Los diálogos en Cuba, según la mirada de Zuluaga (Jaime)

Se ha especulado tanto sobre los diálogos que el Gobierno del presidente Juan Manuel Santos y la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (Farc-EP) adelantan desde 2012 en La Habana (Cuba), que ya era de abordar a un analista serio como Jaime Zuluaga Nieto, Profesor Emérito de las universidades Nacional y Externado de Colombia, así como docente de la Maestría en Ciencia Política de la Universidad Autónoma de Bucaramanga (UNAB).

Así que en el intermedio de una de sus clases en el salón D-1-1, mientras Zuluaga Nieto explicaba las razones y desenlace del conflicto armado interno -provocando consternación con sus ejemplos y reflexiones-, le formulé una serie de interrogantes que traducen lo que muchos ciudadanos se preguntan en la calle.

La historia se encargará de decir hasta dónde tiene la razón este experimentado investigador con su insistencia por una salida negociada (por la cual se ha puesto punto final al 80% de los 54 conflictos que han estallado en los últimos 30 años) o si, por el contrario, lo que aquí se requiere es bala y más bala.

Hasta el momento, el ‘humo blanco’ que ha salido de la isla caribeña permite anunciar tres acuerdos en materia de participación política, desarrollo agrario integral y –hace apenas dos semanas– y solución al problema de las drogas ilícitas, pero también se debe subrayar la frase –convertida en regla–, “que nada se ha acordado hasta que todo esté acordado” en la agenda contenida en el “Acuerdo General para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera”, que cuenta con la mediación de Cuba y Noruega y la veeduría de Chile y Venezuela.

Hace dos semanas el ex vicepresidente de la República (1998-2002) y actual embajador de Colombia en Cuba, Gustavo Bell Lemus, estuvo en Bucaramanga y afirmó que en esta ocasión sí ve sinceridad en los voceros de las Farc. ¿Coincide usted con esa apreciación?

Coincido plenamente. En este proceso las Farc están participando porque han tomado previamente la decisión de salir de la guerra y hay razones que explican lo que creo que ha sido ya una decisión colectiva del Secretariado de las Farc.

¿Los negociadores gubernamentales son garantes de lo que se está discutiendo en Cuba o, por el contrario, usted les da la razón a quienes dicen que se están arrodillando y dándoles a las Farc todo lo que se les antoje pedir? 

Esa propaganda que están haciendo contra el proceso de paz tiene un objetivo político que es desprestigiar o aprovechar el desprestigio y falta de credibilidad de amplios sectores de la población colombiana en la negociación política como una forma de acabar la guerra por los fracasos del pasado. Creo además que es una posición en algunos, muy mal intencionada y que está haciendo mucho daño.

Quiero justificar el por qué afirmo que creo que en este momento no es un problema de buena o mala fe, sino de una decisión política de salir de la guerra por factores que para ellos hacen más importante hacerlo que continuar en ella.

Otros procesos de negociación en el mundo han demostrado que tardan 140 meses (Angola), 108 meses (Filipinas), 96 meses (Irlanda del Norte), 78 meses (Sudán) y 72 meses Guatemala. ¿Será que más de uno está esperando que esto se solucione por arte de birlibirloque, ignorando todas las décadas de desangre?

No es fácil ponerle fin a un conflicto como el colombiano en muy poco tiempo. Es sorprendente la velocidad con que se ha negociado, pero eso no implica que estemos a dos o tres meses de la firma de un acuerdo. Todos quisiéramos que ese acuerdo que saque de la guerra lo más pronto posible a las Farc y al Ejército de Liberación Nacional (ELN) –si entra a negociar–, se firme cuanto antes, pero conociendo el conflicto indudablemente es iluso pensar que va a ser un proceso muy breve. Hay que tener el conocimiento de que estos procesos aquí en Colombia como en el resto del mundo, toman un tiempo para poder lograr definir las condiciones de la negociación.

