El horror de los ‘falsos positivos’ en Colombia

(Esta nota la publiqué en la edición 295 del Periódico 15, de Bucaramanga, que circula desde el domingo 5 de julio de 2015)

El Periódico 15 revela las partes sustanciales del documento “Evidencias de responsabilidad de generales y coroneles del Ejército colombiano por ejecuciones de civiles”, elaborado por la organización internacional Human Rights Watch (HRW). 

En junio de 2011 un grupo de madres de Soacha vinieron a la Plaza Cívica ‘Luis Carlos Galán’ de Bucaramanga a reclamar justicia por sus hijos asesinados en marzo de 2008 por miembros del Ejército de Colombia en Ocaña (Norte de Santander) y Cimitarra (Santander).  Fue la primera sentencia que se conoció en el país por el escándalo de los llamados ‘falsos positivos’ y una jueza condenó a ocho militares –incluido un teniente coronel– por el homicidio agravado de Daniel Andrés Pesca Olaya y Eduardo Garzón Páez. La Fiscalía determinó que en la “Misión Táctica Marfil” no hubo tal combate con guerrilleros del ELN –como alegaban los uniformados adscritos a la Quinta Brigada–, que las armas que les pusieron a los cadáveres no servían, que las botas eran nuevas, que debajo del camuflado llevaban ropa, lo cual no es usual en la subversión y menos en un clima como el del Magdalena Medio, y que los jóvenes viajaron engañados por un ofrecimiento de trabajo y después de su muerte fueron sepultados como N.N. en Cimitarra. / Foto PVG

El fiscal general Eduardo Montealegre se ha comprometido a que antes de diciembre de este año el país no solamente conocerá los nombres de los máximos responsables de los llamados ‘falsos positivos’, sino que se emprenderán las acciones legales correspondientes contra los ‘cerebros’ de una barbarie que -según el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos- alcanzó una cantidad que podría ascender a 5.000 víctimas.

Mientras tanto, una polvareda de enormes implicaciones se ha levantado a consecuencia del informe de 105 páginas que la organización internacional Human Rights Watch (HRW) ha presentado al mundo bajo el título: “El rol de los altos mandos en falsos positivos”.

Y es que con el acostumbrado tono directo que su director para las Américas, José Miguel Vivanco, ha empleado cada vez que tiene que hacer una denuncia sobre Venezuela, México, Cuba o Ecuador, en esta ocasión HRW va directo al grano y afirma que hay “evidencias sustanciales de que los falsos positivos no fueron obra de unas ‘manzanas podridas’, sino que fueron cometidos por la gran mayoría de las brigadas en distintas regiones de Colombia a lo largo de varios años. Cuanto mayor es la cantidad de asesinatos y más parecen responder a un patrón sistemático de ataques, menor es la probabilidad de que los superiores no supieran sobre ellos”.

El modus operandi general de los falsos positivos implicó que los comandantes de unidades tácticas y brigadas debieran realizar una serie de acciones, como emitir “órdenes de operaciones” y otros documentos oficiales para autorizar las supuestas operaciones, asevera HRW, y agrega que “todos los falsos positivos fueron informados oficialmente a comandantes de unidades tácticas, brigadas y divisiones como muertes en combate, y las circunstancias frecuentemente poco verosímiles de los incidentes informados sugieren que estos deberían haber detectado irregularidades”, advirtiendo que “desde 2004, o tal vez incluso antes, se difundieron versiones creíbles sobre falsos positivos, y esto puso a los comandantes en conocimiento de la posibilidad de los crímenes”.

