En septiembre de
2005 se realizó en Bogotá un foro convocado por Semana, El Tiempo, Caracol
Radio y la Fundación Fescol en el que se debatió el fenómeno del
paramilitarismo y su desmovilización. Asistieron los grandes medios de
comunicación y y este periodista a nombre del Periódico 15 (ver edición 78 del 1 de
octubre de 2005). Pero entre tanta cámara, micrófono e invitados de primer
orden, pasó un tanto desapercibida la exposición que sobre el tema hizo Claudia
López, columnista del diario El Tiempo
y la revista Semana.
Palabras que
hoy, 15 meses después, recobran vigencia a raíz de la detención ordenada por la
Corte Suprema de Justicia contra tres parlamentarios y un ex gobernador de
Sucre por sus nexos con las llamadas autodefensas, y por lo que se avecina de
continuar este escándalo que según el fiscal general Mario Iguarán Arana, puede
ser más grave que el Proceso 8.000 en el que fueron protagonistas el presidente
Ernesto Samper y sus colaboradores Horacio Serpa, Rodrigo Pardo y Fernando
Botero, entre otros, junto a los hermanos extraditados Miguel y Gilberto
Rodríguez Orejuela.
Citando
información de la Oficina de Derechos Humanos de la Vicepresidencia de la
República, la Policía Nacional y la Registraduría Nacional, López dijo: “Entre
1998 y 2000 en los departamentos de Antioquia,
Sucre, Córdoba, Cesar, Magdalena y Guajira las masacres crecieron 140%,
pero de ellas las presuntamente cometidas por paramilitares crecieron en 664%.
Y sólo comenzaron a bajar en 2002, año en que se llevaron a cabo las elecciones
de Congreso. A ellos también se atribuye el 41% del total de víctimas de los
actos violentos en esas zonas. El resto fue presuntamente cometido por la
guerrilla, que reaccionó con igual barbarie a la ofensiva paramilitar”.
Este fue su
preámbulo para responderle al auditorio que sí es posible identificar las
personas que están detrás de los grupos paramilitares. “Que no lo queramos ver
o que nos de miedo llamar las cosas por nombre propio es otra cosa, pero también
es cierto que hay evidencia clara y contundente”.
La consolidación
política que se dio entre 2002 con la elección de Congreso y 2003, con los
comicios locales, fue atípica, según López, porque por ejemplo hubo municipios
donde un solo candidato arrasó con más del 70% del total de la votación.
Ese panorama le
llevó a concluir a López que esa es “la muestra de que ganaron la guerra y que
así como tomaron el control militar y económico, lo hicieron con el control
político, precedidos por una ola de matanzas y de violencia”.
La estrategia
política de los paramilitares, según el estudio de López, consistió en crear
unos nuevos distritos electorales que no contemplaba la ley colombiana, los
cuales “fueron fruto de unos acuerdos de organizaciones políticas y paramilitares,
que asignaron a una pareja de candidatos, uno a la Cámara y otro al Senado,
algunos de los cuales eran nuevos y algunos de los cuales que provenían de
organizaciones como Convergencia Ciudadana, Colombia Democrática, Cambio
Radical e incluso el Partido Liberal”.
Así fue pasando
revista región por región y entre tantos casos que citó llamaron la atención
los siguientes:
“La exrepresentante a la Cámara por Córdoba, Eleonora Pineda, y declarada amiga del
comandante paramilitar Salvatore Mancuso, dice que sus votos provienen de que
ella era concejal en Tierralta. Lo que
ocurre es que cuando fue concejal en el año 2000 sacó 748 votos y en el 2002,
en ese municipio sacó 11.897 votos y en el total del departamento sacó 82.000
votos… una hazaña sin duda”.
“Sucre es un
departamento pequeño que ya estaba completamente tomado y no había necesidad de
hacer distritos. El senador es Álvaro Alfonso García Romero (hoy detenido por
orden de la Corte Suprema) y la representante Muriel Benita Revollo, que dice
que sus votos provienen de su hermano que fue diputado y sacó 9.000 votos y
ella sacó 24.000. Otro milagro político”.
La toma
paramilitar denunciada por López tuvo un patrón que consistió en entrar a
muchas zonas del país con “masacres, homicidios selectivos, penetrar la
economía local, consolidar esa influencia política en las elecciones locales y
regionales y además meterse en otros negocios como el chance, la palma
africana, el contrabando de gasolina, etc.”.
Y con algo de
ironía, la analista Claudia López concluyó que “no creo que políticos y
paramilitares sean lo mismo. No creo que uno pueda comparar a Don Berna con Rocío Arias o a Eleonora
con Mancuso, porque ahí había una división del trabajo…, pero para todos hay
que contemplar una salida política si es que estamos dispuestos a desarrollar
un proceso de paz”.
La alternativa,
según López, era que “estos políticos y muchos otros, deberían someterse a la
Ley 782, reconocer el delito político en el que incurrieron, solicitar el
indulto político y seguir haciendo política”.
¿Cuál es la
razón para proponer eso? “La paz es el producto equilibrado de la verdad, la
justicia y la reparación, no de la total impunidad… No tendría ningún sentido
que los Mancusos y los Bernas queden limpios, y las Rocíos y las Eleonoras y
etc, sigan quedando bajo la tacha de que algún día los puedan meter a la cárcel
o señalar. Así que el sapo es muy grande, pero si queremos la paz vamos a tener
que comérnoslo completo”, decía López en septiembre de 2005.
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