los ‘paras’
y contribuido a hundir a los ‘parapolíticos’ santandereanos. Segunda parte de
la entrevista exclusiva a este testigo clave de la Corte Suprema de Justicia,
quien no se explica por qué no fue ascendido a general. (Publicada en el Periódico 15 que circula desde el sábado 17 de octubre de 2015)
Por
Pastor Virviescas Gómez
pavirgom@unab.edu.co
El bien siempre triunfa sobre el mal.
Eso es lo que insiste en expresar el coronel (r) Julio César Prieto Rivera, el
oficial del Ejército colombiano que con su testimonio contribuyó a que la
Justicia hallara culpables y condenara a reconocidos ‘parapolíticos’ como Hugo
Heliodoro Aguilar Naranjo, Luis Alberto Gil y Óscar Josué Reyes.
Hoy Prieto Rivera, custodiado por
soldados y atendiendo esta entrevista en el Batallón Caldas de Bucaramanga,
donde por su seguridad debió pasar la noche, sostiene que únicamente se callará
cuando haya sido reparado su honor de tantas descalificaciones que se lanzaron
en su contra para torpedear su lucha contra los paramilitares y de paso
bloquear su carrera militar.
¿En
qué momento usted como comandante del Batallón Luciano D’elhuyar se da cuenta
no se está metiendo con ‘pesos livianos’ del ámbito local sino con ‘pesos
pesados’ a nivel regional?
En enero de 2004, un mes después de
haber recibido el mando, me abordan en mi oficina cinco hombres y una mujer,
que van a hablar para que les devuelva unos radios que les habíamos quitado a
los paramilitares en una operación, pero ellos me dicen que no eran
paramilitares sino campesinos que velaban por la seguridad de la zona. Y en esa
conversación esos supuestos finqueros me ofrecen a nombre de Alfredo
Santamaría, cuarenta millones de pesos mensuales por dejarlos ‘trabajar’ y
‘cinco muertos con fusil’. Yo les digo textualmente: ‘Voy a hacer de cuenta que
no escuché nada, pero díganle al tal comandante Santamaría –a quien yo no
conocía y en la Oficina de Inteligencia del Batallón no había un solo registro
de información de Alfredo Santamaría, ni una fotografía, no había ningún dato
que permitiera demostrar un esfuerzo de inteligencia para combatir esas
estructuras y cuando yo llegué al Batallón Alfredo Santamaría llevaba ya siete
años delinquiendo en la zona–, que tiene cuatro posibilidades: que me abandone
la zona con sus hombres, que se acoja al programa de desmovilización que ofrece
el Gobierno Nacional, que lo capture o que muera en combate. Y los eché de mi
oficina. Después de que salen, como yo tenía un libro en el que anotaba el
nombre y la cédula de todo el que iba a hablar conmigo para verificar
antecedentes, averiguo quiénes eran, y las personas que hablaron ese día
conmigo eran un señor residente en el sector de Santo Domingo del Ramo, de
apellido Avellaneda, quien resultó ser el padre de un sujeto llamado Gilberto
Avellaneda, alias ‘Tres turmas’ o ‘Tres huevas’, que era un cabecilla del
frente ‘Ramón Danilo’. La mujer que iba con los cinco hombres respondía al
nombre de Olga Gómez, más adelante me doy cuenta que era la compañera
permanente de Alfredo Santamaría, el cabecilla del frente ‘Ramón Danilo’. Iba
un abogado de nombre Walter Sánchez, y posteriormente en una Ong que denuncio
que era de los paramilitares y que la tenían como fachada para tramitar
recursos ante el Gobierno Departamental y ante el Gobierno Nacional, ese Walter
Sánchez era el presidente ejecutivo de esa Ong, y luego ese Walter aparece un
año después en unas grabaciones cuando en un trabajo de inteligencia contra los
paramilitares interceptamos las líneas telefónicas que permitieron conocer los
nexos del gobernador Hugo Heliodoro Aguilar Naranjo, los nexos de Luis José
Arenas Prada, los nexos del mismo Walter con esas estructuras. Cuando esa gente
me hace ese ofrecimiento, ya empiezo a ver que hay algo muy grande detrás de
todo el desempeño del Batallón y de ese compromiso dela Fuerza Pública con las
estructuras paramilitares.
En marzo de ese mismo año 2004, cuando
me encontraba en El Carmen de Chucurí y estaba pagándoles a los soldados
campesinos, fui abordado por un sujeto a quien conocían con el apodo de ‘Jaime Pollo’
o Jaime Contreras, por uno de los más grandes compradores de cacao en el casco
urbano, Rito Antonio Lizarazo, y por un político del orden departamental, Luis
José Arenas Prada. Ellos me buscan y van a hablar a nombre de Alfredo
Santamaría. Me dicen que están preocupados por mi actividad y por las
sindicaciones que yo estoy haciendo en medios públicos a Alfredo Santamaría del
frente ‘Ramón Danilo’ de vínculos con el
narcotráfico. Ellos me dicen que el que trabaja con el narcotráfico es el
comandante alias ‘Nicolás’, el de la Aragua. Ese político, ese empresario y ese
otro comerciante me dicen, hablando en primera persona, que ellos junto a
Alfredo Santamaría me ofrecen entregarme a ‘Nicolás’ a cambio de que los deje
solos. Entonces cómo alguien de la dirigencia de este departamento y le dije a
él: usted es autoridad como soy yo, entonces cómo va hacer ese ofrecimiento. A
partir de ahí ese político se convirtió en un gran detractor mío y me denunció
en repetidas ocasiones.
