(Esta nota la publiqué en la edición 478 de Vivir la UNAB (de la Universidad Autónoma de Bucaramanga), en circulación desde el 12 de julio de 2019)
Frío extremo, hambre, fatiga, soroche, ampollas, lágrimas... ilusiones. Todo se mezcla en el paso por el Páramo de Berlín (departamento de Santander) que deben hacer los cientos de migrantes venezolanos que a diario caminan hacia el interior de Colombia o rumbo a países como Ecuador, Perú, Chile y Argentina. Fotos Pastor Virviescas Gómez - PVG
El drama de la migración venezolana
tiene unas proporciones escalofriantes. Al día de hoy ya supera los cuatro
millones de personas y de acuerdo a las proyecciones para el año 2020 podrían
ser dos millones adicionales, convirtiéndose en uno de los fenómenos de
desplazamiento humano más grande del planeta, corroborado por las estadísticas
de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados
(Acnur) y analizado en el contexto local por el Instituto de Estudios Políticos
de la Universidad Autónoma de Bucaramanga.
Esos padres con tres niños que de noche arriban
exhaustos a Morrorico, esa joven en estado de embarazo que intenta recobrar
energías a la vera del camino para seguir halando una maleta sin rodachines,
esos tres muchachos descalzos que cargan morrales escolares con la bandera de
su país y ni un solo peso en sus bolsillos o ese anciano al que entre paso y
paso se le escapa una lágrima mientras observa aterrado que estando en El
Picacho poco o nada ha avanzado en su viaje al Perú… todos ellos forman parten
de esa migraciónde la que los bumangueses han venido siendo testigos de primera
línea en los últimos años.
Y es que Colombia se ha convertido en el
primer país receptor con 1,3 millones de migrantes, seguido por Perú con 768.148,
Chile con 288.233, Ecuador con 263.000, Brasil con 168.357, Argentina con
130.000 y Guyana con 36.400, para no hablar de los 351.114 que han llegado a
Estados Unidos, 323.575 a España, 49.831 a Italia, 24.603 a Portugal, 20.775 a
Canadá, sin dejar por fuera México (39.500), Centroamérica y los países del
Caribe a donde también llegan venezolanos a rebuscarse la vida limpiando
vidrios, pidiendo limosna a la salida de supermercados y restaurantes,
demostrando que tienen tales o cuales habilidades, esperando una oportunidad
laboral, queriendo montar un negocio o simplemente huyendo de una realidad a la
que muchos de ellos ya están retornando, cabizbajos y derrotados, después de
una angustiosa estancia de algunos meses en los que escasamente hicieron para
el almuerzo y una pensión de mala muerte o durmiendo debajo de los puentes, expuestos
a una creciente mezcla de indiferencia y xenofobia por parte de quienes los
desprecian o temen que les vayan a hacer daño.
A un ritmo de 5.000 adultos y niños que
en promedio migran cada día, los venezolanos encabezan la lista mundial de
peticiones de asilo, superando a países en conflicto como Afganistán y Siria.
Tan grave es la situación que en su informe de “Tendencias globales” Acnur lo
ha calificado como “el mayor éxodo de la historia reciente de América del Sur y
una de las mayores crisis de desplazamiento en el mundo”. Lo manifestó William
Spindler, portavoz de Acnur para Latinoamérica: “no hay en el mundo un grupo
tan grande de personas que se haya visto forzado a salir de su país sin que
haya una guerra o una catástrofe”.
“Los países de América Latina y el
Caribe están haciendo su parte para responder a esta crisis sin precedentes,
pero no se puede esperar que sigan haciéndolo sin ayuda internacional”, ha
declarado Eduardo Stein Barillas, exvicepresidente de Guatemala y representante
especial conjunto de Acnur y la Organización Internacional para las Migraciones
(OIM), quien en diciembre del año pasado calculaba que se requerirán al menos
738 millones de dólares para atender en un periodo de dos años las necesidades
primarias de los migrantes en los países de acogida, sin incluir que en el
momento de darse una solución el retorno de los migrantes tardaría cuando menos
otros dos años. Lo que acontece, como si el panorama no resultara
suficientemente desolador, es que apenas se dispone de cerca del 30 por ciento
de lo presupuestado.