Como era de esperarse, el procurador Alejandro Ordóñez Maldonado reaccionó diciendo que son informaciones “ligeras y envenenadas”, mientras que el expresidente y hoy senador Álvaro Uribe Vélez y el presidente Juan Manuel Santos han salido a cuestionar el documento, a descalificar a la reconocida ong y a defender a capa y espada a las Fuerzas Militares, mientras que los dos últimos insisten en evadir eventuales responsabilidades –Santos fue ministro de Defensa de 2006 a 2009–, pero columnistas como Ramiro Bejarano también se han pronunciado y dicho en El Espectador que “se ve más claro que estos crímenes macabros no fueron hechos aislados sino una política sistemática de exterminio. No de otra forma se explica que el ministro de Defensa de la seguridad democrática, Camilo Ospina, hubiese expedido la resolución que sirvió de base para que se montara esa tenebrosa operación de ejecuciones extrajudiciales”.

Y Antonio Caballero, en la revista Semana, manifestó: “Tres mil asesinados disfrazados con uniforme guerrillero después de muertos. Tres mil asesinatos que a los asesinos les valieron premios, días de permiso, condecoraciones, ascensos. Que yo recuerde, fue sin soporte documental, por simple sentido común, como hace siete años el mismo Juan Manuel Santos, por entonces ministro de Defensa, destituyó de un tacazo a 17 coroneles, mayores y generales por las primeras denuncias de estos mismos terribles y vergonzosos ‘falsos positivos’. Lo que hace ahora HRW es simplemente pedir que se prosiga la tarea que entonces emprendió Santos”.

En opinión de Caballero, “la Fiscalía acaba de llamar a declarar a cuatro generales retirados de alto nivel de los años de plomo de Uribe, incluyendo a uno que llegó a la comandancia de las Fuerzas Militares. Pues tampoco es verdad, como afirma el presidente, que solamente se hayan ‘cometido errores’ en materia de abusos castrenses. Son demasiados ‘errores’. Las habitualmente desdeñadas ‘manzanas podridas’ dentro de la institución han acabado por pudrir el barril”.

Caballero apunta que la denuncia de Human Rights Watch se queda corta. “Está muy bien que se señale la responsabilidad de la alta oficialidad, y no solo la de los cientos de soldados, cabos y tenientes ya condenados. Pero hay que mirar también la de los civiles que les trazaron el camino de las atrocidades. La de los ministros de Defensa, para empezar. Y en particular la de Camilo Ospina, que en 2005 ordenó la política del conteo de cadáveres y les puso precio: una recompensa de 3.800.000 pesos por cada guerrillero muerto. La de su jefe el entonces presidente Álvaro Uribe Vélez. El cual no solo justificó cínicamente los ‘falsos positivos’, llamando ‘ajusticiados’ a los asesinados e insultándolos después de muertos al insinuar con sonrisita pícara que ‘no estarían allá cogiendo café’, sino que los promovió activamente con su exigencia a los soldados de que mostraran resultados, ciertos o falsos, de victoria. Lo puedo imaginar en sus tan elogiadas rondas telefónicas de mandos militares al amanecer:

–¡Qué, coronel! ¡Y es que su batallón no combate a la Far o qué? ¿Allá no hay terroristas muertos? ¿Me va a tocar a mí ir personalmente?

Y como por milagro empezaban de inmediato a aparecer cadáveres hasta en los más urbanos cuerpos de intendencia. Por eso muchos no quieren que se escudriñe la historia para que se esclarezca la verdad. Puede resultar incómoda”, concluye Caballero.

La Fiscalía General ya citó a comparecer ante un fiscal delegado a cuatro generales retirados: el excomandante del Ejército, Mario Montoya Uribe; el excomandante de la Fuerza de Tarea Conjunta, Ricardo Andrés Bernal Mendiola; el jefe de planeación y transformación del Ejército, Jorge Salgado Restrepo; y al  excomandante de la Quinta División, Henry William Torres Escalante. Pero en la investigación de HRW también figuran el actual comandante de las Fuerzas Militares, general Juan Pablo Rodríguez Barragán, y el jefe del Ejército, general Jaime Alfonso Lasprilla Villamizar.