¿Entonces
se percata que hay ‘duros’ metidos en la ‘movida’?
Empiezo a darme cuenta, porque ya los
resultados en contra de los paramilitares se iban dando. A la par con eso,
empieza una campaña de desprestigio en mi contra en medios de comunicación como
el periódico El Frente y como Portada, que a veces replicaban otros
como Vanguardia Liberal, en donde me
acusaban de vejámenes y atropellos en contra de la población civil, de
persecución de manera injusta de pobladores que eran supuestamente inocentes
campesinos. Y se va armando un engranaje y empiezan a repartir volantes en la
región, donde me acusan a mí de diversos delitos, de conformación de grupos que
actuaban delinquiendo y que supuestamente se hacían pasar por los
paramilitares. Es un trama que la vengo a entender más adelante, porque lo que
hacen es ir desprestigiando, deteriorando mi imagen y desvirtuando la real
labor que estábamos haciendo en cumplimiento de la Constitución Nacional. En
junio de 2004, después de yo haber denunciado un peaje que tenían los
paramilitares en el sector de El Topón, antes de llegar a El Carmen de Chucurí y
donde se parte para El Centenario –un peaje que era autorizado por la Alcaldía
de El Carmen de Chucurí-, lo denuncio ante el gobernador de Santander (Hugo
Heliodoro Aguilar naranjo) porque sé que era de los paramilitares y que lo
tenían a nombre de las juntas de acción comunal. El gobernador Aguilar delega
en el secretario de Gobierno, Óscar Josué Reyes Cárdenas, para que atienda ese
problema. Nunca suspenden el peaje y, por el contrario, siguen recaudando plata
para los paramilitares. En las interceptaciones telefónicas de diciembre sale a
relucir ese peaje, y en el mes de junio después de las denuncias del peaje
convocan a una reunión en la Quinta Brigada de Bucaramanga. A ella asisten más
o menos cuarenta personas y entre las autoridades estaba presente el secretario
Reyes Cárdenas y el diputado Luis José Arenas Prada, y en esa reunión me acusan
de cantidad de arbitrariedades. Hago el reclamo por el peaje existente que no
han tomado acción. Luis José Arenas Prada, que fue el político que me buscó en
el mes de marzo en la base de El Carmen de Chucurí para proponerme a nombre de
Alfredo Santamaría capturar a Ciro Antonio Díaz Amado, alias ‘Nicolás’, me
increpa. Y yo le digo a Arenas Prada que él me había hecho esa propuesta, pero
él lo niega. Hago el reclamo por el peaje y Óscar Josué Reyes me dice al oído:
‘Coronel, usted es un tipo muy joven, usted es inmaduro, usted todavía no
conoce la vida. No se meta con esa gente -refiriéndose a los paramilitares-.
Usted es una ficha de ajedrez y lo pueden mover. ¡No joda tanto!’.
Esa petición del entonces secretario de
Gobierno Departamental me mostró los tentáculos que tenían los paramilitares en
diversas autoridades del orden ya departamental, no solamente municipal como lo
había percibido en otras autoridades.
¿En
vista de que el asunto se estaba poniendo ‘peludo’, en algún momento usted
contempló dejar las cosas así o pedir traslado o hacerse el que no veía nada,
sobre todo pensando en que para llegar a general era mejor no meterse con ese
tipo de ‘personajes’?
Yo no pensaba en eso. Yo pensaba que por
estar haciendo las cosas bien, como en efecto las hice, era la mejor carta de
presentación para cualquier aspiración laboral y lo sigo pensando. O sea, yo no
me arrepiento de lo que hice. Hay gente que me dice que fui un tonto al haber
enfrentado el problema como lo enfrenté. No, yo hice las cosas bien, y producto
de eso la región retornó a la calma y le ayudé a muchas familias a encontrar
gente que tenían desaparecida, así fueran osamentas. Producto de eso evité que
los paramilitares siguieran incorporando gente. Si alcancé a sentir ese temor,
pero no me amilané, porque es que el bien siempre debe triunfar sobre el mal, y
yo estaba haciendo las cosas bien. Se lo digo con modestia: si hoy hicieran una
encuesta en San Vicente de Chucurí y todos los pueblos de esa región de la
imagen que once años después guardan de este servidor como soldado, el concepto
va a ser alto, porque la gente valora ese trabajo.
Después de que empecé a evidenciar que
en efecto había políticos y autoridades de diferente orden vinculados con los
paramilitares, pues me dije: este es un problema grave. Y eso me obligó a ir
armando un archivo personal que son decenas de carpetas, pero no es que haya
sustraído documentos del Batallón, sino que guardaba una copia para mí, porque
yo presentía que en el futuro podía tener problemas, pero no me imaginaba de
qué índole. Esos archivos personales son los que me han permitido demostrar la
verdad y salir avante ante cantidades de injurias, de calumnias y de amenazas
que se han proferido en mi contra.
¿El
‘campanazo’ para usted es ese Consejo de Seguridad que le cae por sorpresa con
el presidente Álvaro Uribe Vélez a bordo?
