La condena a Óscar Josué Reyes

Primero: Declarar penalmente responsable a Óscar Josué Reyes Cárdenas, de condiciones personales y civiles consignadas en esta providencia, en calidad de autor responsable del delito de concierto para promover grupos armados al margen de la ley y consecuentemente condenarlo a la pena principal de 90 meses de prisión e inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas durante el mismo término y multa de 6.500 salarios mínimos legales mensuales vigentes para el momento de la comisión del hecho.

De esta forma, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia se pronunció  con respecto al caso de este ex congresista santandereano de Convergencia Ciudadana, finalmente sentenciado el 18 de enero (de 2012), día en el que también recibieron el mismo castigo el ex senador y fundador de Convergencia Ciudadana (PIN), Luis Alberto Gil Castillo, y el ex representante a la Cámara por ese movimiento, Alfonso Riaño Castillo, todos ellos detenidos en la cárcel de La Picota (Bogotá).

Advirtiendo que “contra esta sentencia no procede recurso alguno”, la Corte Suprema estableció que en el caso de este ingeniero civil, de 54 años y nacido en Palmas del Socorro (Santander), “quedó demostrada con certeza su responsabilidad penal… Conforme los hechos de la acusación, la Corte lo declara responsable del delito de concierto para delinquir agravado, en la modalidad de promover grupos paramilitares, desatendiendo la solicitud de absolución hecha en audiencia pública por la defensa y la Procuraduría”.

Según la resolución de acusación, “el hecho se derivó de la circunstancia de (Reyes Cárdenas) haber buscado el apoyo del Bloque Central Bolívar de las autodefensas, en sus aspiraciones políticas, inicialmente para la Gobernación de Santander y luego al Congreso de la República”.

En 83 páginas en las que abundan nombres de delincuentes, fechas, lugares y pormenores, la Corte puntualizó que: “Con ese propósito (Reyes Cárdenas) no tuvo inconveniente en reunirse con Iván Roberto Duque Gaviria, alias ‘Ernesto Báez’, iniciándose los contactos en el año 2003 en el restaurante ‘Cuchara de palo’ de Bucaramanga, luego auspiciando la campaña de Hugo Aguilar en concentraciones en el sitio denominado San Juan Bosco La Verde, quien una vez obtuvo la Gobernación de Santander lo designó secretario de Gobierno. Como miembro del gabinete asistió a Santafé de Ralito en representación del gobernador Aguilar Naranjo, para atender los reclamos del grupo ilegal por los eventuales incumplimientos a lo pactado, y, finalmente, días antes de las elecciones de marzo del 2006, concurrió al hotel Chicamocha a reunirse con David Hernández (alias ‘Diego Rivera’), donde recibió aportes económicos de las autodefensas”.

La Corte analizó que “el extraordinario ascenso del partido Convergencia Ciudadana y la idea de lograr su posicionamiento como una fuerza poderosa a nivel del país, permitió la relación de sus dirigentes con confesos paramilitares como Eleonora Pineda, Rocío Arias y (alias) ‘Ernesto Báez’, lo que deja ver el panorama dentro del cual se movían el movimiento político y sus integrantes, uno de los cuales era Óscar Josué Reyes Cárdenas”.

En allanamientos realizados en 2002 a miembros del Bloque Central Bolívar (BCB) en Puerto Wilches, la Fiscalía halló documentos, agendas y videos que después de un examen le permitieron a la Corte detectar “una estructura organizada que iba desde la elaboración de materiales de intendencia, hasta el apoyo a candidatos, trasteo de votos y personas, gastos de campaña, inscripción irregular de cédulas, análisis y control sobre resultados de votaciones y su relación con políticos de la región, como lo fueron Carlos Clavijo, José Manuel Herrera Cely, los inconvenientes por la mala imagen del movimiento Convergencia Ciudadana, con Luis Alberto Gil Castillo, Alfonso Riaño Castillo, Rafael Castillo, Carlos Higuera Escalante, Rafael Ramos, todo lo cual permite determinar el contexto y la relación del grupo Convergencia Ciudadana con el BCB, al cual pertenecía el procesado y de cuya relación se benefició, lo cual ratifica lo afirmado por José Germán Sena Pico (alias ‘Nico’) y da por ende solidez a su testimonio”.