2002-2008, un periodo aciago

Un indicio de las dimensiones del fenómeno conocido como ‘falsos positivos’ lo muestra Human Rights Watch en el mapa adjunto en el que solamente hace referencia a once brigadas analizadas de un total de 41, una de ellas la 14, asentada en Puerto Berrío (Antioquia) pero con radio de acción en algunos municipios del Magdalena Medio santandereano y que aparece con 51 ejecuciones, o la 15 Brigada Móvil, con sede en Ocaña (Norte de Santander), con 38 ejecuciones.

“Estos casos de ‘falsos positivos’, cometidos a gran escala durante siete años, constituyen uno de los episodios más nefastos de atrocidades masivas ocurridos en el hemisferio occidental en las últimas décadas”, señala HRW, recordando que en septiembre de 2008, el escándalo mediático sobre la ejecución por soldados de hombres jóvenes y adolescentes de Soacha (Cundinamarca), influyó en que el Gobierno se viera obligado a adoptar medidas serias para frenar estos delitos, incluido el pase a retiro de tres generales del Ejército.

La Fiscalía General de la Nación investiga actualmente más de 3.000 presuntos casos de falsos positivos atribuidos a militares. Más de 800 miembros del Ejército de Colombia, en su mayoría soldados de rangos inferiores, han sido condenados por ejecuciones extrajudiciales perpetradas entre 2002 y 2008.

Algunos de los comandantes de las 11 brigadas analizadas posteriormente ascendieron a los niveles más altos de la línea de mando militar y HRW apoyada en datos de la Fiscalía señala que se estarían investigando al menos 44 presuntas ejecuciones extrajudiciales perpetradas por soldados de la 4 Brigada durante el periodo en el cual el general retirado Mario Montoya Uribe –quien fue comandante del Ejército Nacional de 2006 a 2008– estuvo al mando; al menos 113 presuntas ejecuciones extrajudiciales perpetradas por soldados de la 4 Brigada durante el periodo en el cual el general (r) Óscar González Peña –quien fue comandante del Ejército Nacional de 2008 a 2010–  estuvo al mando; al menos 28 presuntas ejecuciones extrajudiciales perpetradas por soldados de la 4 Brigada durante el periodo en el cual el general Juan Pablo Rodríguez –actual comandante de las Fuerzas Militares–  estuvo al mando; y al menos 48 presuntas ejecuciones extrajudiciales cometidas por soldados de la 9 Brigada durante el periodo en el cual el general Jaime Lasprilla Villamizar –hoy comandante del Ejército– estuvo al mando.

“Conforme a datos de la Fiscalía, los casos de ejecuciones extrajudiciales perpetradas por soldados alcanzaron un nivel máximo durante los tres años en los cuales Montoya Uribe estuvo al frente del Ejército, y se están investigando más de 1.100 presuntas ejecuciones ilegales cometidas por agentes del Estado solamente en 2007, que se atribuyen en su gran mayoría a miembros del Ejército”, subraya HRW.

“Las ejecuciones extrajudiciales aparentemente generalizadas y sistemáticas cometidas por soldados de casi la totalidad de las brigadas en cada División de Colombia abonan la conclusión de que los más altos niveles de mando del Ejército deberían, al menos, haber sabido de las ejecuciones, e incluso podrían haberlas ordenado o facilitado activamente su comisión”, recalca el informe.

HRW también dice que su investigación demuestra que los fiscales que investigan casos de falsos positivos enfrentan graves obstáculos, que van desde la falta de cooperación con las investigaciones por parte de autoridades militares hasta amenazas y ataques a testigos clave.

“A siete años de que trascendiera el escándalo sobre los falsos positivos, existen abundantes evidencias que indican que son muchos los oficiales de alto rango del Ejército que tienen responsabilidad por lo sucedido, y es vital que el gobierno realice acciones más enérgicas para asegurar que rindan cuentas. Algunos pasos importantes son disponer que las autoridades militares cooperen con investigaciones sobre falsos positivos, asignar suficientes fiscales para que impulsen tales investigaciones, proteger a testigos y sus familiares, y asegurar que cualquier legislación sobre justicia transicional que se implemente como parte de un futuro acuerdo de paz con la guerrilla no impida la posibilidad de que se haga justicia con respecto a estos delitos. Llevar ante la justicia a los máximos responsables de uno de los capítulos más oscuros del conflicto colombiano no será fácil, pero es una tarea irrenunciable y completamente factible para el gobierno”, expresa HRW en su enérgico llamado.