Antes de ese Consejo de Seguridad,
durante tres meses inundaron con volantes y noticias en los periódicos como
ambientando para venderle la idea al Gobierno Nacional de que me sacaran. Es
más, en junio de 2004 me manda a llamar a Bucaramanga el comandante de la
Quinta Brigada, el general Édgar Ceballos, a quien respeto, aprecio y valoro
porque siempre me apoyó y siempre fue mi respaldo, porque ya existían
informaciones de amenazas y en ese primer semestre de 2004 un capitán y un
sargento habían negociado la muerte mía en 70 millones de pesos con el
comandante alias ‘Nicolás’ y por otro lado habían negociado mi muerte con dos
soldados campesinos en 120 millones de pesos. Todo esto está documentado en las
entrevistas de los desmovilizados, e inclusive hay hasta fotografías y audios
que soportan todo.
El general Ceballos me dice: ‘Hombre,
Prieto, el mando está preocupado por ti. A vos te van a ‘envainar’, te van a
‘embalar’ o te van a matar. Te vamos a trasladar. Queremos que escojas unidad.
¿A dónde te quieres ir?’. El problema con los paramilitares ya iba controlado
en un 25 o en un 30 por ciento y le dije: ‘Mi general, ¿usted me está diciendo
que me van a trasladar por el hecho de estar cumpliendo el deber? ¿Por qué en
vez de trasladarme no ordenan investigar a los oficiales que estuvieron antes
de mí en ese cargo y que permitieron que el Batallón Luciano D’elhuyar llegara
a ese grado de corrupción y que esa zona sufriera el grado de tormento al que
la estaban sometiendo los paramilitares? Mi general, si me trasladan yo pido la
baja y me voy para una Ong y armo un escándalo, porque yo no voy a aceptar
eso’. Con lágrimas en los ojos se lo dije, y mi general me dijo: ‘Cálmate
Prieto. Llama al comandante de la Segunda División, general Luis Fabio García
Chávez, y le informas lo que yo te he dicho’. Llama al comandante del Ejército,
general Martín Orlando Carreño Sandoval, y él les da la orden a los comandantes
de la Brigada y de la División que yo les haga un informe ejecutivo. Yo les
hago un informe de más de diez páginas del que guardo copia, dirigido al comandante
de la Brigada para que se lo mande al comandante del Ejército, en el que le
expongo la problemática que se estaba viviendo, lo que percibía, las relaciones
de la clase dirigente con los paramilitares, la campaña de desprestigio en mi
contra, todo lo que yo percibía. El general Ceballos me dice que listo, pero yo
le dije que necesitaba ir a Bogotá a entregarle este informe a mi general
Carreño, y me autorizaron. Viajé a Bogotá en junio de 2004 y hablo con el
comandante del Ejército lo que dura el noticiero Caracol del mediodía, él era
mirando el noticiero y hablando conmigo. Yo le cuento todo y le entrego el
informe. Él me dice: ‘Mire, Prieto, usted se ha convertido para mí en un tema
insostenible porque el presidente (Álvaro) Uribe Vélez ha dado tres veces la
orden de relevarlo. La última orden me la dio hace dos noches en una comida en
el Palacio de Nariño. Con todo lo que usted me ha contado, yo no lo voy a
relevar, pero si el presidente me vuelve a dar la orden yo le pido el favor que
lo escuche a usted y viene y habla con él’. Ahí entendí que toda esa campaña de
desprestigio y todo lo que había ocurrido en mi contra durante ese primer
semestre, era para soportar las peticiones que muy seguramente mandatarios,
llámense senadores, llámense representantes a la Cámara o llámese gobernador,
le habían expuesto al presidente para que me trasladaran. Porque qué imagen
vendían: de un oficial que estaba atormentando a la población. Allá no decían
que estaba combatiendo a los paramilitares y que estaba limpiando la zona. El
presidente Uribe no vuelve a solicitar mi traslado y pienso que los políticos
vieron que esos intentos no habían dado resultado, entonces es como lo
convencen para que en el mes de octubre de 2004, tres meses después, convoquen
a un Consejo de Seguridad Presidencial en El Carmen de Chucurí.
¿Quiénes
asistieron a ese Consejo en la iglesia de El Carmen de Chucurí?
Es muy curioso: de ese Consejo primero
hay que decir que no hay ningún audio, ningún video y ningún acta. ¿Por qué? No
lo sé. Solamente existen unas fotografías que tomó un escolta mío. Fotografías
que yo guardo y que he anexado en la Corte Suprema y en todas partes. En la
mesa principal estaba el presidente Uribe Vélez, a su izquierda estaba el
gobernador, Hugo Heliodoro Aguilar Naranjo, posteriormente condenado por
vínculos con el paramilitarismo; al lado derecho estaba el alcalde Félix Gómez,
quien no sé si fue condenado pero indudablemente fue electo con el apoyo de los
paramilitares. A la derecha estaba la dirigencia política: el senador Luis
Alberto Gil Castillo, condenado años más tarde por nexos con grupos
paramilitares; estaba Iván Díaz Mateus, condenado también posteriormente por la
Justicia colombiana; estaba Luis José Arenas Prada, quien no ha sido condenado
pero acaba de retractarse de una cantidad de comentarios injuriosos y
calumniosos que hizo en mi contra. El mismo Arena Prada que aparece mencionado
por los paramilitares, no lo digo yo, en interceptaciones telefónicas en las
que se habla abiertamente de su contubernio y su participación con esas
estructuras ilegales. También estaba Carlos Higuera Escalante, que también fue
condenado por sus vínculos con los paramilitares. Alfonso Riaño Castillo
también estaba y quien posteriormente fue condenado dentro del mismo escándalo
de la ‘Parapolítica’. Al frente estaba el pueblo, los que se quejaban, que eran
quejas acomodadas, orquestadas… Y al lado izquierda estaba la dirigencia del
Gobierno, ministros, comandantes de las Fuerzas Militares. Entonces uno analiza
esas fotografías, los temas que se trataron, en donde el gobernador Aguilar
Naranjo después del Consejo en un recinto cerrado pide mi cabeza, y uno dice:
todo esto que pasó indudablemente fue organizado para obligar el traslado mío.
