Por Juan Carlos Gómez (Diario El Espectador, lunes 16 de febrero de 2015)
Ahora resulta que el llamado Ecoparque Cerro del Santísimo que se construye en Santander tiene que cambiar de nombre, no se podrán realizar allí actos oficiales y su administración tendrá que devolver al patrimonio público los más de $3.500 millones que costó el monumento.
Así lo ordena la sentencia de segunda instancia del Tribunal Administrativo de ese departamento, al resolver hace dos semanas una acción de cumplimiento.
El fundamento de la sentencia del Tribunal es que la escultura de 32 metros (incluido su pedestal) que se construyó en ese sitio con dineros públicos sí representa a Cristo y no —como ha debido ser, según el respectivo contrato— “una figura etérea (…) universal para todos los credos”, lo cual viola la naturaleza no confesional del Estado colombiano.
Tiene razón el Tribunal. Al ver las fotos del monumento publicadas hace unos días, pocos dudan de que efectivamente la colosal obra representa a Cristo, lo cual no tiene nada reprochable, excepto que se utilizaron furtivamente dineros públicos y desde el inicio las autoridades soslayaron su carácter religioso.
En marzo de 2014 la Corte Constitucional (sentencia T-39/14) se pronunció respecto del monumento en cuestión, a propósito de una acción de tutela que un ciudadano ejerció en 2013 para proteger su derecho a la igualdad y la libertad religiosa. La Corte no concedió el amparo solicitado alegando que había que esperar a que la obra se terminara para poder determinar si resultaba ser “representativa de una figura etérea y universal para todos los credos y pensamientos”. Ligereza o ingenuidad de los falladores, ¿acaso era posible —por ejemplo— representar los pensamientos de los que no creen en nada?
Pues bien, resultó ser que se trata de la figura de Cristo, como desde el inicio se podía prever. Ya no hay nada que hacer. El monumento se queda ahí, y aunque al parque le cambien el nombre, se conocerá siempre como el del Santísimo.
Este caso es una muestra más de cómo se las ingenian muchos funcionarios públicos para burlar el ordenamiento jurídico. A pesar de los múltiples mecanismos de protección inmediata previstos en la Constitución, el Estado llega tarde y se imponen los hechos cumplidos.
@jcgomez_j / | Elespectador.com
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