A la hiperinflación, el desempleo, la
inseguridad, la escasez de alimentos y las penurias de quien regresa a casa sin
un bocado para sus hijos, se les suma el hecho de que el mandatario venezolano
Nicolás Maduro Moros no da su brazo a torcer, mientras pierden poder de
convocatoria las proclamas de Juan Gerardo Antonio Guaidó Márquez, presidente
de la Asamblea Nacional y “presidente interino” –según el reconocimiento que le
ha dado medio centenar de países encabezados por Washington–. El “¡vamos bien!”
del líder opositor contrasta con la férrea posición de quien defiende el legado
de Hugo Rafael Chávez Frías y la frustración de quienes pretenden que se pase
la página de los 20 años de gobierno socialista.
Ante esta avalancha de cifras, el
canciller venezolano Jorge Alberto Arreaza Monserrat, respondió el pasado 9 de
junio en su cuenta de Twitter que: “En esta reciclaje mediático Acnur vuelve a
su rol de instrumentalizar la migración venezolana: mienten e
inflan cifras para pedir y recibir más recursos con destino incierto, en
medio de una rebatiña parasitaria, a costa de la dignidad y los derechos
humanos de los venezolanos”. Complementando: “Tras el fracaso del Golpe de
Estado, en estrategia contra Venezuela retoman la matriz migratoria que había
desaparecido de los medios de comunicación desde enero. La derrota y el
desespero los lleva a reciclar temas, readecuando la obsesiva agresión contra
el país”.
A su turno, la vicepresidenta venezolana Delcy Rodríguez
insistió en que “han pretendido convertir un flujo migratorio normal en una
crisis humanitaria justificadora de la intervención internacional de
Venezuela”. Y en septiembre de 2018, luego de ordenar un puente aéreo para
facilitar el retorno de ciudadanos, el presidente Maduro declaró que “lo mínimo
que llevan son 5.000 dólares. Eso es platica. Hay que ver lo que es la campaña
contra Venezuela, yo la califico de estúpida, porque nos quieren imponer una
crisis humanitaria de migración”.
Fajos de billetes que al menos no se han
visto en ninguno de los migrantes que caminan en extenuantes jornadas los 194,9
kilómetros de la carretera Cúcuta-Bucaramanga, en la que deben sortear el paso
por el Páramo de Berlín, que con sus más de 3.250 metros sobre el nivel del mar
les depara un sol inclemente en el día y temperaturas bajo cero en las
madrugadas, viéndose precisados a guarecerse bajo cualquier ramada o en el peor
de los casos a apiñarse en una cuneta de la vía con nada más protección que un
poncho o una cobija usada que alguien les ha entregado.
La mayoría son llaneros y costeños en
abarcas o crocs -también hay quienes el pavimento les devoró los zapatos- que jamás imaginaron que al otro lado de la frontera les
esperarían parajes inhóspitos como este, dándoles la ‘bienvenida’ para los que
quieran echar raíces en Santander, continuar hacia ciudades como Bogotá, Cali o
Medellín, e incluso poner a prueba su resistencia los que en un pedazo de papel
llevan la dirección de un hermano, un amigo o un vecino de barrio que ya logró llegar
a Ecuador, Perú, Chile o Argentina.
Situación
en el Área Metropolitana de Bucaramanga
El de la migración de venezolanos es un
fenómeno al que la mayoría de santandereanos parece haberse acostumbrado, pero
que ha sido seguido al detalle por María Eugenia Bonilla Ovallos, investigadora
principal, y Mairene Tobón Ospino, docente investigadora del Instituto de Estudios
Políticos de la UNAB.
Desde 2017 ellas han estudiado el perfil
de los migrantes en la región, permitiéndoles aproximarse a las condiciones en
las que se encuentra esta población, con la finalidad de comprender el fenómeno
de cara a las transformaciones políticas, económicas y sociales que surgen a
raíz de la diáspora venezolana en tierras santandereanas.
Tal como lo advierten, no pretenden
establecer la cantidad de migrantes, sino los rasgos predominantes de quienes
se han asentado en Bucaramanga, Floridablanca, Piedecuesta y Girón. Para ello
tomaron una muestra de 1.000 personas provenientes de Venezuela, mayores de
edad, radicadas en el Área Metropolitana de Bucaramanga y con una permanencia
mínima de tres meses, quienes respondieron de manera voluntaria, individual y
presencial, contando con el apoyo de cinco encuestadores y cuatro tabuladores.