Aguilar Naranjo pide mi relevo; el presidente no lo autoriza, y continúo, pero
ahí ya dije: esto es un problema de ‘ligas mayores’.
Entonces este problema no nació en el
año 2007 cuando yo pongo la denuncia, sino en el año 2003 cuando llego al
Batallón Luciano D’elhuyar y empiezo a combatir los paramilitares. Yo he venido
siendo objeto de una persecución por parte de los paramilitares y de la
dirigencia política santandereana con vínculos con esas estructuras ilegales
desde el mismo momento en que llegué a San Vicente de Chucurí, y esa persecución
hoy continúa. ¿Por qué continúa? Porque he seguido siendo amenazado. Hace un
mes recibí una llamada amenazante y hace unos días recibí un sufragio
invitándome a mi propia muerte. El tema es complicado y yo lo enmarco dentro de
todo lo que hice en el departamento de Santander contra los paramilitares.
Finalmente lo trasladan, estalla en forma el escándalo de la ‘Parapolítica’ y luego usted se convierte en el testigo clave que permite con su testimonio, así como el de otras personas, lleve a la Corte Suprema de Justicia a procesar y condenar a Aguilar, Gil, Riaño, Reyes e Higuera, entre otros.
Pasa el Consejo de Seguridad
Presidencial en diciembre de 2004 y en diciembre de ese año capturamos a
Alfredo Santamaría Benavides, alias ‘El gordo’, y a Roso Santamaría Benavides,
alias ‘Ovidio’, cabecillas del frente ‘Ramón Danilo’, pero previamente se
realiza un trabajo de interceptaciones telefónicas legal con la Fiscalía
General. Después de las capturas en Puerto Boyacá las líneas siguen
interceptadas en poder de Olga Gómez, la compañera sentimental de Alfredo
Santamaría. Y el 2 de diciembre, día de las capturas, se generan diferentes
diálogos y allí aparecen nombrados de manera clara Luis José Arenas Prada,
Félix Gómez, el gobernador Aguilar Naranjo, Walter el abogado del que ya hablé…
y todos esos testimonios quedan en la Fiscalía. Salgo trasladado cuando
completo los dos años en San Vicente de Chucurí, llego a trabajar al Batallón
de Policía Militar Número 15, donde permanezco un año, y llega el 2007. Y en
ese año hay unos allanamientos en San Rafael de Lebrija, en lugares habitados
por paramilitares. En esos operativos incautan propaganda política y a raíz de
eso se inicia esa investigación que vinculaba a personalidades aforadas,
entonces el caso lo asume la Corte Suprema de Justicia. Escuchan a unos
desmovilizados y ellos le dicen a los magistrados que si quieren saber de
paramilitarismo en Santander, entrevisten al comandante del Batallón Luciano
D’elhuyar ‘que nos dio muy duro’. Entonces me llama la Corte Suprema a
declarar, y cuando empiezan a preguntarme por Hugo Aguilar, por Luis Alberto
Gil, por toda esa gente, entonces yo saco mi archivo personal y le empiezo a
entregar a la Corte lo que yo contaba de ese trasegar mío en esa región, que
eran documentos que no tenían en ellos y que estaban en otros entes del Estado
pero no sabían que existían: las interceptaciones telefónicas, entrevistas de
desmovilizadas no solo realizadas por el Batallón sino ratificadas por el CTI
que se convertían en informe de Policía Judicial, los anónimos, el testimonio
mío, el testimonio de diversos campesinos que en la región por donde yo pasaba
me manifestaban lo que había ocurrido en la época electoral y empieza a desarrollarse
todo este tema, en donde yo declaro en
nueve oportunidades, no solo en la Corte Suprema sino en la Fiscalía
Antiterrorismo y en la misma Procuraduría General, dentro de los procesos que
vinculaban a Hugo Heliodoro Aguilar, a Óscar Josué Reyes, a Luis Alberto Gil, a
Alfonso Riaño, entre otros, y así me convierto en testigo de la Corte Suprema
de Justicia.
¿En
todo este tiempo usted buscó a Horacio Serpa Uribe -luego gobernador de
Santander y ahora senador-? ¿Él lo buscó a usted? ¿Hubo alguna relación que
permita afirmar, como dicen algunos defensores de oficio de los
‘parapolíticos’, que todo forma parte de una persecución maquinada por el
exministro samperista?
Nunca en mi vida he cruzado una palabra
ni personal ni telefónica con Horacio Serpa. A Serpa no lo conozco en persona,
ni al senador liberal Hugo Serrano Gómez, porque también me endilgaban eso.
