La diáspora venezolana supera cualquier cálculo

(Esta nota la publiqué en la edición 478 de Vivir la UNAB (de la Universidad Autónoma de Bucaramanga), en circulación desde el 12 de julio de 2019)

Frío extremo, hambre, fatiga, soroche, ampollas, lágrimas... ilusiones. Todo se mezcla en el paso por el Páramo de Berlín (departamento de Santander) que deben hacer los cientos de migrantes venezolanos que a diario caminan hacia el interior de Colombia o rumbo a países como Ecuador, Perú, Chile y Argentina. Fotos Pastor Virviescas Gómez - PVG

El drama de la migración venezolana tiene unas proporciones escalofriantes. Al día de hoy ya supera los cuatro millones de personas y de acuerdo a las proyecciones para el año 2020 podrían ser dos millones adicionales, convirtiéndose en uno de los fenómenos de desplazamiento humano más grande del planeta, corroborado por las estadísticas de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) y analizado en el contexto local por el Instituto de Estudios Políticos de la Universidad Autónoma de Bucaramanga.

Esos padres con tres niños que de noche arriban exhaustos a Morrorico, esa joven en estado de embarazo que intenta recobrar energías a la vera del camino para seguir halando una maleta sin rodachines, esos tres muchachos descalzos que cargan morrales escolares con la bandera de su país y ni un solo peso en sus bolsillos o ese anciano al que entre paso y paso se le escapa una lágrima mientras observa aterrado que estando en El Picacho poco o nada ha avanzado en su viaje al Perú… todos ellos forman parten de esa migraciónde la que los bumangueses han venido siendo testigos de primera línea en los últimos años.

Y es que Colombia se ha convertido en el primer país receptor con 1,3 millones de migrantes, seguido por Perú con 768.148, Chile con 288.233, Ecuador con 263.000, Brasil con 168.357, Argentina con 130.000 y Guyana con 36.400, para no hablar de los 351.114 que han llegado a Estados Unidos, 323.575 a España, 49.831 a Italia, 24.603 a Portugal, 20.775 a Canadá, sin dejar por fuera México (39.500), Centroamérica y los países del Caribe a donde también llegan venezolanos a rebuscarse la vida limpiando vidrios, pidiendo limosna a la salida de supermercados y restaurantes, demostrando que tienen tales o cuales habilidades, esperando una oportunidad laboral, queriendo montar un negocio o simplemente huyendo de una realidad a la que muchos de ellos ya están retornando, cabizbajos y derrotados, después de una angustiosa estancia de algunos meses en los que escasamente hicieron para el almuerzo y una pensión de mala muerte o durmiendo debajo de los puentes, expuestos a una creciente mezcla de indiferencia y xenofobia por parte de quienes los desprecian o temen que les vayan a hacer daño.

A un ritmo de 5.000 adultos y niños que en promedio migran cada día, los venezolanos encabezan la lista mundial de peticiones de asilo, superando a países en conflicto como Afganistán y Siria. Tan grave es la situación que en su informe de “Tendencias globales” Acnur lo ha calificado como “el mayor éxodo de la historia reciente de América del Sur y una de las mayores crisis de desplazamiento en el mundo”. Lo manifestó William Spindler, portavoz de Acnur para Latinoamérica: “no hay en el mundo un grupo tan grande de personas que se haya visto forzado a salir de su país sin que haya una guerra o una catástrofe”.

“Los países de América Latina y el Caribe están haciendo su parte para responder a esta crisis sin precedentes, pero no se puede esperar que sigan haciéndolo sin ayuda internacional”, ha declarado Eduardo Stein Barillas, exvicepresidente de Guatemala y representante especial conjunto de Acnur y la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), quien en diciembre del año pasado calculaba que se requerirán al menos 738 millones de dólares para atender en un periodo de dos años las necesidades primarias de los migrantes en los países de acogida, sin incluir que en el momento de darse una solución el retorno de los migrantes tardaría cuando menos otros dos años. Lo que acontece, como si el panorama no resultara suficientemente desolador, es que apenas se dispone de cerca del 30 por ciento de lo presupuestado.

A la hiperinflación, el desempleo, la inseguridad, la escasez de alimentos y las penurias de quien regresa a casa sin un bocado para sus hijos, se les suma el hecho de que el mandatario venezolano Nicolás Maduro Moros no da su brazo a torcer, mientras pierden poder de convocatoria las proclamas de Juan Gerardo Antonio Guaidó Márquez, presidente de la Asamblea Nacional y “presidente interino” –según el reconocimiento que le ha dado medio centenar de países encabezados por Washington–. El “¡vamos bien!” del líder opositor contrasta con la férrea posición de quien defiende el legado de Hugo Rafael Chávez Frías y la frustración de quienes pretenden que se pase la página de los 20 años de gobierno socialista.

