'Justicia y Paz' a los ojos de su guardián Luis González

Al frente de un equipo de 1.080 sabuesos de la Fiscalía General de la Nación, Luis González  León explica los alcances y logros de la Ley 975. También habla de todo lo que falta por escarbar  de la ‘Parapolítica’ en Santander y de los ‘falsos positivos’.

 

 

Luis González León no olvida aquel 23 de diciembre de 1989 cuando recibió el diploma de abogado en la Universidad Autónoma de Bucaramanga (UNAB) y que su primer cargo fue el de inspector de Policía en Malpaso, donde empezó a enterarse de la cruda realidad de este país en el que hay gente que se acuesta sin probar bocado y “donde hay mamás que toleran que a sus hijos los violen porque el papá es el que trae lo del diario”.

 

Allí aprendió que lo que vale en la vida es escuchar y tomar decisiones, no por toda la cantidad de normas que se esbozan en un aula, sino por principios tan simples como “darle a cada quien lo que le corresponde. Ser justos”.

 

El jefe de la Unidad Nacional de Justicia y Paz de la Fiscalía General, accedió en febrero de 2009 a hablarme sobre la Ley 975 de 2005, más conocida como Ley de Justicia y Paz, de cuya aplicación él es el encargado.

 

“Esta es una Ley que marcó la diferencia no sólo en Colombia sino en el mundo para solucionar los conflictos, porque antes de ella en Centroamérica o Suráfrica -por ejemplo- a los perpetradores de crímenes de lesa humanidad les dijeron que contaran los hechos que cometieron y les dieron el perdón y el indulto. Pero eso hoy día no lo permite la comunidad internacional. La primera ley que no perdona a estos criminales es la 975 de Colombia”.

 

Haciendo un repaso de lo acontecido en el mundo, pero también en Colombia mismo con procesos como el que se dio con el movimiento guerrillero M-19 -que concluyó con su desmovilización-, González León enfatizó que con la Ley 975 no se perdonan crímenes, y los responsables deben pagar cárcel, entregar todos sus bienes y contar toda la verdad “para que tengan derecho a que por esa verdad se les dé una pena disminuida por los crímenes cometidos”.

 

Esta es la entrevista exclusiva con este abogado experto en criminología y oriundo de San Vicente de Chucurí (Santander) quien, sin pestañear, afirma: “La pasividad de nuestra sociedad al no reaccionar a tiempo puede permitir hacia el futuro o que se acaben los grupos armados ilegales o que crezcan. Y lo que hizo en el pasado la pasividad fue que crecieran y que le diéramos la espalda a la realidad cuando todos sabíamos lo que estaba pasando”.

 

¿Cuál era la situación al momento de atreverse a expedir la Ley de Justicia y Paz que buscaba la desmovilización y entrega de las organizaciones armadas ilegales?

 

En 2005 no existía más que la Ley 182 por la cual un miembro de un grupo armado al margen de la ley que se entregara se le perdonaba, si era de la subversión la rebelión y si era de los paramilitares el concierto para delinquir.

 

¿Qué pasaba con los demás delitos?

 

Les tocaba enfrentarse a esos procesos y que se les aplicara la pena que correspondía en la legislación vigente al momento en que cometió el hecho. Entonces había casos como el del secuestro del obispo de Zipaquirá, en el que uno de los secuestradores de las Farc se escapó, avisó al Gaula y lo rescataron. A ese guerrillero le perdonaron la rebelión, pero no le podían perdonar el secuestro y por eso lo condenaron a cuarenta años de prisión.

 

¿Por esa razón se terminó confluyendo en la Ley 975 para darles beneficios a los ilegales y así alentar su desmovilización?

 

Claro, porque de qué otra manera una persona en esa condición va a dejar su grupo para reincorporarse a la sociedad si lo que lo espera es la condena por los delitos que ha cometido. Entonces lo que hace la Ley 975 es mejorar las condiciones de la desmovilización individual o colectivamente para lograr la paz, con la condición de que siempre se respeten los derechos de las víctimas a la verdad, justicia y reparación.