Pero ya que lo pregunta, yo le encuentro una explicación: cuando declaro en la
Corte Suprema por primera vez, ocho días después Hugo Heliodoro Aguilar siendo
gobernador de Santander me llama a mi celular. Tan pronto me llama y me doy
cuenta que es él, yo activo la grabadora de mi aparato. Él en esa llamada, que
dura cuatro minutos, me increpa y su motivo era preguntarme si era verdad que
yo había declarado en un estrado judicial, y que si lo que yo había dicho lo
comprometía a él. Eso era lo que él quería saber. Yo le respondo de manera
elegante que consulte en la Corte Suprema. Cuelgo la llamada y ocho días
después me llama su jefe de seguridad, Fredy Gómez Cadavid. También grabo esa
llamada. Él actuando a nombre de Aguilar Naranjo, porque dice ‘es que me pidió
el de bigote que lo llamara’, me amenaza con acabarme mi carrera si seguía
hablando en el proceso de la ‘Parapolítica’ y me dice que ‘esa carrera tan
bonita se me iba a acabar si seguía hablando’. ¿Qué buscaban ellos con eso? Que
me retractara, que me abstuviera de seguir declarando o que cambiara mi
versión, cosas que nos hice. A partir de ahí, se inicia una defensa mediática
por parte de Hugo Heliodoro Aguilar. Defensa mediática, no jurídica. Entonces en
todo medio de comunicación que lo entrevistaban, porque ya se difundió que la
Corte Suprema le había compulsado copias, él decía que eso era un montaje del
coronel Prieto Rivera, y en cada medio iba ampliando: que era en contubernio
con el senador Serrano, con Horacio Serpa, que yo había pagado a
desmovilizados, que tenía las declaraciones escritas y certificadas ante
notario de desmovilizados que atestiguaban que yo les había pagado sumas entre
20 y 30 millones de pesos para declarar en su contra, en otro medio decía que
yo tenía vínculos con el narcotráfico, en otra parte que yo había desaparecido
gente… Aparece entonces Luis José Arenas Prada ayudándolo y dice que le iban a
hacer un atentado en Yarimay que era yo. Habla del evento de cuando en la
Brigada se presentó la reunión con los 40 campesinos. Defensa mediática porque
Aguilar Naranjo nunca presentó una denuncia en mi contra, entonces yo hago la
pregunta: ¿por qué nunca me denunció? ¿Si yo estaba acusándolo y tenía ese
complot con esos políticos que no conozco por qué nunca me denunció?
Lo que Hugo Heliodoro Aguilar nunca
calculó es que Julio César Prieto no es pendejo, y el 2 de noviembre de 2007
instauré la denuncia por injuria y calumnia, y por amenaza a testigo porque
cuando él me amenazó yo era testigo de la Corte Suprema y él era aforado. Ese
fue el proceso que inició y que está próximo a culminar de una manera abrupta,
porque lo ideal hubiera sido que culminara con una condena para Hugo Aguilar y
para Luis José Arenas Prada, pero desafortunadamente todo apunta a que va a
culminar de otra manera.
¿Cuántos
años ‘durmió’ o ‘roncó’ su denuncia sin que nadie moviera un dedo?
Eso es muy triste. La denuncia fue
instaurada el 2 de noviembre de 2007 en la Fiscalía Delegada ante la Corte
Suprema, y la Fiscalía la remitió a la Fiscalía de Santander, donde le
correspondió inicialmente a la Fiscalía 12 local, donde duró un tiempito y
luego se la reasignan a la Fiscalía 2 local, donde dura cerca de siete años sin
que se instruyera, cuando todo el acervo probatorio estaba condensado: audios
de las declaraciones, vídeos e impresos de todas las calumniosas, injuriosas y
amenazantes afirmaciones que hicieron en mi contra. Pasan los siete años sin
que se mueva eso. Viendo que estaban jugando a dejar prescribir esa denuncia,
empiezo a enviarle ‘miles’ de peticiones a la fiscal segunda local. Como no
atendía mis peticiones, presenté queja formal en el Consejo Superior de la
Judicatura en el año 2013, y también ante la Procuraduría General de la Nación
y ante el Fiscal General de la Nación. A la Procuraduría le solicité el
nombramiento de una veeduría especial. Nombran a una procuradora acá en
Bucaramanga como veedora especial y la doctora va y mira el expediente y dice
que no hay nada anormal, cuando llevaba siete años ‘durmiendo el sueño de los
justos’. Viendo eso, dije: no tengo nada que hacer. Pero seguí insistiendo en
esas peticiones ante los entes de control y el 11 de marzo de 2015 la fiscal
segunda me llama a ampliación de denuncia siete años y medio después, cuando es
la primera actuación procesal que se debe hacer en cualquier denuncia. Yo
asisto en compañía de mi abogado a esa diligencia de ampliación de denuncia y
evidencio que la fiscal segunda local no conocía el expediente. El CD que yo
anexé con todas las pruebas en noviembre de 2007, no lo encontraba, y de hecho
no lo encontró. Y me doy cuenta que solo había calificado la calumnia,
desconociendo la injuria y las amenazas a testigo. En la demanda de 2007 yo la
instauré contra Luis José Arenas Prada y Hugo Heliodoro Aguilar, y ella solo
tenía vinculado a Aguilar. En esa audiencia le hago ver que no está Arenas
Prada, que falta la injuria y que faltan las amenazas a testigo. Logro que la
fiscal incluya eso. Ella en esa diligencia me manifiesta en presencia de mi
abogado que el abogado defensor de Aguilar Naranjo, el abogado John Franco,
está interesado en retractarse. Yo le manifiesto a la fiscal que mi deseo es
que esa investigación llegue hasta las últimas consecuencias y que si ellos se
van a retractar, que la ley lo permite, que lo hagan, pero es ella la que
avala, porque yo deseo que eso llegue hasta las últimas consecuencias.