Entonces refiere la reunión de 2003 entre jefe del BCB, alias ‘Ernesto Báez’ y Óscar Josué Reyes Cárdenas, “la cual ha sido ampliamente criticada para desestimarla por los sujetos procesales, pero que dadas las consideraciones elaboradas no resulta de recibo para la Sala Penal, como quiera que el imperio militar que en la zona ejercía el Bloque Central Bolívar no permitía que candidato alguno estuviera por fuera de su dominio, más aún cuando el partido político al cual perteneció el procesado era una de las puntas de lanza de los paramilitares en Santander”.

A la Corte no le quedó duda alguna de las pretensiones de Reyes Cárdenas, “porque por su cuenta, por su iniciativa y utilizando las excelentes relaciones con algunos miembros del BCB, abordó al máximo líder político para auscultar la posibilidad de obtener el patrocinio político para ser candidato a la Gobernación, pero que, por existir un mejor candidato, una mejor opción, no se le brindó en ese momento, máxime cuando él en oportunidades anteriores había perdido las elecciones para la Gobernación; por eso cede su aspiración a favor de Hugo Aguilar, quedando planteada la relación entre el grupo paramilitar y el procesado”.

También dijo la Corte que la reunión que Reyes Cárdenas le solicitó al jefe paramilitar, “fue para presentarle su alternativa a la Gobernación, para solicitar su aval, el cual ante la presencia en el escenario político de otro candidato con mayor peso determinó que cediera su espacio, dándose su proyección primero a la Secretaría de Gobierno del Departamento y más adelante para la candidatura el Senado. Por eso la respuesta electoral que tuvo el ex senador en el departamento de Santander siendo la más cuantiosa de los candidatos del partido Convergencia Ciudadana, con una importante votación en municipios en donde ejerció influencia política y militar el Bloque Central Bolívar, en los departamentos de Santander y Bolívar”.

La Corte le dio validez al testimonio de alias ‘Nico’, por considerar que tiene elementos contundentes, como la reunión clandestina en 2004 en una finca del jefe paramilitar Salvatore Mancuso en Santafé de Ralito, en la que alias ‘Ernesto Báez’ “regañó” a Reyes Cárdenas “por la falta de colaboración y compromiso con el BCB”. Sobre el particular, alias ‘Ernesto Báez’ recordó: “Le reclamé con ira porque definitivamente el gobernador no nos cumplió con el compromiso que había hecho en la instalación de la mesa de todo el apoyo al proceso de reinserción de los desmovilizados”.

Se preguntó la Corte Suprema: “Si Óscar Reyes no tenía ninguna relación con los grupos paramilitares, ¿por qué asistió a esa reunión? Simple y llanamente porque era la persona de confianza para llegar a los líderes paramilitares por delegación del grupo político; era una persona que tenía estrecha relación con el grupo, era amigo personal de varios de sus integrantes desde tiempo atrás y se venía relacionando con ellos, como se demostró, solicitándoles su apoyo para los diferentes proyectos políticos”. Y agrega un comentario que Reyes Cárdenas le habría hecho a alias ‘Nico’ expresando su temor de ser descubierto: “Es que yo no me puedo quemar tanto como se quema Rocío Arias o Eleonora Pineda”.