El análisis de HRW la lleva a decir que en los falsos positivos había similitudes en los perfiles de víctimas, el modus operandi y el móvil, “que principalmente fue una fuerte presión para incrementar el número de bajas, sumada a beneficios otorgados por las muertes en combate informadas. El modus operandi implicó una considerable planificación y coordinación, que incluía desde llevar a las víctimas a sitios remotos hasta asegurar que en cada caso hubiera documentación oficial que certificara que se trataba de muertes legítimas en combate”.

Dos exoficiales de un batallón le dijeron a HRW que, durante un periodo de más de un año, se reunían con el comandante del batallón semanalmente para planificar falsos positivos. “Señalaron que en gran cantidad de casos utilizaban un método similar, que incluía persuadir a las víctimas para que acudieran a un sitio donde habría soldados esperándolas, quienes las ejecutaban y les colocaban armas, y que luego el comandante premiaba a los soldados con días de vacaciones”.

“Otras acciones realizadas por comandantes que fueron indispensables para las ejecuciones incluyen desde autorizar verbalmente el movimiento de tropas durante supuestos operativos, hasta autorizar pagos a falsos informantes y otorgar permisos y otros premios a soldados por presuntas muertes en combate, lo cual contribuía a generar incentivos para estos crímenes”, complementa HRW.

Citando al Relator Especial de la ONU sobre ejecuciones extrajudiciales, luego de asesinar a las víctimas, “las fuerzas militares organizan un montaje de la escena, con distintos grados de habilidad, para que parezca un homicidio legítimo ocurrido en combate. El montaje puede entrañar, entre otras cosas, poner armas en manos de las víctimas; disparar armas de las manos de las víctimas; cambiar su ropa por indumentaria de combate u otras prendas asociadas con los guerrilleros; o calzarlas con botas de combate”. A menudo, los soldados quitaban a las víctimas sus documentos de identidad y otras pertenencias.

Para elaborar el documento más completo que se ha conocido hasta la fecha sobre este tema y que fue analizado por 15, HRW examinó casos en los cuales se informaba que las víctimas llevaban armas cortas –incluso algunas que no funcionaban– en vez de armas de combate típicas; se indicaba que delincuentes comunes que portaban armas livianas habían iniciado ataques contra soldados fuertemente armados; y numerosas muertes en combate eran informadas por unidades que normalmente no participaban en operativos de combate, o en zonas donde no había presencia de guerrillas. El número de delincuentes comunes que el Ejército informó como muertos en operaciones militares aumentó de 27 en 2004, a 325 en 2007 –casi 100 casos más que de miembros del Ejército de Liberación Nacional (ELN), la segunda guerrilla más numerosa de Colombia–, y descendió posteriormente a un promedio anual de 5 desde 2009, luego de que el gobierno adoptara medidas para detener los casos de falsos positivos.

Entre las víctimas se encontraban agricultores, menores de edad, personas desempleadas, indigentes, personas con adicción a las drogas, personas con discapacidad mental, líderes comunitarios, personas con antecedentes penales o que habían cometido delitos menores, guerrilleros o paramilitares desmovilizados y, en algunos casos, presuntos colaboradores de la guerrilla o guerrilleros que habían sido detenidos o se habían rendido.

