del Bloque Central Bolívar, el bumangués David Hernández López, alias ‘Diego Rivera’, a quien le ofreció 100.000 dólares para retractarse, beneficiar a su defendido y de paso ‘hundir’ al magistrado estrella de la Parapolítica, Iván Velásquez.

Ballesteros Prieto, íntimo amigo de Horacio Serpa Uribe y de Mario Camacho Prada, en la noche se allanó a los cargos dada la contundencia del video grabado por agentes de la DEA en el restaurante Harris del aeropuerto Dulles, de Washington, aunque al salir esposado y custodiado por agentes de la Dijin, declaró: “Iba a denunciar primero a este señor. Iba a denunciar una extorsión que nos hizo. Yo tengo todos los mail. Estuve en Washington tratando de hablar con el Departamento de Justicia, ellos tienen mis mail. Me reuní con dos señores de la DEA en Colombia para anunciar mi viaje a Nueva York. El señor se perdió. Todo eso se va a aclarar. Con toda la seguridad de que va a ser así”.

Alias ‘Diego Rivera’, por el contrario, se ratificó ante la Corte Suprema en que un grupo de políticos santandereanos conformado por Luis Alberto Gil, Alfonso Riaño y Óscar Josué Reyes, se reunieron en en 2006 en el hotel Chicamocha, de Bucaramanga, con él y otros paramilitares de alias ‘Tarazá’ y ‘Alfonso’, enviados por sus jefes alias ‘Julián Bolívar’ y ‘Macaco’, quienes les enviaron mil millones de pesos a los candidatos para resultar elegidos. ‘Rivera’, según verdadabierta.com, le dijo también a la Corte que “Luis Alberto Gil y el ex gobernador de Santander Hugo Heliodoro Aguilar Naranjo -destituido e inhabilitado 20 años por la Procuraduría para ejercer cargos públicos-, tuvieron vínculos con ‘Julián Bolívar’”.

La detención y traslado de Ballesteros Prieto a la cárcel de La Picota en Bogotá provocó el desconcierto en sus allegados, pero también cierta alegría en filas uribistas que de esta manera le cobraban su defensa de la ex congresista Yidis Medina.

Ballesteros Prieto, ‘adicto al Face’ y admirador del Grupo Tekunbé, de Barack Obama y de la película ‘The Godfather’ (El Padrino),  según escribió en su contacto, venía desempeñándose como el defensor del ex senador Luis Alberto Gil Castillo, ex guerrillero del M-19 entrenado en Libia y Argelia y fundador del movimiento político Convergencia Ciudadana (hoy Partido de Integración Nacional, PIN), detenido desde diciembre de 2008 en la cárcel de La Picota y procesado dentro de la investigación por el escándalo de la ‘Parapolítica’.

Su afición por ‘El Padrino’ lo llevó a que en una entrevista que le concedió a El Frente el 20 de noviembre de 2010 y en la que se refirió entre otros temas a la penetración de las mafias, Ballesteros reflexionara: “Es muy importante repasar el libro de Mario Puzo, cuando Vito Corleone evitaba que su organización entrara a la política, financiaba a los políticos pero él no se metía en la política. Ahora sucede exactamente lo mismo, esas bandas criminales entraron, que pudo haber sido las organizaciones del narcotráfico, de grupos armados ilegales, por la vía de la economía primero y luego se quieren meter a la actividad política”.

Ante este nuevo escándalo los medios de comunicación han sido implacables con el ex codirector del Partido Liberal. El hoy periodista y ex presidente de la República, Francisco Santos, afirmó: “Ramón Ballesteros, subió como palma y cayó como coco. Y cayó de una manera que es una novela increíble, una novela impresionante”.

La periodista Dora Montero, en verdadabierta.com, realizó un perfil titulado “El abogado Ballesteros: político frustrado, defensor de causas difíciles, delincuente”, en el que señaló que: “Era visto por algunas personas que trabajaron con él como una persona ambiciosa pero lejana de maniobras dilatorias, sobornos o manipulación de procesos”.

El senador uribista Roy Leonardo Barreras dijo en Hora 20 de Caracol Radio: “Me alegra que haya unos altos jueces capaces de develar una trampa a la justicia que pervierte el sistema entero. El hecho de que un abogado, que se supone que es un profesional del Derecho y que en los estrados pretende que se haga justicia, termine convertido en autor de un delito y cómplice de los delitos que pretende defender, pues deja a la sociedad perpleja… Me produce una sensación de alivio que la Corte Suprema haya ejercido la autoridad con esa firmeza”.