Ante esta avalancha de cifras, el canciller venezolano Jorge Alberto Arreaza Monserrat, respondió el pasado 9 de junio en su cuenta de Twitter que: “En esta reciclaje mediático Acnur vuelve a su rol de instrumentalizar la migración venezolana: mienten e inflan cifras para pedir y recibir más recursos con destino incierto, en medio de una rebatiña parasitaria, a costa de la dignidad y los derechos humanos de los venezolanos”. Complementando: “Tras el fracaso del Golpe de Estado, en estrategia contra Venezuela retoman la matriz migratoria que había desaparecido de los medios de comunicación desde enero. La derrota y el desespero los lleva a reciclar temas, readecuando la obsesiva agresión contra el país”.

A su turno, la  vicepresidenta venezolana Delcy Rodríguez insistió en que “han pretendido convertir un flujo migratorio normal en una crisis humanitaria justificadora de la intervención internacional de Venezuela”. Y en septiembre de 2018, luego de ordenar un puente aéreo para facilitar el retorno de ciudadanos, el presidente Maduro declaró que “lo mínimo que llevan son 5.000 dólares. Eso es platica. Hay que ver lo que es la campaña contra Venezuela, yo la califico de estúpida, porque nos quieren imponer una crisis humanitaria de migración”.

Fajos de billetes que al menos no se han visto en ninguno de los migrantes que caminan en extenuantes jornadas los 194,9 kilómetros de la carretera Cúcuta-Bucaramanga, en la que deben sortear el paso por el Páramo de Berlín, que con sus más de 3.250 metros sobre el nivel del mar les depara un sol inclemente en el día y temperaturas bajo cero en las madrugadas, viéndose precisados a guarecerse bajo cualquier ramada o en el peor de los casos a apiñarse en una cuneta de la vía con nada más protección que un poncho o una cobija usada que alguien les ha entregado.

La mayoría son llaneros y costeños en abarcas o crocs -también hay quienes el pavimento les devoró los zapatos- que jamás imaginaron que al otro lado de la frontera les esperarían parajes inhóspitos como este, dándoles la ‘bienvenida’ para los que quieran echar raíces en Santander, continuar hacia ciudades como Bogotá, Cali o Medellín, e incluso poner a prueba su resistencia los que en un pedazo de papel llevan la dirección de un hermano, un amigo o un vecino de barrio que ya logró llegar a Ecuador, Perú, Chile o Argentina.

Situación en el Área Metropolitana de Bucaramanga

El de la migración de venezolanos es un fenómeno al que la mayoría de santandereanos parece haberse acostumbrado, pero que ha sido seguido al detalle por María Eugenia Bonilla Ovallos, investigadora principal, y Mairene Tobón Ospino, docente investigadora del Instituto de Estudios Políticos de la UNAB.

Desde 2017 ellas han estudiado el perfil de los migrantes en la región, permitiéndoles aproximarse a las condiciones en las que se encuentra esta población, con la finalidad de comprender el fenómeno de cara a las transformaciones políticas, económicas y sociales que surgen a raíz de la diáspora venezolana en tierras santandereanas.

Tal como lo advierten, no pretenden establecer la cantidad de migrantes, sino los rasgos predominantes de quienes se han asentado en Bucaramanga, Floridablanca, Piedecuesta y Girón. Para ello tomaron una muestra de 1.000 personas provenientes de Venezuela, mayores de edad, radicadas en el Área Metropolitana de Bucaramanga y con una permanencia mínima de tres meses, quienes respondieron de manera voluntaria, individual y presencial, contando con el apoyo de cinco encuestadores y cuatro tabuladores.

Estas son las principales conclusiones de este documento, en el que de entrada se destaca que en su mayoría es una población en edad económicamente activa entre 18 y 35 años de edad–, con mayor presencia del género femenino, incluyendo un 8 por ciento de colombianos que han retornado desde el vecino país.Se instalan principalmente en barrios de estratos 1, 2 y 3, entre los que se destacan: Centro, Antonia Santos, Café Madrid, Mirador del Kennedy, Universidad y Morrorico para el caso de Bucaramanga; El Reposo, El Carmen, García Echeverry, Prados del sur y Buenos Aires (Florida); Guatiguará, Las Amarillas, Los Colorados, La Cantera y La Candelaria (Piedecuesta), y Ribera del río, Bellavista, Acapulco y Arenales (Girón). El 60 % de ellos disponía de un empleo antes de iniciar su proceso migratorio y sus ingresos no superaban el salario mínimo oficial (3 dólares aproximadamente). El 63 % dijo haber pasado hambre al menos una vez durante los tres últimos meses en Venezuela y el 52 % perdió entre 5 y 9 kilos de peso, con un consumo alto de arroz, yuca, fríjoles, arepa y sardinas, mientras que apenas un 5 % reportó incluir pollo o carnes rojas.

Su lugar de procedencia es principalmente de Caracas, Valencia y Acarigua, así como ciudades cercanas a la frontera como San Cristóbal y Mérida, ingresando a Colombia en gran parte de manera irregular evadiendo puesto de control a través de trochas que conducen a Cúcuta. Un 75 % de ellos dice haber sido víctima de las bandas criminales que controlan los pasos ilegales y les obligan a pagar entre 20 mil y 30 mil pesos por permitirles cruzar. Su ‘capital’ para toda la travesía es en promedio de menos de 100 mil pesos e incluso un 10 por ciento viajó sin un solo centavo.