Al menos 19 mujeres que habitaban en Soacha (Cundinamarca) y Ciudad Bolívar (Bogotá) tuvieron que reportar a sus hijos como desaparecidos, buscarlos incesantemente, para finalmente enterarse que habían resultado muertos y presentados como guerrilleros caídos en combate, por unos militares que en muchos casos recibían a cambio compensaciones como días de descanso. La entonces secretaria de Gobierno de Bogotá, Clara López Obregón, y el entonces senador Gustavo Petro Urrego, fueron dos de los más férreos denunciantes de esta barbarie cometida por miembros del Ejército de Colombia para mostrar logros en la lucha contra los movimientos armados ilegales y que puede superar las 3.000 víctimas según las indagaciones de la Fiscalía General. Sin embargo, el entonces presidente Álvaro Uribe Vélez llegó a decir que: ‘...no estaban recogiendo café’. / Foto PVG

Los falsos positivos –básicamente ejecuciones extrajudiciales y asesinatos– constituyen graves violaciones de derechos humanos. Son además graves violaciones del derecho internacional humanitario aplicable en conflictos no internacionales y, como tales, constituyen crímenes de guerra, explica HRW, quien le hace un llamado al presidente Barack Obama para que “en vista de la evidencia de que numerosos falsos positivos permanecen en la Justicia Penal Militar y que las autoridades militares no han cooperado en forma plena ni oportuna con las investigaciones, Estados Unidos debería suspender la parte de la ayuda militar que depende de que Colombia cumpla los requisitos en materia de derechos humanos”.

Un testimonio tenido en cuenta por HRW es el del teniente coronel retirado Robinson González del Río, quien ha admitido responsabilidad en al menos 27 casos de falsos positivos ocurridos mientras estuvo al mando de unidades tácticas entre 2006 y 2008, y quien le señaló a la Fiscalía: “A usted lo evaluaban por bajas. Esto de las bajas es una política que venía implementando el Señor General Mario Montoya… las diez mejores unidades del país, todos los lunes eran resaltadas por él. Pero esas unidades eran evaluadas por bajas. Porque le pongo un ejemplo: si un batallón ha hecho 40 desmovilizados, y lleva nada más una baja, pero otro batallón llevaba 1 desmovilizado y 4 bajas, estaba por encima el que llevaba las 4 bajas… (En) programas radiales… él le preguntaba a muchas unidades, “¿Cuánto lleva usted sin resultados operacionales?” (Ellos respondían) “Mi General el día de ayer se hicieron dos capturas”. (Y Montoya replicaba) “no, no, no hermano, resultados operacionales, somos un ejército en guerra, aquí lo que vale son las bajas”. Los días que eran el miércoles a domingo los comandantes de las brigadas y de los batallones entraban en crisis porque sabían que el día lunes había que reportar bajas. Si no reportaban bajas, el comandante del Ejército los iba a vaciar, les iba a llamar la atención, los amenazaba con relevarlos”.

Édgar Iván Flórez Maestre, un exteniente del Batallón Calibío (Décima Cuarta Brigada), dijo: “Para el mes de febrero de 2008 tuvimos una reunión en el Centro de Operaciones Tácticas del batallón. En esa reunión estaba mi coronel Ramírez, el nuevo comandante del batallón, quien nos dijo… “cada comandante de compañía me debe responder por un muerto en combate cada mes y la sección segunda me debe responder por tres muertos al mes… En este momento la guerra se mide por litros de sangre. El comandante que no tenga resultados de muertos por mes, tendrá la sanción correspondiente”.

Un exoficial del Batallón ‘Pedro Justo Berrío’ (Cuarta Brigada) indicó a la Fiscalía que luego de que su unidad cometiera varios falsos positivos en 2005, los soldados recibieron 35 días de permiso. Dijo que “cada uno busca su beneficio personal, (los soldados) saben que por cada caso hay unos días de permiso, entonces ninguno de opuso”.

El coronel retirado Luis Fernando Borja, de la Fuerza de Tarea Conjunta en Sucre (Décima Primer Brigada) declaró: “En algunas oportunidades por estos homicidios se daba dinero a los comandos de patrullas. Era el dinero que el Estado daba por inteligencia, mensual. Todos pagos ficticios. Colocaban a una persona ficticia o real que nunca recibía dinero y este iba para el C2 (inteligencia) y se administraba a mi orden”.