 

Esta Ley no se les aplica a todos los autores de un hecho, sino sólo a quien quiera que se le aplique la ley (persecución rogada), y esa es una enorme diferencia que hay con el Derecho Penal normal porque la mayoría de los delitos son de persecución oficiosa y todos los delitos graves (secuestro, reclutamiento de menores, desplazamiento forzado, extorsión y genocidio, por ejemplo) son de persecución oficiosa.

 

¿Cómo les garantizan los derechos a las víctimas?

 

En Ley 600 el fiscal se encerraba en un cuarto, con el defensor y el perpetrador, sin que nadie más interviniera. La víctima no aparecía para nada y hasta la sentencia estaba ausente en el proceso. Sólo hasta 2002 se dijo que las víctimas en el proceso penal no sólo tenían un interés económico patrimonial sino también el interés de la verdad y la justicia.

 

Con la Ley 975 en un escenario está rindiendo versión libre el perpetrador, y en otro escenario -por teleconferencia en tiempo real- están las víctimas observando lo que pasa, interrogando, haciendo valer sus derechos.

 

Con Justicia y Paz los fiscales no se quedaron en los escritorios esperando a que las víctimas les vinieran a contar los hechos, sino que salimos a buscarlas y a la fecha hemos ido a 160 municipios. En esa tarea vamos acompañados por la Defensoría del Pueblo, las personerías y la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación, y ya hemos recibido 187.000 víctimas que nos están contando cómo fueron violentadas por los miembros de los grupos armados.

 

En este momento tenemos más de 400.000 hechos que creemos que fueron cometidos por grupos al margen de la ley.

 

¿Qué puede hacer una víctima que está en una vereda de El Playón para saber que su perpetrador se acogió a la Ley de Justicia y Paz?

 

Esa información está en la página de Internet de la Fiscalía, así como en la radio, la televisión y la prensa con edictos emplazatorios con la foto, los alias y el nombre del perpetrador, para que las víctimas los puedan reconocer. Premiamos el derecho de las víctimas a saber sobre el derecho de los criminales a su buen nombre.

 

También vamos con megáfono en mano y por pueblos y veredas avisando que estamos en versiones libres para que asistan a unas salas especialmente acondicionadas, vean, nos digan quién de ellos los afectó y nos ayuden a saber qué hizo cada uno de los que está rindiendo versión libre.

 

Al día de hoy en nuestras diligencias de versión libre se han presentado 35.000 víctimas y han intervenido. Con orgullo decimos que eso no había pasado en este país nunca. Nuestra ley ha sido para las víctimas, así nos digan que ha sido para los perpetradores.

 

Van 19.800 hechos confesados, la mayoría de ellos -el 87 por ciento- estaban en la etapa primaria que se llama indagación donde estaban con inhibitorio, estaban en la impunidad.

 

Hemos sacado 1.870 restos humanos de las fosas que hemos encontrado por información de los perpetradores y de las víctimas. Por ADN hemos identificado 526 cadáveres y los hemos devuelto a sus familias. En nuestros laboratorios tenemos 500 cadáveres esperando los resultados de ADN y tenemos más de 4.000 fosas comunes para ir a exhumar y a ver si encontramos los restos de otros seres humanos que están desaparecidos.

 

Toda la Ley 975 es para las víctimas y en primer lugar para los desaparecidos. Cuando llegamos al Putumayo había 19 casos de desaparecidos denunciados; hoy día pasamos los 1.100 casos de desaparecidos en ese departamento desde que empezamos a ir porque la gente ha empezado a contar lo que ha pasado y a señalarnos dónde están las fosas. Al punto que ya hemos recuperado 292 cadáveres en el Putumayo.

 

Sólo durante el último año y medio la Fiscalía ha recibido más de 17.000 denuncias de personas que fueron desaparecidas, principalmente por los grupos de autodefensa, siendo los departamentos de Antioquia, Putumayo, Magdalena, Arauca y Casanare los departamentos con mayor número de casos reportados.

