miércoles, 1 de octubre de 2014

Exgobernador Aguilar tardaría mil años en pagar multa por parapolítica (El Tiempo)

Debe 6.337 millones por apoyar grupos ilegales. 'Conejo' de 'parapolíticos' a reparación.

Ellos hacen parte del grupo de 1.429 condenados por hechos relacionados con el conflicto armado desde el 2011, en el que hay también guerrilleros, paramilitares, miembros de bandas criminales y miembros de la Fuerza Pública. La Ley de Víctimas ordenó que las millonarias multas que les impuso la justicia fueran al Fondo Nacional de Reparación, pero las cifras son simplemente desalentadoras.
En total, la deuda de los victimarios con el Fondo va en 1,3 billones de pesos. De ese dinero, que debía ser destinado a la reparación, el Gobierno solo recibido de los condenados un poco más de 3 millones. Y de esos 3 millones, los ‘parapolíticos’ solo han pagado un millón.
El reporte, además de escandaloso, es alarmante porque los cálculos oficiales del costo de la reparación de los 6,8 millones de víctimas de la guerra llegan a los 54 billones de pesos. El Fondo apenas ha recibido 200.000 millones en una década.
Nadie paga
Quienes más les deben a las víctimas, por sentencias posteriores a junio del 2011, son precisamente los desmovilizados de las Auc. Hay 462 ‘ex-paras’ que tienen multas y no han entregado un peso para el Fondo.
En la lista de ‘morosos’ de la reparación aparecen 353 guerrilleros de las Farc, varios de ellos del Secretariado, condenados y con multas que ya van por encima de los 80.000 millones de pesos.
Y si bien resulta poco sorprendente que los miembros de los grupos armados, muchos de los cuales fueron condenados en ausencia, no paguen sus multas, el capítulo de los políticos que se aliaron con ellos es cuestionable porque el ‘conejo’ al Fondo de Reparación es incluso mayor que el de los desmovilizados de las Auc.
Los 31 que figuran en la lista de morosos deben 106.533 millones de pesos. El único que ha hecho un abono, en dos cuotas de 500.000 pesos, es el exgobernador de Santander Hugo Aguilar Naranjo, condenado el 14 de agosto del 2013 por haber conformado una alianza con los paramilitares del ‘Bloque Central Bolívar’. La Corte Suprema de Justicia le impuso 9 años de cárcel, que aún está purgando, y una multa de 6.337 millones de pesos.
Aguilar, uno de cuyos hijos es senador y el otro, Gobernador de Santander, hizo un acuerdo de pago con la Unidad de Víctimas para abonar mensualmente su deuda. Al ritmo de los 500.000 pesos por mes que ha venido pagando, tomaría 1.056 años cubrir la multa.
La lista de morosos la encabeza el exsenador antioqueño Óscar de Jesús Suárez Mira, quien hoy adeuda 7.074 millones de pesos. El exparlamentario, preso desde el 2011 y condenado en julio del año pasado, sigue teniendo hoy fichas en la política. Su hermana, Olga Suárez Mira, fue reelegida en Senado en las elecciones pasadas con 70.200 votos y en Bello, su área de influencia, sigue siendo el mayor poder político a pesar de estar detenido.
Algo similar pasa con Javier Cáceres, expresidente del Congreso, que debe 6.092 millones de pesos y acaba de recobrar la libertad. Su hija, Luz Stella Cáceres, aspiró al Congreso en las pasadas elecciones por el partido Conservador.
Otro que no ha cumplido con la justicia y que mantiene su poder político es el exsenador y exjefe de Convergencia Ciudadana Luis Alberto Gil Castillo. Recuperó su libertad en marzo del 2012 y en los registros oficiales figura que no ha pagado uno solo peso de los 3.683 millones que les debe a las víctimas. Su esposa, Doris Vega, está en el Congreso.
Odín Horacio Sánchez Montes de Oca, quien debe 5.891 millones de pesos, es uno de los barones políticos en el Chocó. Su hermana Astrid estuvo hasta hace menos de un año en el Senado. Su otro hermano, Patrocinio, también fue procesado por nexos con paramilitares y hoy está secuestrado.
Tampoco ha pagado el exgobernador de Bolívar Libardo Simancas, que fue multado con 1.800 millones y ha sido mencionado en procesos relacionados con la ‘Gata’ y la pirámide DMG. En la lista de deudores también aparecen Jorge Aurelio Noguera Cotes, exdirector del DAS, que debe 3.486 millones de pesos; el excongresista de Magdalena Miguel Pinedo Vidal (6.233 millones de pesos), y Mario Salomón Náder (3.683 millones de pesos), entre otros.
Ante el incumplimiento, la Unidad de Víctimas revisa la posibilidad de iniciar cobros coactivos que, en oportunidades anteriores, se han encontrado –como sucedió con un poderoso político del Valle que habitaba una lujosa mansión y volvió a ser detenido por otro delito– con que los incumplidos les han salido adelante y se han declarado en quiebra.
'Unidad perseguirá bienes de deudores': Juan Camilo Morales, coordinador del Fondo de Reparación de Víctimas
¿Por qué ha sido tan difícil cobrar las multas?
Se necesita una acción conjunta de las instituciones, la persecución de los bienes de todos los condenados por concierto para delinquir, con la misma intensidad con la que se buscan los de los paramilitares. Sabemos que la Fiscalía ha incautado una gran cantidad de bienes de personas relacionadas con grupos armados y esas propiedades deben llegar al Fondo de Reparación de Víctimas.
¿Qué pasa si un condenado no paga?
La Unidad primero hace un cobro persuasivo, que consiste en buscar un acuerdo con el deudor (se han logrado 4 acuerdos) y si no se cumple ese pacto, se pasa a la etapa de cobro coactivo.
¿Cómo es ese cobro?
La Unidad de Víctimas, como entidad pública, tiene la facultad de embargar bienes y rematarlos, para conseguir dineros para la reparación. Aún no hay resultados porque esta estrategia apenas comenzó.
¿Los deudores que no paguen pueden quedar libres?
Algunos ya han quedado libres. Lo que estamos buscando es que los jueces, antes de dejar en libertad a postulados en justicia y paz, o a ‘parapolíticos’, nos pidan un reporte en el que se verifique que sí pagaron la multa que deben.
JUSTICIA

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