Otro caso recogido por HRW es el siguiente: “El 17 de marzo de 2008, el entonces comandante de la Octava Brigada, el General Emiro José Barrios; el entonces segundo comandante de la brigada, el General Jorge Enrique Navarrete Jadeth; y el entonces comandante  de la BCG 57, el Mayor Josué Linares, firmaron todos un documento en el cual certificaban el pago de 2 millones de pesos a un informante por ‘la muerte de dos terroristas’. La Fiscalía posteriormente demostró que los ‘terroristas’ eran en verdad civiles que no estaban armados y que habían sido reclutados en una ciudad cercana”.

En la acusación formal de la Fiscalía contra el Teniente Coronel retirado Henry Acosta Pardo, excomandante del Batallón Birno (Décima Sexta Brigada), por tres falsos positivos en julio de 2007, la Fiscalía señala: “Resulta increíble que avezados delincuentes, como aquellos que se dedican a las actividades del narcotráfico, resulten portando armas obsoletas, corroídas por el óxido, deterioradas, como una pistola y dos revólveres y que llevando granadas consigo, no sean accionadas; pero mucho más inverosímil resulta, que vayan a participar en un combate armado, con una pistola INSERVIBLE”.

(Recuadro 1)

“Uy jueputa la cagamos”

El soldado dijo que su compañía, que estaba adscrita a un batallón de contraguerrillas que operaba como parte de una brigada móvil, secuestró a cinco civiles de un pueblo en el departamento de Guaviare donde estaba instalada, y los retuvo en una finca durante aproximadamente dos semanas. El día de la ejecución, un teniente que estaba al mando de la compañía hizo que cuatro de las víctimas se sentaran en torno a una mesa en la finca. Todas habían sido vestidas con prendas de tipo militar. Luego el teniente ordenó a los soldados que les dispararan, según contó el soldado, quien afirmó que se encontraba aproximadamente a 50 metros de distancia. El teniente regresó a la cocina, vio los “rostros destrozados” y dijo “uy jueputa la cagamos”. El testimonio del soldado indica que creía que el teniente estaba preocupado debido a que todas las víctimas habían recibido los disparos en el rostro, lo cual parecía incongruente con el tipo de combate que tenían previsto informar.

Luego las tropas ejecutaron a la quinta víctima e informaron al “puesto de mando” que se habían enfrentado en combate con 20 guerrilleros, y habían matado a cinco, según dijo el soldado. El soldado señaló que las tropas colocaban armas “muy dañadas” a las víctimas, lo cual resultaba poco realista para él, dado que el frente de las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia) con presencia en la región contaba con armas de gran calidad.

El soldado dijo que, posteriormente esa tarde, los jefes del batallón, la brigada y la Fuerza de Tarea Conjunta Omega llegaron en helicópteros militares que habían sido movilizados para llevarse los cuerpos, y recompensaron inmediatamente a los soldados: “Nos llevaron pollo, cigarrillos, nos felicitaron. Se fueron y la buena noticia era que nos íbamos de permiso 45 días”.

Según el soldado, la guerrilla tenía una presencia mínima en la zona donde operaba la compañía. Indicó que, al día siguiente a que llegara el teniente para asumir el comando de la compañía, a fines de 2004, este reunió a sus tropas y les dijo que la compañía “estaba muy caída ante los ojos de la Brigada por falta de resultados”. En el término de tres meses, la compañía informó 10 muertos en combate, a pesar de que, en realidad, sólo mantuvo un único combate con la guerrilla durante todo el tiempo en que el teniente estuvo al mando, y en el cual no hubo muertes. Esto indica que hubo circunstancias adicionales que podrían haber levantado la sospecha de los comandantes: en una zona donde la presencia de la guerrilla era mínima, llegó a una compañía un nuevo comandante con el mensaje de que la brigada estaba disconforme con la falta de “resultados” de la unidad, y entonces rápidamente la unidad incrementó la cantidad de muertes en combate informadas.