La mitad de esta población estudiada por Bonilla Ovallos y Tobón Ospino llegó y permanece sin ningún documento venezolano que certifique su identidad y apenas un 12 % dispone de pasaporte, pero de ellos solamente el 26 % lo tiene vigente.El 14 % de los migrantes informaron que viven en el Área Metropolitana de Bucaramanga con Permiso Especial de Permanencia (PEP) y el 8 % con Tarjeta de Movilidad Fronteriza (TMF).

Tan solo el 15 % de los consultados tiene la intención de establecerse de manera permanente en esta ciudad y el 48 % tiene el propósito de traerse a algún familiar. El arriendo de habitaciones es la principal modalidad de residencia, que en promedio comparten entre una y cuatro personas, pero el 16 % comparte habitación con más de cinco personas y un 27 % dice que no cuenta con un lugar fijo para pasar la noche.

En cuanto al nivel de educación, el 75 % de los encuestados tiene como máximo el bachillerato, el 10 % estudios tecnológicos y el 13 % restante cuenta con formación universitaria. En su mayoría son albañiles, peluqueros, manicuristas, carpinteros, reposteros o técnicos en refrigeración, electricidad, mecánica y computación. El mínimo porcentaje corresponde a administradores de empresas, enfermeros, comunicadores, diseñadores gráficos y docentes.

Con respecto a su vinculación laboral, el 60 % tiene empleos itinerantes (principalmente como vendedores ambulantes) y solo el 4 % ha firmado un contrato, desempeñándose en el área de servicios como meseros o mensajeros. El 59 % no trabaja en su área de conocimiento o experiencia, el 16 % ha sido víctima de algún tipo de explotación laboral y el 12 % vive de la caridad de los santandereanos.

Los migrantes reciben en promedio 300 mil pesos mensuales (menos de cien dólares), lo cual contrasta con los 500 mil pesos que dicen recibían el año pasado. Más de la mitad de estos migrantes tiene en Venezuela entre 1 y 3 personas que dependen económicamente de sus ingresos y el 30 % envía remesas que oscilan entre los 25 mil y los 120 mil pesos mensuales. Esta cantidad podría resultar irrisoria para los sectores acaudalados de esta capital, pero un indicador del valor que adquiere una remesa desde Colombia a las barriadas de Petare es que por ejemplo en la carrera 33 hay locales que realizan giros internacionales desde escasos 1.000 pesos en adelante. Con lo poco que ganan, el 41 % apenas sobrevive, el 21 % satisface parcialmente sus necesidades diarias y apenas el 8,5 % admite que cumple con sus necesidades.

Al preguntarles sobre su estado de salud, el 15 % reportó padecer alguna enfermedad relacionada principalmente con problemas respiratorios, cardiovasculares y diabetes, mientras que el 3 % tiene algún tipo de incapacidad, pero un indicador más alarmante es que el 75 % de estos migrantes declara que se siente deprimido y el 80 % admite que no utiliza ningún método de planificación familiar.

Según el estudio del IEP de la UNAB,  la mitad de los encuestados percibe a los santandereanos como colaboradores, solidarios y amables. Sin embargo, el 45 % reportó haber sido víctima de algún tipo de discriminación (en el año 2018 alcanzaba el 23 %) y debido a su nacionalidad el 25 % tuvo dificultad para acceder a servicios bancarios, ingresar a restaurantes y arrendar habitaciones o viviendas.

Las investigadoras detectaron que existe un desconocimiento generalizado de las instituciones competentes a las que pueden acceder en caso de problemas migratorios, defensa de derechos humanos y asesoría jurídica, entre otros. El 71 % se ha acercado al menos en una oportunidad a alguna institución del Estado y el 54 % afirma haber recibido un trato amable por parte de los funcionarios. Los migrantes recomiendan fortalecer el apoyo para acceder a empleo (75 %) y asesoría migratoria (22 %), solucionar sus condiciones habitacionales (35 %) y promover campañas de prevención y reducción de la xenofobia (12 %).

Con base en estos resultados, las investigadoras María Eugenia Bonilla Ovallos y Mairene Tobón Ospino formulan siete recomendaciones: definir la política pública migratoria de orden nacional, que oriente el trabajo de las instituciones en torno a la atención de la población migrante, con un enfoque territorial; incluir a la población migrante en los planes de gobierno departamental y municipales de las administraciones que resulten elegidas el próximo mes de octubre; conformar una red de actores tanto políticos, sociales y académicos que contribuya a la eficiente actualización de la caracterización de la población y seguimiento a los planes de atención; articular a la red los programas de Psicología y Derecho de las universidades del Área Metropolitana de Bucaramanga, para conformar una plataforma de asesoría jurídica y apoyo psicosocial de la población; estimular el emprendimiento en población con capacidades de generación autónoma de ingresos; definir en el corto plazo una estrategia de salud mental y salud sexual reproductiva; y promover estrategias para la prevención y reducción de la xenofobia.