miércoles, 20 de marzo de 2013

Derechos Humanos en Colombia, el semáforo sigue en rojo



 
En el examen de Derechos Humanos que Colombia presenta anualmente ante la comunidad internacional, en 2012 hay aspectos en lo que se avanzó significativamente, pero que comparados con el grueso de la situación no permiten cantar victoria.
 
El jurista estadounidense Todd Howland, representante de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, estuvo en Bucaramanga el 5 de marzo con el propósito de presentar el documento.
 
Según Howland, el panorama nacional en esta materia se asemeja a un semáforo con sus tres luces: motivos de esperanza, problemas que requieren cuidado y especial atención, y aquellos que requieren acciones urgentes.
 
El funcionario de la ONU es optimista y con el documento en mano lee: “Se observan importantes signos positivos, pero para obtener y mantener estos logros se requerirán innovación y persistencia, y la participación de todos los sectores de la sociedad, así como años de esfuerzos sostenidos”. Pero luego de una breve pausa, acota: “El informe pone de manifiesto graves problemas de derechos humanos que continúan siendo negados o siguen sin resolverse”.


Entonces recuerda que Colombia es “el campeón” del mundo en víctimas de minas antipersona, el país que más defensores de derechos humanos tiene bajo protección (3.500), el segundo en desplazados por el conflicto armado interno (casi cinco millones de personas, lo cual equivale a un 10 por ciento de la población) y el que posee uno de los niveles más altos de desequilibrio en la tenencia de la tierra rural, sin olvidar que este es un país de renta media con altos índices de desigualdad.
 
Dos de los muchos signos positivos (verde) son el inicio oficial en octubre de 2012 del diálogo entre el Gobierno del presidente Juan Manuel Santos y la guerrilla de las Farc para ponerle punto final a la guerra y edificar una paz estable y duradera, al cual se podría sumar un acercamiento con el Ejército de Liberación Nacional (ELN). El otro aspecto es la aplicación de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras.

Pero Howland dice que no puede ignorarse que en el contexto del conflicto armado, se comete una interminable lista de violaciones: asesinatos, desapariciones, torturas, uso de minas, desplazamiento forzado, violencia y explotación sexual, reclutamiento de niños, restricciones a la libertad de movimiento y circulación de alimentos y medicinas, conculcación de los derechos a la educación y la salud…


“Para lograr la paz hay que asegurarse de que ni las Farc ni el Estado repitan estas violaciones, que se respeten la verdad y la justicia y que las víctimas tengan una mayor oportunidad de participar en los beneficios políticos y económicos de Colombia”, reitera, siguiendo al pie de la letra el texto de 21 páginas que él mismo va obsequiando a periodistas, soldados, policías, funcionarios municipales y departamentales, miembros de organizaciones no gubernamentales y a la misma señora que ha venido desde Barrancabermeja para implorarle atención por cuanto ella tiene protección policial, pero sus hijos deben permanecer encerrados porque han recibido amenazas recientemente y no hay quién les garantice su integridad.
 
En cuanto a la Ley de Víctimas, advierte que la reparación no debe limitarse a una indemnización económica. “Los planes de reparación individual deben permitir la reconstrucción de una vida digna y los colectivos deben orientarse a la recuperación del tejido social de las comunidades afectadas”, subraya.

El panorama empieza a complicarse cuando la luz salta a amarillo. Es ahí cuando Howland hace referencia al acoso y agresiones a defensores de derechos humanos y líderes de las víctimas de desplazamiento forzado, en la mayoría de los casos por parte de grupos surgidos tras la desmovilización de los paramilitares, aunque las Farc también han sido señaladas por estos delitos.


En 2012 su Oficina no recibió ningún informe de “homicidios cometidos por militares con el propósito de inflar las estadísticas”, admite Howland, e incluso celebra la condena a un teniente del Ejército que violó y asesinó a una niña y a sus dos hermanos en Arauca en 2010.
 
A renglón seguido, sin embargo, sostiene que en Colombia siguen existiendo obstáculos graves al derecho a la libertad de expresión y opinión, y no pasa por alto el reiterado uso excesivo de la fuerza en las manejo de las manifestaciones públicas por parte de la Policía, incluido el Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad).
 
La Ley de Inteligencia y Contrainteligencia es un paso adelante, y más si se trata de garantizar que la nueva Dirección del área “no adopte las prácticas criminales de su predecesor” -DAS-, pero le preocupa que unos 5.000 exempleados del Departamento Administrativo de Seguridad hayan sido trasladados a otros departamentos gubernamentales “sin haber sido objeto de ningún proceso de depuración”.
 
Antes de que el semáforo se ponga en rojo, Howland habla de los limitados resultados alcanzados por la llamada Ley de Justicia y Paz (heredada del Gobierno anterior). “A septiembre de 2012, de los miles de posibles acusados solo se había condenado a catorce personas”, señala.
 
Se refiere igualmente a la crisis carcelaria, la cual registra un hacinamiento agudo de un 50 por ciento por encima de la capacidad, y a la desaparición forzada en la que los esfuerzos del Gobierno para hacerle frente han sido “insuficientes”, así como los de la Fiscalía, si se tiene en cuenta que de 27.382 investigaciones criminales activas, su unidad especializada -creada en 2010- ha obtenido 46 condenas.
 
Las alarmas se disparan cuando Howland asevera que considerando la magnitud de las crisis de los llamados ‘falsos positivos’ o ejecuciones extrajudiciales, “son muy pocos los responsables que han sido retirados del servicio o procesados”. La Fiscalía tiene denuncias relativas a 4.716 víctimas de homicidios presuntamente cometidos por miembros de las fuerzas de seguridad, pero “solo hay proceso activos conocidos en un 30% de ellas” y de ellos la gran mayoría no ha superado la fase preliminar de la investigación criminal.
 
También llama la atención sobre la reforma constitucional para ampliar la jurisdicción de los tribunales militares, la cual “vulnera la separación básica entre los poderes necesaria para la independencia del poder judicial”, y en cuya aprobación fueron desoídas las fuertes críticas formuladas por la Alta Comisionada de la ONU. “Cuando la justicia militar asume competencia sobre un asunto que debe ser examinado por los tribunales civiles, se vulnera el derecho de las víctimas de acceso a la justicia, así como el derecho a ser juzgado por un juez competente, independiente e imparcial”, recalca.


Como en años anteriores, manifiesta Howland, las Farc y el ELN continuaron sistemáticamente despreciando el Derecho Internacional Humanitario y el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, en tanto que los grupos surgidos de la desmovilización de los ‘´paras’ son considerados como una de las mayores amenazas para el orden público.
 
Por último, denuncia que el conflicto armado ha debilitado la estructura social y la integridad de los pueblos indígenas, afrocolombianos, raizales, palenqueros y romaníes. “Hoy en día, los megaproyectos y la explotación mineral presentan riesgos adicionales”, declara, añadiendo que: “Las decisiones relativas a la utilización y explotación de los recursos naturales suelen tomarse sin respetar el derecho a la consulta previa, sin el respeto debido a las autoridades y procedimientos tradicionales y sin ajustarse tampoco al contexto cultural específico”.

Howland y su equipo de colaboradores saben que tienen muchas tareas por delante, así que dan por descontado que en 2013 el Gobierno colombiano prorrogue la presencia en el país de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos, vital si de lo que se trata es no solo de mejorar la situación en esta materia, sino de construir la paz con justicia social que el país y la comunidad internacional tanto anhelan. Porque aún en rojo, la ONU sigue trabajando por Colombia.

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