El nombre del soldado que prestó declaración jurada ante la Fiscalía, el número de radicado y las fechas exactas de mantienen bajo reserva, advierte el informe de Human Rights Watch (HRW).

(Recuadro 2)

El “Informe Suárez”

El “Informe Suárez” de las Fuerzas Militares describe en detalle seis casos de muertes en combate reportadas por el Batallón Calibío entre agosto de 2007 y julio de 2008 en las cuales familiares y/o miembros de la comunidad, entre otros, afirmaron que la víctima había sido ejecutada. Uno de esos incidentes es el asesinato del campesino y líder comunitario Aicardo Ortiz, de 58 años, ocurrido en una vereda de Yondó (Antioquia), el 8 de julio de 2008. El batallón informó que Ortiz era un presunto miembro de las FARC a quien habían disparado y matado después de que este abriera fuego primero contra ellos, mientras realizaban un operativo. Indicaron haberle encontrado un revólver, una granada y una radio, entre otros elementos de guerra.

En contraposición con esto, los vecinos sostuvieron que, temprano por la mañana, un grupo de soldados golpearon la puerta de Ortiz, ingresaron por la fuerza a su vivienda, le dispararon, sacaron su cuerpo afuera y le colocaron armas, según consta en el “Informe Suárez”. Édgar Iván Flórez Maestre, el exteniente del Batallón Calibío, dijo que los soldados orquestaron la ejecución para que pareciera una muerte en combate. Informó a la Procuraduría que él había estado cuando mataron a Ortiz y que se había comunicado con el comandante del batallón, el “Coronel Ramírez”, quien le dijo que un sargento traería un ‘paquete’. Flórez contó que el sargento llego más tarde con una bolsa que contenía uniformes, elementos de las FARC y una radio, y que los soldados los pusieron en el lugar del hecho. (El Teniente Coronel Ramírez Cedeño fue comandante del Batallón Calibío durante al menos parte de 2008, y es uno de los 27 militares que el gobierno pasó a retiro en octubre de ese año. Fue arrestado en 2009 en relación con dos ejecuciones extrajudiciales que supuestamente habrían cometido soldados del batallón en enero de 2008, precisa el informe de HRW).

Ortiz resultó ser el padre de un soldado que había pertenecido hasta poco tiempo antes al Batallón Calibío. Al enterarse de que su padre había sido asesinado, el hijo, Jhon Fredy Ortiz, decidió revelar a las autoridades otros homicidios que la unidad había cometido.

(Recuadro 3)

Brigada Móvil 15

La Brigada Móvil 15 operó en el departamento de Norte de Santander dentro de la Segunda División del Ejército entre 2006 y principios de 2009 –señala el informe de Human Rights Watch–, cuando fue cerrada tras el escándalo de los falsos positivos de Soacha (Cundinamarca). La Unidad de Derechos Humanos investiga en la actualidad 38 ejecuciones extrajudiciales presuntamente cometidas entre 2006 y 2008 por varias de las unidades de la brigada.

La Brigada Móvil 15 fue responsable de los falsos positivos de jóvenes y adolescentes que, con falsas ofertas de trabajo, fueron llevados engañados de sus casas en Soacha y luego ejecutados en Ocaña. Tras la repercusión mediática de estas muertes, el gobierno pasó a retiro al Coronel Rubén Darío Castro y al Coronel Santiago Herrera Fajardo, entonces comandante y excomandante de la Brigada Móvil 15, respectivamente, así como al Teniente Coronel Gabriel de Jesús Rincón Amado, jefe de operaciones de la brigada.

Herrera está siendo procesado –y Rincón Amado ya ha sido condenado–, por el asesinato, en abril de 2007, de un conductor de mototaxi que fue ejecutado por soldados, los cuales informaron que se trataba de una muerte en combate, precisa el informe de HRW.