 

La realidad de la barbaridad que han cometido los grupos armados al margen de la ley en Colombia muchos la saben pero todos la queremos omitir. La sociedad es pasiva, lenta y cómplice con su silencio, permitiendo que estos monstruos crecieran y llegaran hasta donde llegaran. Y no es un patrimonio exclusivo de uno de los grupos armados, sino de todos, que tienen el mismo actuar: desaparecen, hacen las mismas masacres, extorsionan, secuestran… todos tienen el mismo modus operandi. Todos somos culpables en este país por lo que nos ha pasado, y lo peor aún: todos podemos ser culpables por lo que nos puede volver a pasar, porque ahí están las llamadas ‘Águilas Negras’ y el renacer de otros grupos que si nos descuidamos pueden crecer y ser peores que los que se están extinguiendo. Y ahí siguen las Farc y el ELN.    

 

¿Está tan convencido de las bondades de la Ley de Justicia y Paz como para meter por ella las manos a la candela?

 

Ésta es una ley que tiene muchas bondades, como usted lo dice, pero no depende solamente de la ley, sino también de los perpetradores porque aquí la verdad la dan ellos. A nosotros nos corresponde una labor enorme, que es establecer si dijeron la verdad.

 

Pero independientemente del final de esta ley, los resultados que ella ha dado no los hubiese dado la justicia normal de este país en muchas décadas. Me refiero a que haber recuperado al día de hoy dos mil cadáveres y haber ya identificado quinientos y entregado a sus familias; estar a punto en los laboratorios de identificar a otros quinientos; tener más de  cuatro mil para ir a recuperar; haber esclarecido más de diecinueve mil hechos que estamos dando el debate de la verdad… eso era imposible creer. Entonces sólo lo que ha dado la ley hasta el momento ya por sí solo son ganancias.

 

No permitamos que hacia el futuro haya una ley menos fuerte que la Ley 975 y debemos unirnos todos para que no se les perdonen los delitos de lesa humanidad a sus perpetradores. Tenemos que ser implacables con los violadores de los derechos humanos y en el futuro ser más fuertes en las penas que se apliquen para la solución de conflictos. Que aquí no pase lo que pasó con el M-19, con el Quintín Lame y con todos los grupos con los que hubo perdón y olvido. De aquí en adelante en cualquier proceso de negociación con los grupos armados debe haber responsabilidad penal y patrimonial para tratar de que no se siga repitiendo en Colombia lo que nos sucedió en el pasado.

 

No queremos ver, como lo vi en Bosnia, un cementerio con 50 ó 60 miembros de la misma familia enterrados uno tras de otro, y que esos sean interpretados como actos de no repetición en la sociedad. Lo que queremos es a nuestras familias vivas, disfrutando, pudiendo cada uno desarrollarse.

 

¿Cómo puede explicar que la Ley de Justicia y Paz contemple nada más que ocho años de prisión para el más criminal de los paramilitares? ¿Cómo entender que las penas son más severas para alguien que se roba una gallina que para una ‘hiena’ que reconoce haber matado a 2.000 ó 3.000 personas?

 

Esta es una pregunta que todos están en la lógica de hacerse y de rechazar. Es una apreciación normal que a cualquier ciudadano le produce rechazo. Pero primero un país como Colombia debe reconocer que tiene un estado de anormalidad, que tiene que mantener una legislación fuerte para unos delitos y que no puede ceder en todos los delitos. Porque si empezamos a ceder en los ‘delitos normales’ cometidos por aquel delincuente ocasional y  empezamos a rebajar todas las penas pues nos vamos a un abismo.

 

Aquí lo que debemos entender es que hay unos grupos armados al margen de la ley que el país no estaba en capacidad de derrotar, de someterlos y que nos producían todos los días víctimas y destrucción a la institucionalidad, tanto Farc y ELN como las autodefensas, y que el Estado se la jugó e hizo esta Ley con el Congreso de la República. De nosotros depende impedir que vuelvan a rearmarse otros grupos para volver a hacer lo mismo, y si logramos que no lo hagan los beneficios estarán ahí. Han bajado los homicidios, cada día hay más libertades, más denuncias y más testigos en los procesos. Esperemos que en las próximas elecciones haya más libertad y que cada uno vote a conciencia, porque de eso depende que cada uno tenga libertad de escoger a sus representantes.