En concepto de la Sala Penal, “tanto fue el compromiso, apoyo y patrocinio del grupo paramilitar por los líderes políticos de la época, entre ellos el procesado, que pretendieron torpedear la labor que desarrolló el coronel (Luis Alberto) Prieto Rivera (comandante del Batallón del Ejército acantonado en San Vicente de Chucurí); de todas formas se quiso bloquear su gestión denunciándolo para evitar que siguiera golpeando las estructuras armadas. Llegó a tal punto a ser incómodo que convocaron (en 2004) al Presidente de la República (Álvaro Uribe Vélez) para solicitar en un consejo de seguridad la salida del oficial, pretextando para ello argumentos que nunca tuvieron piso y que jamás culminaron en una investigación o una sanción en su contra. Fue tan meritoria su labor que sus superiores no dudaron en respaldarlo, como se infiere de su no retiro del servicio”. Coronel Prieto al que los paramilitares llegaron a ofrecerle 40 millones de pesos y cinco muertos cada mes “para que adecuara su comportamiento y retrocediera en el propósito de perseguirlos”.

Rescató la Corte una frase que Reyes Cárdenas le manifestó al alto oficial en tono desafiante: “Coronel, usted es un tipo muy joven, muy inmaduro, usted no conoce de la vida todavía, no busque problemas hombre, no joda tanto en esa región, no se busque problemas, no se meta con esa gente hombre, tenga la gente contenta, no joda tanto, mire que hasta lo pueden trasladar, y usted se va, usted es una ficha de ajedrez”.

“Esta frase o advertencia -dice el fallo- no tiene más explicación que la ofrecida por el comandante militar; se trató de una amenaza para que dejara de ser incómodo para los paramilitares, para que cejara en su compromiso de atacarlos. Por supuesto, deja entrever el compromiso del acusado con el grupo ilegal del cual se ha hecho mención, pues no de otra forma se explica que de manera tan abierta y directa se hubiera dirigido al oficial”.   

“Era tan grande y estrecho el compromiso que tenía parte de la clase dirigente de Santander, en su momento, con el grupo ilegal, que no importó el sometimiento en que se tenía a la población civil ni los vejámenes que ésta sufría, sólo primaron sus propios intereses y el acuerdo establecido entre la dirigencia política y los irregulares para obtener los beneficios electorales con los cuales se veían e iban a ser favorecidos… Por eso que Óscar Reyes no respaldó en los consejos de seguridad y comunales al coronel Prieto cuando estaba librando una batalla destacable en contra de los paramilitares; precisamente porque era parte de ellos, hacía parte del grupo que atacaba la excelente labor que venía desarrollando el militar, lo cual incomodaba a todo el grupo ilegal”, subrayó la Corte.

Por último, la Corte igualmente valoró el testimonio de David Hernández López, alias ‘Diego Rivera’, quien detalló la reunión que por órdenes de alias ‘Julián Bolívar’ y en compañía de alias ‘Tarazá’ y alias ‘Alfonso’, sostuvo en marzo de 2006 (mes de elecciones) en el hotel Chicamocha de Bucaramanga con varios políticos, entre ellos Luis Alberto Gil, Alfonso Riaño y Reyes Cárdenas (capturado el 25 de octubre de 2010), y en la que los paramilitares les enviaban dinero para sus campañas.

Este hecho llevó a Ramón Ballesteros a viajar en 2010 a Estados Unidos para ofrecerle 100 mil dólares (US$20 mil a nombre de Reyes Cárdenas) a alias ‘Diego Rivera’ -testigo protegido de la agencia antinarcóticos DEA- con el propósito de que cambiara su versión, afirmara que tal reunión no existió y de paso arremetiera contra el magistrado Iván Velásquez. (Por ello Ballesteros, una vez detectado en su treta, se acogió a sentencia anticipada y fue sentenciado a 36 meses de prisión).

Como contundente califica la Corte el testimonio de alias ‘Diego Rivera’, al que acompaña el respaldo probatorio y documental. “Así entonces queda demostrada no sólo la veracidad del testimonio que rindió David Hernández, sino la connivencia del procesado con los miembros del grupo al margen de la ley y en especial el apoyo económico que de éstos recibió, precisamente por el respaldo que él y el grupo político al cual pertenecía de tiempo atrás le venía otorgando, aspecto este que por sí solo estructura la responsabilidad del encartado en la comisión del punible que se le endilga y que resultaría suficiente para la Sala Penal a fin de establecer el compromiso que Reyes Cárdenas y su movimiento político tenían con los grupos al margen de la ley, específicamente con el Bloque Central Bolívar”.