Después de esa diligencia se produce la
ruptura procesal y queda el delito de injuria y calumnia contra Hugo Aguilar y
Luis José Arenas, y se lo quitan a la fiscalía segunda local y se lo mandan a
la Fiscalía 26 local, y se crea el delito de amenaza a testigos. ¡Siete años y
medio después!, y se lo envían al fiscal cuarto seccional de Bucaramanga.
Estamos hablando de abril de 2015, entonces sabiendo que se van a retractar
-que fue lo que me dijo la fiscal segunda-, le presento a la fiscal 26 un
derecho de petición el 7 de mayo diciéndole que si acoge la retractación, mi
petición como víctima y demandante es que la haga bajo estos términos, y le
enuncio los textos donde se corrigieran todas las cochinadas que habían dicho
en mi contra. Posteriormente el 22 de junio la fiscal 26 me llama a una
diligencia que ella denomina audiencia de conciliación. Asisto, también lo hace
el abogado John Franco, quien está chateando permanentemente con Aguilar
Naranjo mientras está en la diligencia, hablan de retractarse y empiezan a
hacerlo con base en el memorial que yo pasé el 7 de mayo. Yo hago la salvedad
de que esto no es una conciliación y que esto llegue hasta las últimas
consecuencias. Que si se van a retractar que lo hagan de acuerdo al memorial, y
esa diligencia termina con la manifiesta intención del abogado John Franco de
que se van a retractar.
Empiezo a esperar la retractación pero
pasan los días y en el documento yo decía que me informaran cinco días antes de
retractarse y nadie me informó nada. Alguien de Bucaramanga me manda un mensaje
de que Luis José Arenas había publicado algo en El Frente y empezaron a publicar cada veinte días o cada mes una
retractación, entonces yo dije: ¿cuándo se va a acabar esto? Y el delito
próximo a prescribir, porque prescribe el 13 de octubre. Entonces empiezo a
generarle a la fiscal 26 derechos de petición solicitándole se haga la
audiencia de imputación de cargos y le genero cuatro derechos de petición entre
el 25 de junio y el 1 de septiembre, y no me los responde. Como no responde, la
entutelo, la tutela la aceptan y cuando la fiscal se da cuenta me responde los
derechos de petición diciéndome que la retractación está en etapa de
verificación y me dice que comparte conmigo la preocupación de la prescripción
pero que está en etapa de verificación. Yo le hago otro derecho de petición y
le digo que no le encuentro lógica jurídica a que ella manifieste estar
compartiendo la preocupación de la prescripción pero que no les ponga un
término cerrado a los demandados para que se retracten. Es ahí cuando ella
convoca la audiencia de imputación del 22 de septiembre a la que el abogado
John Franco no asiste aduciendo que tiene otra diligencia y Aguilar tampoco va,
haciendo llegar una excusa médica de la Fundación Cardiovascular diciendo que
tiene una incapacidad de tres días por un “dolor cordial”. La demanda no tuvo
la celeridad y en cuatro meses la fiscal 26 a punta de peticiones y de tutelas
hizo lo que no hicieron los otros funcionarios en ocho años.
Eso en lo que tiene que ver con la
injuria y la calumnia. La de amenaza a testigos en abril la recibe el fiscal
cuarto seccional e inmediatamente le presento un derecho de petición
solicitándole que por competencia la envíe a la Corte Suprema. El fiscal no me
responde, así que lo entutelo, aceptan la tutela y el fiscal me responde que en
efecto se la va a enviar a la Corte Suprema. Este proceso ha sido a punta de
presiones con lo que le brinda a uno la Ley, pero no porque la Justicia haya
querido operar de manera pronta y oportuna, y sobre todo porque haya querido
hacer valer mis derechos como víctima.
¿Qué
silenciará a Julio César Prieto?
(Suspira) Hay muchas cosas detrás de
esto. Considero que las amenazas que me profirieron respecto de que si seguía
hablando en la Corte Suprema mi carrera se iba a acabar, se cumplieron. Porque
nunca he podido entender cómo es que llegué a la instancia de concursar para la
dignidad de general, ocupando el tercer puesto entre 70 coroneles que llegamos
a esa instancia, el primero de mi especialidad, con una hoja de vida impoluta,
siendo el único oficial de la Fuerza Pública en la historia que haya tenido el
carácter y la entereza de denunciar a políticos en ejercicio por vínculos con
estructuras paramilitares, que no tenga tacha en mi hoja de vida, pero sea
descalificado por la Junta de Generales. Yo interpreto que las amenazas que me
hizo Hugo Aguilar Naranjo se cumplieron. ¿Cuándo me voy a callar? Cuando las
demandas que tengo en curso se acaben y haya un fallo justo. En este proceso de
injuria y calumnia parece que se van a retractar o va a prescribir; instauraré
las acciones que sigan y que busquen hacer valer mis derechos. En la demanda de
amenaza a testigos habrá un fallo. ¿Cuándo? No lo sé. Y hay una demanda
administrativa en contra del Estado para que sea un tribunal quien determine si
mi hoja de vida reunía las condiciones que ameritaban o no el llamamiento mío a
general. El día que esas investigaciones concluyan, ese día me se quedaré
callado.