Pero yo quisiera referirme a lo que considero las condiciones que hacen posible que las Farc estén dispuestas a salir de la guerra. Esas condiciones a mi juicio, dichas de manera muy breve, son las siguientes: En todas las experiencias anteriores los Gobiernos negociaron en momentos en que la guerrilla estaba a la ofensiva y creciendo; no es la situación actual. No están creciendo aunque no están derrotadas, y la iniciativa en el campo de batalla está en manos del Estado.

En segundo lugar, hay un contexto internacional extraordinariamente favorable para ellos por el apoyo que de gobiernos progresistas de América Latina están recibiendo con las invitaciones que les hacen a dejar las armas y convertirse en movimiento político legal. No es despreciable el hecho de que en este momento en este continente por primera vez en la historia hay cuatro gobiernos dirigidos por ex guerrilleros: en Brasil (Dilma Vana Rousseff), Uruguay (José Mujica), El Salvador (este domingo 1 de junio era el traspaso de poderes entre Carlos Mauricio Funes y Salvador Sánchez, ambos del Fmln) y Nicaragua (José Daniel Ortega). Pero no solamente ellos, sino otros gobiernos como el de Chile (Verónica Michelle Bachelet), Bolivia (Juan Evo Morales), Ecuador (Rafael Vicente Correa). Todos esos gobiernos que la guerrilla colombiana puede considerar amigos, les están enviando mensajes que se salgan de la guerra y observen lo que estamos haciendo en el resto de América por la vía política democrática.

Y tercero, un elemento que generalmente nadie toca. Recordemos cómo mataron (septiembre de 2010 en La Macarena-Meta) al “Mono Jojoy” (Víctor Julio Suárez Rojas). En una acción de inteligencia lograron colocarle, según dicen los informes, un dispositivo electrónico que guió las bombas que finalmente destruyeron la placa de concreto debajo de la cual estaba. Si eso lo logra una acción de inteligencia con el hombre más protegido de las Farc, pensemos lo que los demás miembros del Secretariado deben estar sintiendo en este momento sobre el grado de penetración del cual pueden haber sido objeto y la inseguridad en que se encuentran; y para cualquier grupo de esa naturaleza el temor de la infiltración, cuya magnitud no desconocen, se convierte en un factor que debilita internamente a la organización de una manera extraordinaria.

¿Cometió un error del presidente Santos Calderón al anunciar un plazo tan corto?

Creo que sí, aunque él después ha tratado de enmendar ese error. Él cuando el 4 de septiembre de 2012 anunció que se iniciaban las negociaciones, decía que estas negociaciones no van a durar años, sino que las vamos a medir en meses. Se equivocó, pero después ha sido muy claro en decir  no vamos a poner ‘fechas fatales’, porque en procesos de estos es muy difícil establecer un plazo fijo para que se llegue a un acuerdo, además de que se convierte en un factor que perturba la negociación.

¿Cuándo el país pensante comprenderá que los acuerdos a los que se pueda llegar en La Habana, son para ponerle fin al conflicto armado interno y que de ahí a construir la paz ‘falta mucho pelo pa’l moño’?

Hay una posición muy extendida y profundamente equivocada: creer que el silenciamiento de los fusiles es una garantía de la paz. La paz, y este Gobierno lo ha entendido y debemos reconocérselo, es mucho más que el silenciamiento de los fusiles. Es la construcción de una institucionalidad democrática, el fortalecimiento del pacto político entre los ciudadanos, la superación de esas condiciones tan profundas de exclusión y de inequidad que tiene esta sociedad colombiana, y, después de tantas décadas de confrontación armada ser capaces de afrontar colectivamente la superación de las heridas que deja una guerra como esta.

¿A quiénes les conviene que continúe el conflicto armado en Colombia?