 

Si logramos eso, la Ley sirvió; si no lo logramos y esto vuelve a ser otra repetición del pasado, fracasó la Ley y fracasó todo el que le apostó a una solución política al conflicto armado interno.

 

¿Le preocupa que la Corte Penal Internacional (CPI) venga a pasar revista a Colombia y ponga el dedo en la llaga?

 

Hemos tenido varias reuniones con fiscales y magistrados de la CPI, y con su presidente Luis Moreno Ocampo. Todos concluyen que nuestra ley se ajusta a los estándares, que si hacemos bien el trabajo y que si hay verdad, justicia y reparación no tenemos por qué tener ningún temor.

 

Recordemos que los hechos sobre los que tiene competencia la CPI son de noviembre de 2002 hacia delante; hacia atrás no. Esto quiere decir que si hacemos una investigación seria y responsable y hay las condenas no creo que vayamos a tener ningún problema; si no lo hacemos vamos a tener todos los problemas. En últimas, si hacemos el trabajo mal las consecuencias deben pagarse, y si debe entrar la Corte Penal Internacional a conocer los hechos que investigamos mal después de noviembre de 2002, pues que entre. Porque lo que no debe quedar es impune un delito ni un perpetrador que no reciba lo que deba recibir de acuerdo a la normatividad que exista en nuestro país.

 

Estoy confiado en que lo que estamos haciendo ha sido siguiendo los lineamientos que nos han dicho la CPI, nuestra Corte Constitucional, así como la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia. Creo que podemos algún día llegar a esas sentencias y si llegamos no vamos a tener problemas con la CPI.

 

¿La cabe en la cabeza que sean los mismos militares quienes violen la ley y estén involucrados en casos aberrantes como los de los llamados ‘falsos positivos’?

 

Los ‘falsos positivos’ y las agresiones de ciertos miembros de la Fuerza Pública no son algo exclusivo del presente. Esta situación la conozco desde cuando empecé en la Procuraduría en 1991 y tristemente son prácticas aisladas que a veces parece que no lo fueran, pero esperemos que en este despertar de la Fiscalía, de la sociedad y de la institucionalidad logren crear una política de la no repetición en las autoridades de estos atropellos que no tienen razón de ser de los ‘falsos positivos’.

 

¿La impunidad sigue campeando en Colombia o hasta cuándo reinó?

 

La impunidad sigue en Colombia y faltará muchísimo para que sea derrotada.

 

La Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación, Cnrr, dijo la semana anterior que no son suficientes los bienes que han entregado los paramilitares. ¿Qué les responde?

 

A la Cnrr le falta hacer mucho por este país. Esta Comisión no ha tenido el protagonismo que esperábamos todos.

 

Y sobre los bienes, claro que quisiéramos que se entregaran muchos más bienes para las víctimas; el problema es que todos tenemos que ayudar. Todos podemos saber que algún vecino puede estar involucrado en algo ilícito, pero eso es un tema de la sociedad, que debe despertar y entre todos denunciar dónde están los bienes. Es un trabajo enorme y no es nada fácil encontrar los bienes.

 

La ley nos manda primero a que ellos ofrecen voluntariamente unos bienes. Hasta ahora han ofrecido alrededor de unos 300 bienes inmuebles. No es fácil recibir esa cantidad de bienes para valorarlos y cuantificarlos porque la mayoría son rurales. Peor la Fiscalía no se ha quedado ahí y ha hecho todo un trabajo de seguimiento y de escuchar a las víctimas, a los informantes y a los mismos desmovilizados, de quienes nos ha llegado información de más bienes de los grupos armados al margen de la ley. Esa información la estamos trabajando con la Unidad Nacional de Lavado de Activos y Extinción de Dominio y vendrán otras operaciones más grandes aún. Estamos trabajando sobre bienes de Carlos y Vicente Castaño, así como de varios comandantes paramilitares. Siempre invito a todos a que visiten nuestra página web, en la que hay un espacio para que toda la ciudadanía pueda dar informaciones de dónde hay bienes de los miembros de los grupos armados al margen de la ley.