Esta
entrevista la estamos haciendo dentro del Batallón Caldas, en lugar de hacerla
en la terraza de un hotel porque usted requiere protección especial. ¿Teme que
alguien quiera ‘borrarlo del mapa’?
Soy consciente que me he enfrentado a
gente muy poderosa y soy consciente que tengo enemigos, porque no solo la gente
que ha pagado cárcel por mi trabajo investigativo, por mis declaraciones, por
mis pruebas, me puede hacer daño. Esa gente tiene fanáticos. Hay gente que los
adora. Hay gente de la institución que yo denuncié o puse en evidencia y fueron
retirados por la facultad discrecional. Así que enemigos hay muchos y sí temo
que me pueda pasar algo. Lo manifesté hace un rato y vuelvo y lo repito: el 4
de agosto me hicieron una llamada amenazante y hablaban de Santander. ‘Que
dejara de estar mariquiando en Santander. Que dejara de tirármelas de gallito
fino. Que para gallito, gallito y medio. Que me iban a dar piso’. Eso está
denunciado en la Fiscalía, y no son palabras al viento.Y el 8 de septiembre
recibí un sufragio en mi residencia, marcado a mi nombre. Yo sé que corro
peligro y por ese peligro me tocó pelear jurídicamente un esquema de seguridad
que me provee la institución y que me acompaña las veinticuatro horas. Pero
igual el bien siempre va a estar por encima del mal y yo no he actuado mal. Los
malos son los que han pagado cárcel, los malos son los que siguen tratando de
hacerme daño, los malos son los que se valen de argucias jurídicas para evadir
la responsabilidad que deben tener ante la Ley.
¿Usted
le pidió 500 millones de pesos al abogado John Franco o al parapolítico Hugo Heliodoro
Aguilar Naranjo a cambio de su silencio?
¡No! El 7 de mayo con mis abogados
redactamos un memorial donde la manifestaba a la fiscal 26 local que tenía
conocimiento por boca de la fiscal segunda local que los demandados querían
retractarse y que mi petición era que la investigación llegara hasta las
últimas consecuencias, pero que si ella acogía la figura de retractación que
como víctima le pedía el favor que se hiciera bajo unos parámetros y enunciaba
cada una de las notas calumniosas y la forma en que yo deseaba que se
corrigieran. Y al final, como punto número cuatro, taso mis daños y perjuicios
en 500 millones de pesos. Eso era en caso de que hubiese una condena y así
quedó el documento. Posteriormente el 22 de junio en la audiencia citada por la
fiscal 26, yo manifiesto nuevamente que no estoy conciliando y que mi deseo es
que llegue hasta las últimas consecuencias. El abogado John Franco empieza a
leer el documento y dice al final: ‘¡ah!, ya entiendo por qué no. Coronel, ¿en
el hipotético caso de que yo le entregue ya un cheque de 500 millones de pesos,
usted se retracta de todo? Yo me quedé en silencio y así consta en el acta, y
él me dijo ‘el que calla otorga’. Yo le dije: el que calla otorga es un adagio
popular; en Derecho el que calla no ha dicho nada. En el acta consta el
silencio que guardé.
Yo no estoy peleando por plata, yo estoy
peleando es por mi honor, por mi buen nombre, por mi honra, que fueron
mancillados de manera vil, coordinada y premeditada por Luis José Arenas Prada
y por Hugo Heliodoro Aguilar Naranjo en su afán por librarse de las acusaciones
que les estaba haciendo la Corte Suprema de Justicia.
Ha
insistido usted en que el bien siempre triunfa sobre el mal. Piense que el hoy
candidato a la Alcaldía de San Vicente de Chucurí, Luis José Arenas Prada,
resulta ganador en las elecciones del 25 de octubre. ¿Eso significaría que
triunfó el bien sobre el mal?
¡No! Eso significaría que el pueblo de
San Vicente de Chucurí es un pueblo sin memoria y que no escoge a la gente por
los méritos. Eso significaría que el pueblo de San Vicente tendría una persona,
y no lo digo yo solamente sino que aquí tengo las interceptaciones telefónicas,
que tuvo vínculos con los paramilitares de Alfredo Santamaría, que anduvo con
Alfredo Santamaría, que habló conmigo a nombre de Alfredo Santamaría y que
sería terrible para ese hermoso municipio que una persona como este señor
ocupara la Alcaldía. Pero si lo escogen… es como hablar el tema de Santander.
De
los ‘pesos pesados’ que usted mencionó ante la Corte, ¿quién está horondo como
si nada hubiera pasado?
Luis José Arenas Prada no apareció
vinculado en ningún proceso y existen documentos que demuestran eso. Pienso que
la Corte Suprema se concentró en los aforados, pero ahí hay testimonios y
pruebas que indican eso.