Cuando usted piensa cómo se ha logrado consolidar un modelo de desarrollo económico que tiene fundamentalmente como asiento el sector rural, tiene todo derecho a pensar que hay sectores muy poderosos para los cuales la guerra tal como se ha desenvuelto les ha resultado favorable. En un conflicto prolongado como este, en la economía política de la guerra se crean muchísimos intereses, y no solamente son intereses de los que están directamente vinculados al grupo armado, sino de los que se benefician con sus acciones. Y quiero decir que se benefician tanto de las acciones de la guerrilla, como de los paramilitares, que existen aunque se desmovilizaron pero siguen matando gente, y en muchos casos de la acción de las Fuerzas Estatales. No hay que olvidar que las Fuerzas Estatales colombianas han sido en estas décadas penetradas gravemente y es muy difícil saber en qué magnitud, por organizaciones ilegales y que muchas veces operan desde ellas en beneficio de las acciones ilegales. Y, finalmente, que se han desarrollado articulaciones muy fuertes entre organizaciones ilegales e institucionales, y economías legales e ilegales.

Ya se ha avanzado en tres puntos en las negociaciones de La Habana y se dice que el próximo tema a discutir es el de las víctimas. En el foro que organizó la Facultad de Comunicación de la UNAB no logramos ponernos de acuerdo con Alejo Vargas, Carlos Velandia –ex miembro del Comando Central del ELN– y Ricardo Vargas desde cuándo puntualmente empezó el conflicto armado interno para poder así determinar de cuáles y cuántas víctimas hay que hablar.

Es un debate muy importante que empezó a darse a partir de la llamada Ley de Justicia y Paz, y se da a propósito del estudio que hace el Centro Nacional de Memoria Histórica, y es una cosa que no debe ser mirada solamente con criterio de cuánto cuesta la reparación y hasta cuándo vamos a reparar. Pero el tratamiento de las víctimas tiene muchísimo que ver con el establecimiento de responsabilidades. En esta guerra cruel, degradada y prolongada que hemos vivido, las responsabilidades son compartidas de manera diferencial y en diferente magnitud por las guerrillas, por los narco-paramilitares y por el Estado, y esta es una guerra que hunde sus raíces en la última de las guerras civiles reconocidas en este país, que fue la violencia bipartidista de mediados del siglo XX. El pacto político del Frente Nacional no solamente fue un pacto político para pacificar al país, fue un pacto y voy a decirlo con la expresión de una canción folclórica, un pacto de ‘échale tierra y tápalo’. Por eso el estudio contratado por el Gobierno sobre la violencia en Colombia que realizaron Orlando Fals Borda, el obispo Germán Guzmán Campos y el abogado Eduardo Umaña Luna, no fue publicado por el Gobierno. Si no lo hubiera publicado la Universidad Nacional en forma independiente, no hubiera sido posible su difusión, porque ese estudio pone de presente claramente la enorme responsabilidad que la dirigencia económica y política de este país tuvo en la generación de la violencia en esa época. Hoy siguen teniendo una enorme responsabilidad ellos también. No es solamente una responsabilidad atribuible a quienes tomaron las armas; también es una responsabilidad atribuible a quienes instigaron y se han favorecido y beneficiado del proceso armado que ha vivido este país.

¿Tienen razón el procurador general de la Nación, el santandereano Alejandro Ordóñez Maldonado, y otros sectores de la derecha cuando acuden a instancias internacionales diciendo que temen que venga una ola de impunidad, o es que están viendo fantasmas donde no los hay?