Uno de las pocas voces que salieron a defender en público a Ballesteros fue la del político conservador Rafael Serrano Prada, quien en su editorial del periódico El Frente, exaltó “el comportamiento ético de un hombre pulcro, que siempre se había distinguido por el vigor intelectual en sus conceptos y por su recia personalidad como jurista”.

Según Serrano Prada: “No se puede juzgar a priori, pero un montaje perverso del servicio de inteligencia de los Estados Unidos para envolverlo en un intento de fraude procesa, que destruye todo el trabajo realizado pacientemente por el buró profesional de Ballesteros para demostrar que los dirigentes políticos de Convergencia Ciudadana solamente actuaron frente al fenómeno paramilitar para defenderse de sus amenazas, en una época en que el departamento de Santander estaba bajo control de grupos armados ilegales”.

Dejando un interrogante en el aire que sólo Ballesteros -a quien Serrano Prada ha tenido “siempre en un enorme pedestal”- o sus defendidos podrán responder desde su celda en La Picota: ¿Qué necesidad tenía el doctor Ballesteros de reclutar un testigo en los Estados Unidos para la defensa de los parlamentarios santandereanos vinculados a las investigaciones por paramilitarismo?

Así como la Cándida Eréndira de Gabriel García Márquez, le atribuiría todos sus males a la abuela desalmada, el ex columnista de Vanguardia Liberal  podría achacarle su desgracia a la ambición desmedida, a las ‘malas amistades’ y al no haber puesto suficiente atención en las clases de Deontología.

Este es el epílogo de un santandereano que desde sus años de estudiante mostró sus ganas de ascender, se ganó el diminutivo de ‘Ramoncito’, se incorporó a las huestes del Frente de Izquierda Liberal Auténtico, Fila, fue concejal de Bucaramanga y llegó a ser secretario general del Ministerio de Gobierno, para después intentar convertirse en senador con el lema: “un candidato con altura”.

Un hombre de mediana estatura que presumía de su amistad con el ex fiscal general Mario Iguarán Arana, y cuya más reciente figuración en la política fue como tesorero de la campaña del precandidato presidencial liberal Alfonso Gómez Méndez.

Un abogado cotizado y a la vez seducido por su figuración en periódicos y revistas que según un sarcasmo de críticos y colegas: “Se graduó de penalista el día que asumió la defensa de Yidis Medina”, aunque ya había defendido a la manejadora de mujeres ‘prepago’ Madame Rochy, cuando fue demandada por la modelo Natalia París, y también había sido el apoderado de Nicolás Castro, el estudiante acusado de amenazar a Tomás Uribe, uno de los hijos del ex presidente Álvaro Uribe Vélez.

Un jurista que repetía: “El tema es hacer una justicia transparente, honesta, de acuerdo a las circunstancias de las normas vigentes por el momento de los hechos y de acuerdo a la actividad probatoria”, y concluía: “Colombia quedará tranquila cuando se conozca la verdad de las cosas”.

Ya El Tiempo contempló la posibilidad de que Ballesteros Prieto sea pedido en extradición por Estados Unidos debido a que el delito de ‘obstrucción a la justicia’ fue cometido en territorio de ese país.

Expertos consultados precisaron que la Fiscalía le imputó el delito de soborno en actuación penal, el cual, conforme a la Ley 890 de 2004, tiene señalada una pena mínima de cuatro años de prisión y máxima de ocho años. Como el imputado aceptó los cargos, un Juez Penal del Circuito de Conocimiento debe dictar la sentencia condenatoria. Por la aceptación de cargos en la audiencia de imputación, el sindicado tiene derecho a la rebaja de hasta en un cincuenta por ciento de la pena. En consecuencia, si el Juez partiera de los mínimos de punibilidad  y rebajara ese mínimo en la mitad, la pena definitiva que se le impondría al procesado sería de dos años de prisión. No obstante, es posible que no se trabaje con los mínimos de punibilidad ni con la rebaja, y entonces la pena podría verse incrementada a tres o cuatro años de prisión. “Todo depende de los criterios de punibilidad que utilice el Juez de conocimiento”, aclararon. Los detalles conocidos del accionar de la Fiscalía y del Juez de control de garantías, les permiten a los expertos anticipar que seguramente para cuando se dicte la condena, el sindicado no tendría derecho a la condena condicional (excarcelación) ni a la prisión domiciliaria, particularmente por aspectos tales como la naturaleza del hecho, la gravedad de la conducta,  la condición de abogado del sindicado, amplio conocedor de la ley y de las prohibiciones legales, el escenario donde se produce el soborno, o sea, al interior de un proceso penal adelantado por la Corte Suprema de Justicia, máxima instancia judicial, y el escenario mismo de la investigación de la Parapolítica, de connotación pública.