En
la misa-acto político que el pasado 21 de mayo le organizaron en el Parque
Santander de Bucaramanga los conmilitones de Hugo Aguilar cuando éste salió de
la cárcel donde pagaba condena por sus vínculos con los paramilitares, el cura
le dio prioridad a la ‘justicia divina’ por encima de la justicia de los
hombres. ¿Si usted tuviera la posibilidad de confesarse ante monseñor José
Antonio Arenas Prada, qué le diría?
Le diría lo que conozco de su hermano.
Le diría lo que conocí en esa época de su hermano y le diría que Luis José
Arenas Prada es una persona que quiso hacerme mucho daño, que me hizo daño y
que tuvo en el tiempo que yo estuve bajo el comando del Batallón Luciano
D’elhuyar relaciones con las autodefensas ilegales.
(Recuadro)
Reculó el exgobernador
“El ex gobernador de Santander Hugo Heliodoro Aguilar
Naranjo, se permite informar a la opinión pública: Que las declaraciones por él
hechas en noviembre de 2007, en su condición de primer mandatario de los
santandereanos, en las que expresó que el señor coronel del Ejército Julio
César Prieto Rivera se alió con sus contradictores políticos y pagó testigos
para incriminarlo en el proceso conocido como la ‘parapolítica’, no se ajustan
a la realidad y que, por el contrario, el señor oficial del Ejército Prieto
Rivera, en su paso por el Batallón Luciano D’elhuyar, acantonado en San Vicente
de Chucurí, Santander, se caracterizó por su actuar impoluto, ceñido a la
Constitución Política y la ley, brindando paz, tranquilidad y seguridad a los
habitantes de la Provincia de Mares”.
Este fue el texto de la retractación que el
‘parapolítico’ Hugo Heliodoro Aguilar Naranjo dio a conocer el pasado 21 de
septiembre en el periódico Vanguardia
Liberal, ocho años después de que descalificara al entonces comandante del
Batallón ‘Luciano D’elhuyar’ del Ejército de Colombia, coronel Julio César
Prieto Rivera.
El 2 de octubre de 2012 y según la noticia publicada por El Espectador, Aguilar Naranjo dijo que
el proceso en su contra era parte de una “unión
maquiavélica entre una fracción del Partido Liberal en Santander, un coronel (Julio César Prieto Rivera) que se volvió enemigo mío y
un hombre (Bonel Patiño Noreña) que destituí a los dos meses de ser secretario
porque no se ajustaba a las políticas del gobierno departamental”.
Sin embargo, Aguilar Naranjo -nacido en
Chitaraque (Boyacá) el 4 de enero de 1955 e identificado con cédula de
ciudadanía 19.320.312 expedida en Bogotá, fue condenado en agosto de 2013 por
la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia a 108 meses de
prisión “como responsable en calidad de autor del delito de concierto para
promover grupos armados al margen de la ley”, imponiéndole una multa de 10.750
salarios mínimos legales mensuales vigentes. Ya la Procuraduría General el 31 de enero de 2011 había destituido e inhabilitado a
Aguilar Naranjo para ejercer cargos públicos por el término de 20 años por sus
nexos con los paramilitares.
El fallo de la Corte Suprema resaltó: “Repárese, además, en
la gran diferencia de la votación obtenida por el procesado cuando salió
elegido como Diputado de la Asamblea Departamental de Santander en las
elecciones de 2000, con los resultados que arrojaron los votos depositados a su
favor en la elección a la Gobernación 2003, en municipios con injerencia
paramilitar y donde la prueba destaca que se reunió con los paramilitares que
allí dominaban así: en Santa Helena del Opón obtuvo en el 2000 un total de 5
votos, ocupando los últimos lugares entre los candidatos, pues la mayor
votación fue de 286 votos, mientras en las elecciones de 2003 sacó 1.263,
siendo el primero entre los aspirantes, seguido de 247 votos; en Rionegro
-donde está ubicado el corregimiento "San Rafael de Lebrija"- en las
elecciones del 2000 obtuvo 1.135 votos, ocupando el segundo lugar en relación
con 4.812 sufragios depositados por el candidato ganador allí, y en 2003 obtuvo
la mayor votación equivalente a 4.972, seguido de 4.343 votos que obtuvo el
segundo candidato; en Puerto Wilches en el año 2000 obtuvo 17 votos contra los
1.203 que alcanzó el ganador y, en 2003 obtuvo 5.803 ocupando el primer lugar
contra 2.709 del candidato que le siguió en votos; mientras en Gámbita
-municipio al cual pertenece el corregimiento "La Palma"- en las
elecciones de 2000 obtuvo 56 votos contra 255 del candidato ganador y, en 2003
sacó 855 votos siendo esa la mayor votación, seguida por una de 525 votos”.
Aguilar Naranjo salió en libertad
condicional de la cárcel de San Gil el pasado 5 de mayo de 2015 y el 21 de mayo
sus adeptos cerraron la calle 37 con carrera 11 para realizar una misa-acto
político en la que el exgobernador hizo público su apoyo a Carlos Fernando de
Jesús Sánchez Aguirre como su candidato a la Gobernación de Santander, y de Jaime
Vargas Mendoza a la Alcaldía de Bucaramanga (ya retirado).
El párroco de San Laureano, Néstor
Navarro Becerra, dijo en esa ocasión que: “Nos hemos
congregado en esta tarde como creyentes para expresar nuestra acción de gracias
a Dios por la libertad del coronel Hugo Aguilar”, aduciendo que “todos somos
pecadores”.