Para concluir: “En el caso bajo examen la prueba conduce a la certeza de la celebración de las susodichas reuniones entre el ex congresista y las autodefensas y un acuerdo con fines electorales, que se concretaba en la promoción y apoyo del líder político a la agrupación ilegal para que ésta de igual manera prestara su concurso en ofrecerle el respaldo con miras a las elecciones y así tener bajo su accionar a varios políticos en el Senado que permitirían sacar adelante todas sus iniciativas políticas”.

“Además de típica la conducta del ex senador que se condena se revela antijurídica y culpable, pues con ella lesionó sin motivo de justificación atendible el bien jurídico de la seguridad pública, y porque hallándose en condiciones de actuar en forma distinta, conforme a derecho, resolvió llevar adelante la acción delictiva reprochable en grado sumo con conciencia plena de su tipicidad y antijuridicidad”, sentenció la Corte Suprema de Justicia en la página 76. El documento tiene la firma de los magistrados Javier Zapata Ortiz, José Luis Barceló Camacho,  José Leonidas Bustos Martínez, Fernando Alberto Castro Caballero, Sigifredo Espinosa Pérez, María del Rosario González Muñoz, Augusto J. Ibáñez Guzmán, Luis Guillermo Salazar Otero y Julio Enrique Socha Salamanca.

No lo abandonan

El hoy condenado ex senador Óscar Josué Reyes Cárdenas ha escuchado voces de solidaridad como la de Laureano Tirado, columnista de El Frente, quien el 29 de octubre de 2010 escribió una defensa de su “amigo”, empezando por decir que “es de los aventajados alumnos de la buena escuela política que regentó en Santander Feisal Mustafá Barbosa (conservador)”.

Del ex gerente general de Caminos Vecinales en el gobierno de Ernesto Samper, también dijo Tirado que: “Está atravesando por un momento difícil, víctima de la pesadilla de los anónimos y los señalamientos de personas que rumoran lo que nunca podrán comprobar, lo que nunca existió”, para concluir con una voz de aliento: “¡Óscar, lo esperamos para continuar la marcha que comenzó hace 30 años!”.

Por su parte el periódico El Frente manifestó en su editorial del 23 de noviembre de 2010: “Reyes Cárdenas puede decir, como muchos otros perseguidos por la justicia, que la gloria le ha costado lágrimas”.

Según ese medio, propiedad del ex parlamentario conservador Rafael Serrano Prada, “Un ex para militar lo acusa (a Reyes Cárdenas) de haberlo visto conversando con actores armados, pertenecientes a la extrema derecha, cuando era candidato al Senado, como si un dirigente de alto rango tuviera la obligación de conocer los antecedentes de las personas que se le acercan a conversar sobre temas triviales, relacionados con la actividad política”.

Para El Frente: “Varios ex congresistas están encartados por acusaciones injustas que derivaron en procesos que adelanta la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, cuando la verdad es que los dirigentes políticos de Santander que sobrevivieron a la vorágine de la violencia, fueron unos héroes”.

Llevándoles la contraria a Tirado y Serrano Prada, la Corte Suprema determinó que tanto Óscar Josué Reyes Cárdenas como Luis Alberto Gil Castillo y Alfonso Riaño Castillo son responsables del delito de concierto para delinquir agravado y por ellos les impuso una condena de siete años y medio de prisión a cada uno de los tres políticos.

Por “haberse aliado” el ex senador Óscar Josué Reyes Cárdenas con miembros de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), “para alterar el desarrollo de los comicios electorales en los que participó”, la Corte Suprema de Justicia lo condenó a siete años y seis meses de prisión, por lo que deberá permanecer en la cárcel de La Picota, a donde fue llevado desde 2010 tras su captura.