 

De manera que sí están llegando bienes y sí los estamos encontrando; no los que quisiéramos, pero no nos vamos a quedar solamente con lo que nos ofrezcan.

 

¿Cuál es el caso de barbarie causada por los paramilitares que más horror le ha despertado?

 

Una fosa donde encontramos a una mujer esqueletizada y en su vientre observamos un niño de ocho meses. A lado estaban su papá y su mamá. Eso es una barbarie. Hemos encontrado narraciones sobre víctimas a las que torturaron empezando por quitarle un dedo, luego otro, luego la lengua para que no gritara, lo fueron poco apoco desmembrando y al final le quitaron la cabeza y jugaron fútbol con ella.

 

Por todos lados hemos visto violaciones y homicidios sin que un puedo pensar que hasta ese extremo llegamos a desconocer los derechos de nuestros semejantes. También hemos hallado hornos para cremar a las víctimas… no hay fin en esta barbarie, porque cada día hay un hecho que supera al otro.

 

¿Santander, como algunos insisten en decir, escapó a este capítulo de terror?

 

No, Santander es un protagonista de esta horrible noche. Desafortunadamente para los paisanos todos los grupos armados al margen de la ley, como subversión o paramilitares, han dejado centenares de víctimas y lo han hecho bajo la barbarie más intensa que se pueda imaginar un ser humano.

 

¿Qué les dice a aquellas personas que cuando los grupos paramilitares empezaron a surgir en San Vicente de Chucurí, El Carmen y Puerto Boyacá, afirmaban que éste iba a ser el remedio a la enfermedad de la guerrilla?

 

El único remedio a los grupos armados al margen de la ley es la institucionalidad. Lo que debemos rodear y exigir de nuestro Ejército, Policía y Fiscalía es que cumplan su labor y que a través de sus estrategias debe ser capaces de garantizar el orden público, la libertad y los derechos de los ciudadanos. Jamás la justicia privada podrá ser la solución para este país.

 

¿Cuándo la Fiscalía General les va a pisar los talones a los empresarios, ganaderos y comerciantes que apoyaron y financiaron a los grupos armados ilegales?

 

Tarea difícil que tiene la Fiscalía porque en estos momentos estamos recibiendo centenares de investigaciones del pasado, y del presente nos siguen llegando. Hay demasiados involucrados con el crecimiento de estos grupos armados al margen de la ley. ¡Los empresarios no se escaparon! Los militares, la Policía, la Fiscalía… la sociedad en general es responsable, entonces la judicialización de todos los responsables es un reto enorme y esperemos que no tarde.

 

¿Se salieron con la suya los senadores y representantes a la Cámara involucrados en la ‘Parapolítica’ cuando burlaron a la Corte Suprema de Justicia pasándose al fuero de la Fiscalía, pensando que era más fácil comprar el silencio de un fiscal?

 

La Fiscalía ha mostrado que tiene más acusaciones y sentencias, comparado cualitativa y cuantitativamente con los fallos que lleva la Corte Suprema de Justicia.

 

Los tiempos darán la razón al uno o al otro, quién cumplió y quién no, o si ambos cumplieron.

 

¿El capítulo Santander de los socios de los paramilitares ya está cerrado o hay gente pavoneándose por Bucaramanga que debería estar tras las rejas?

 

No, Santander no ha empezado. Hace muy poco empezamos las versiones libres en Santander. Estamos en mora con este departamento.

 

¿Entonces que no se sientan tan tranquilos?

 

En Santander nos falta mucho por hacer…

 

 

 

 

¿Venganza o pragmatismo?

 

Sin acalorarse por la discusión, pero parándose firme en la raya, Luis González León defiende a capa y espada la efectividad de la Ley de Justicia y Paz y él mismo se pregunta: ¿Quién capturaba a ‘H.H.’, comandante de 4.000 hombres de los bloques Bananero y Calima?

