El Consejo
Comunitario Mayor de la Asociación Campesina Integral del Atrato (Cocomacia) es
considerado por la investigadora de la UNAB, Esperanza Hernández Delgado, como
un referente obligatorio de procesos organizativos de comunidades negras y
titulación colectiva de territorios ancestrales. Otros expertos lo catalogan
como uno de los sobresalientes ejemplos cotidianos de la construcción de la paz
en Colombia. Su representante, Imer Perea Palma, fue uno de los invitados al
taller nacional ‘Mediaciones e intermediaciones en el conflicto armado
colombiano”.
“Llevamos 29 años
luchando intensamente por la defensa de nuestro territorio, los recursos
naturales y los derechos humanos”, afirma Perea Palma, al tiempo que explica
que su organización abarca 124 consejos comunitarios locales y comprende cinco
municipios (El Carmen del Darién, Bojayá, Medio Atrato, Quibdó y Atrato) en el
departamento del Chocó y tres en Antioquia (Murindó -a más de ocho horas en
lancha de Quibdó-, Vigía del Fuerte y Urrao). Son 7.000 familias (45 mil
habitantes), poseedoras de 800 mil hectáreas tituladas colectivamente.
Una región
apetecida por sus abundantes recursos naturales y en la que se dan cita todos
los actores armados, así como empresas multinacionales en busca de minerales y
madera.
El precio que han
tenido que pagar por la subsistencia de la organización y de sus integrantes ha
sido bastante elevado. “Ha sido una lucha bastante intensa y hemos puesto más
de 500 muertos por el conflicto que se vive en el Medio Atrato”, dice, y
subraya el apoyo de la cooperación internacional para que la comunidad no tenga
que desplazarse y en consecuencia perder su territorio.
El mismo Imer
perdió a uno de sus 12 hermanos (Elmer), quien fue blanco de los rumores de un vecino y fusilado por el Frente 34 de las
Farc. En su mente también está el recuerdo imborrable de la masacre de Bojayá
(2 de mayo de 2002) “cuando murieron 119 personas -entre ellos 45 niños- y resultaron
heridas otras 80 que no tenían nada que ver con el conflicto armado”. Ese día,
el Frente 58 de las Farc lanzó cilindros-bomba contra la iglesia del pueblo, en
el marco de la disputa que sostenían por el control territorial con los
miembros de las Auc que se habían escondido en el casco urbano utilizando como
escudos a los civiles.
“Se dice que hay
que perdonar, pero ante una situación como la masacre de Bojayá la gente que
perdió sus familiares es como bastante duro, pero esperamos el perdón y la reconciliación”,
reflexiona. En su opinión, a pesar de las iniciativas de paz, la situación de
orden público continúa alterada y “seguiremos poniendo muertos”.
Ellos se mueven
entre unos paramilitares relativamente ocultos, un Ejército que viene y va con
sus helicópteros, y unas Farc más visibles, “pero afortunadamente los actores
armados de una u otra forma han reconocido el trabajo que hacemos por la
comunidad”, afirma.
Imer Perea es un cultivador
de maíz, plátano y ñame al rayo del sol, un tipo de carácter recio que dice:
“en el momento en que vamos a entrar a nuestro territorio no le pedimos permiso
a nadie. Si de pronto encontramos algún actor armado y nos busca para dialogar,
pues lo hacemos y aclaramos las dudas que tengan. Debe saber que somos neutrales
en el conflicto”.
En la zona donde
habita Imer con su familia (esposa y cuatro hijos) ya fueron adjudicados 154
títulos mineros y están en trámite al menos otros 200. “Como organización vamos
a tener que emprender ya algunas acciones frente a todas las concesiones que se
están otorgando”.
Anglo America y La
Quedada son dos de las principales empresas que están detrás del oro en esa
región. Perea Palma considera que “el oro es hoy una bendición porque en cuanto
a la situación económica de nuestros habitantes en parte mejora su calidad de
vida; pero también es una maldición porque cuando la gente se dedica a una sola
actividad y descuida las otras, creemos que es muy grave. Cuando la gente ha
vivido de la agricultura y se dedica a la minería, cuando la minería se acabe
la gente lo que tiende es a desplazarse del territorio porque no tiene otra
opción y no saber otro trabajo”.
Otro componente del
problema minero es la presencia indiscriminada de dragas y retroexcavadoras,
que también ocasionan un fuerte impacto ambiental. Un reflejo es que las
ciénagas se han sedimentado por la minería y el pescado desapareció. El agua
también ha resultado contaminada, pero la organización Cocomacia ha logrado
hacerle tomar conciencia de no utilizar tanta cantidad de elementos químicos ni
verterlos a los afluentes.
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