Yo quisiera ya que usted hace usted hace alusión a la figura de los fantasmas… Todos nos movemos con nuestros fantasmas, lo que pasa es que los fantasmas que está levantando la Procuraduría tienen resonancia de una especie de justicia divina, ultraterrena… Con eso quiero decir que no considera las condiciones históricas sociales específicas en las que se desenvuelven los procesos, y hay una cosa muy clara: las sociedades no se reconcilian y se reconstruyen solamente a base del castigo, sino también a partir del reconocimiento de la verdad, del establecimiento de las responsabilidades, del desentrañamiento de las causalidades que generan esas dinámicas, y hay muy diferentes formas de castigar a los responsables de lo que ha pasado. No se trata de castigos medievales, cuando el castigo se concentraba en el cuerpo del delincuente, en el cuerpo del criminal. Fíjese el gran progreso que significó en el mundo moderno la construcción de cárceles, en donde el castigo consistía en la privación de la libertad y no en la tortura del cuerpo. Pero a veces uno parece que estuviera viendo gente que piensa que la Inquisición puede ser una forma de justicia. La Inquisición no podemos volverla a traer nosotros a este país, y tenemos que entender la naturaleza dinámica de estos procesos sociales.

Pero déjeme decir una última cosa: en este proceso de La Habana no se está negociando la impunidad. Se están discutiendo las condiciones que permiten salir a colombianos que han cometido crímenes de la guerra para pasar a la acción política, y se debe discutir no en la mesa de La Habana sino en otros espacios qué hacer también con los colombianos que vistiendo el uniforme estatal han cometido crímenes con el pretexto de defender el orden constitucional.

Entonces los generales Jorge Enrique Mora Rangel y Óscar Naranjo, que ofician de representantes del Gobierno colombiano, no son unos mensos o unos regalados, como algunos puedan llegar a pensar.

De ninguna manera. Utilizando el lenguaje de un ex presidente muy popular de Colombia, diríamos que Mora Rangel es uno de esos ‘generales troperos’ y no creo que él caiga en la ingenuidad de entregar –como pretenden algunos- la institucionalidad militar de este país en una mesa de conversaciones.

¿Podremos convertirnos en un país como Costa Rica que hace décadas clausuró su ejército y llegar un día a decir que no necesitamos militares? ¿Qué se pondrían a hacer tantos generales y coroneles que ganan tan suntuosos salarios? ¿A ellos les conviene este proceso o no?

Tenemos en términos relativos, para el tamaño de la población y la naturaleza de los conflictos, uno de los ejércitos más grandes del mundo -el ejército más grande de América Latina- y tenemos en términos relativos un gasto en seguridad y defensa superior al de los Estados Unidos que atiende dos guerras. Cuando esta guerra se acabe, la sociedad colombiana y su Gobierno tendrán que considerar qué hacen con esos recursos. Entre otras cosas, uno de los objetivos de acabar con la guerra es justamente poder reducir el gasto en seguridad y defensa, y destinar a esos centenares de miles de colombianos a otras actividades diferentes a la del oficio propio de los militares.

Vayamos al siglo XXII y espiemos en un salón de clases como este a un ‘Jaime Zuluaga’ diciendo que así como los siglos XX y XXI los recibimos con guerras, ese tampoco será la excepción.

Creo que no. Más bien podemos de pronto desatar procesos como los que vivió Suiza. Permítame una anécdota: hace unos trece años cuando se ensayaron durante el Gobierno del presidente (Andrés) Pastrana conversaciones con el ELN, se hizo un encuentro por la paz en Ginebra al que asistieron los principales gremios económicos –algunos de los cuales están hoy siendo judicializados porque tenían relaciones non sanctas con grupos paramilitares y otros–, pero participaron de ese encuentro donde se estaba haciendo un esfuerzo por crear un proceso de concertación para ponerle fin a la guerra, con participación de la sociedad, la insurgencia y el Gobierno, y allí el jefe de Gobierno de Suiza nos invitó a un castillo medieval y en medio de la comida nos contó la historia de su país. Cuando él terminó le dijimos que nos acababa de enviar un mensaje de esperanza: nosotros venimos de una guerra muy cruel pero nunca durante tanto tiempo han durado las atrocidades, y si Suiza ha logrado superar eso y es lo que hoy es como ejemplo para el mundo, creo que los colombianos estamos también muy cerca de alcanzar eso, ¡y lo vamos a alcanzar!