 

Su respuesta es: “Ever Veloza no tenía en el año 2006 una sola orden de captura, que fue cuando lo capturamos por una orden que trabajó Justicia y Paz por la masacre del Naya. Entonces qué le dejamos a esta sociedad, qué es más valioso: ¿Que siga con sus 4.000 hombres impune porque la Justicia no es capaz de traer un elemento material probatorio para estructurarle un caso, llevarle a juicio y condenarle? ¿Qué siga ampliando su radio de acción y su número de víctimas, deslegitimando al Estado, o que venga, se entregue y lo conozcamos? Porque no lo conocíamos. Ni siquiera teníamos la oportunidad de saber quién era.

 

Balanceemos esto: No teníamos la oportunidad de judicializarlo pero queremos condenarlo a 40 años porque los delitos fueron cometidos antes de la Ley 906. Y nos quedamos con ese anhelo de venganza, de la Ley del Talión, hasta que lo cojamos, lo probemos y lo condenemos; nos morimos y no somos capaces de hacerlo. ¿O que se entregue, traiga a toda su gente y cuente todos los hechos? ‘H.H.’ a esta altura ya ha entregado más de 300 cadáveres de sus desaparecidos y hay 300 familias que reciben su cadáver, le dicen gracias a ‘H.H.’ porque hoy tienen la oportunidad de hacer un duelo y empiezan una nueva opción de vida en este dolor de recibir a su papá o a su mamá, a quienes ya pueden dejar de buscar porque siempre tuvieron en su cabeza que ellos estaban vivos. Ya recibidos sus restos saben que están muertos, pueden dejar de buscarlos y que toda su vida gire en su búsqueda.

 

Hay que balancear: usted se puede quedar en la venganza de condenarlo a 40 años, pero nunca lo va a encontrar”.

 

Sin perder los estribos, pero en tono alto, el director de la Unidad Nacional de Justicia y Paz indaga: ¿usted sabe quién Carlos Mario Jiménez Naranjo? “La Justicia no sabía quién era y hasta el día que se desmovilizó supimos que él era el comandante ‘Javier Montañez’ o ‘Macaco’, el que mandaba en el departamento de Santander con el Bloque Central Bolívar, BCB. El Ejército, la Policía, la Justicia y la sociedad no sabían que ese señor se llamaba así, y menos tenía una fotografía suya, y comandaba 8.700 hombres. ¿Entonces qué hacemos? ¿Buscamos una ley como hicieron en Italia, Rusia, Japón y Estados Unidos contra los grandes grupos mafiosos que no eran capaces de combatirlos y dijeron justicia con beneficios para que vengan y desarticularlos? ¿O nos quedamos toda la vida tratando de encontrarlos, cuando estamos fracasando?”

 

Es que es muy fácil -sostiene González León- cuando usted traslada la justicia de Australia y se pregunta cómo es posible tal cosa. Pero es que ese es un país de normalidad; mientras Colombia es un país de anormalidad y hay que aceptarla para salir adelante. Hay que entender que la anormalidad de Colombia lleva a la corrupción en todos los estamentos y por eso no somos capaces de identificar a nuestros criminales.

 

“Usted escoge: que sigan 31.000 hombres que se desmovilizaron dando bala, quitando tierras, masacrando, secuestrando, desapareciendo y desplazando gente todos los días, o que vengan y los conocemos. Antes no teníamos ni una fotografía de ellos y hoy día ya sabemos quiénes son y entonces les buscamos los hijos, los papás, los hermanos, las amantes, las novias, los conductores, para ver cuántos bienes aparecen. Y vamos encontrando bienes y algo arañamos. Pero si usted no sabe el nombre ni conoce sus rasgos físicos, ¿qué busca?, qué le quita?. El Congreso colombiano escogió ofrecer una ley premial, una ley de justicia transicional; a mí me toca aplicarla, y como nunca antes llegan testigos a decir dónde están los muertos, los perpetradores están contando situaciones que era impensable contar y el ambiente de las víctimas llegando a los procesos a ayudar a esclarecerlos. De nosotros depende que ese momento no se nos vaya de las manos y no hagamos lo que tenemos que hacer”.