Estas son las principales conclusiones de este documento, en el que de entrada
se destaca que en su mayoría es una población en edad económicamente activa
entre 18 y 35 años de edad–, con mayor presencia del género femenino,
incluyendo un 8 por ciento de colombianos que han retornado desde el vecino
país.Se instalan principalmente en barrios de estratos 1, 2 y 3, entre los que
se destacan: Centro, Antonia Santos, Café Madrid, Mirador del Kennedy,
Universidad y Morrorico para el caso de Bucaramanga; El Reposo, El Carmen,
García Echeverry, Prados del sur y Buenos Aires (Florida); Guatiguará, Las
Amarillas, Los Colorados, La Cantera y La Candelaria (Piedecuesta), y Ribera
del río, Bellavista, Acapulco y Arenales (Girón). El 60 % de ellos disponía de
un empleo antes de iniciar su proceso migratorio y sus ingresos no superaban el
salario mínimo oficial (3 dólares aproximadamente). El 63 % dijo haber pasado
hambre al menos una vez durante los tres últimos meses en Venezuela y el 52 %
perdió entre 5 y 9 kilos de peso, con un consumo alto de arroz, yuca, fríjoles,
arepa y sardinas, mientras que apenas un 5 % reportó incluir pollo o carnes
rojas.
Su lugar de procedencia es
principalmente de Caracas, Valencia y Acarigua, así como ciudades cercanas a la
frontera como San Cristóbal y Mérida, ingresando a Colombia en gran parte de
manera irregular evadiendo puesto de control a través de trochas que conducen a
Cúcuta. Un 75 % de ellos dice haber sido víctima de las bandas criminales que
controlan los pasos ilegales y les obligan a pagar entre 20 mil y 30 mil pesos
por permitirles cruzar. Su ‘capital’ para toda la travesía es en promedio de
menos de 100 mil pesos e incluso un 10 por ciento viajó sin un solo centavo.
La mitad de esta población estudiada por
Bonilla Ovallos y Tobón Ospino llegó y permanece sin ningún documento
venezolano que certifique su identidad y apenas un 12 % dispone de pasaporte,
pero de ellos solamente el 26 % lo tiene vigente.El 14 % de los migrantes
informaron que viven en el Área Metropolitana de Bucaramanga con Permiso
Especial de Permanencia (PEP) y el 8 % con Tarjeta de Movilidad Fronteriza
(TMF).
Tan solo el 15 % de los consultados tiene
la intención de establecerse de manera permanente en esta ciudad y el 48 %
tiene el propósito de traerse a algún familiar. El arriendo de habitaciones es
la principal modalidad de residencia, que en promedio comparten entre una y
cuatro personas, pero el 16 % comparte habitación con más de cinco personas y
un 27 % dice que no cuenta con un lugar fijo para pasar la noche.
En cuanto al nivel de educación, el 75 %
de los encuestados tiene como máximo el bachillerato, el 10 % estudios
tecnológicos y el 13 % restante cuenta con formación universitaria. En su
mayoría son albañiles, peluqueros, manicuristas, carpinteros, reposteros o
técnicos en refrigeración, electricidad, mecánica y computación. El mínimo
porcentaje corresponde a administradores de empresas, enfermeros,
comunicadores, diseñadores gráficos y docentes.
Con respecto a su vinculación laboral,
el 60 % tiene empleos itinerantes (principalmente como vendedores ambulantes) y
solo el 4 % ha firmado un contrato, desempeñándose en el área de servicios como
meseros o mensajeros. El 59 % no trabaja en su área de conocimiento o
experiencia, el 16 % ha sido víctima de algún tipo de explotación laboral y el
12 % vive de la caridad de los santandereanos.
Los migrantes reciben en promedio 300
mil pesos mensuales (menos de cien dólares), lo cual contrasta con los 500 mil pesos que dicen recibían
el año pasado. Más de la mitad de estos migrantes tiene en Venezuela entre 1 y
3 personas que dependen económicamente de sus ingresos y el 30 % envía remesas
que oscilan entre los 25 mil y los 120 mil pesos mensuales. Esta cantidad
podría resultar irrisoria para los sectores acaudalados de esta capital, pero
un indicador del valor que adquiere una remesa desde Colombia a las barriadas
de Petare es que por ejemplo en la carrera 33 hay locales que realizan giros
internacionales desde escasos 1.000 pesos en adelante. Con lo poco que ganan,
el 41 % apenas sobrevive, el 21 % satisface parcialmente sus necesidades
diarias y apenas el 8,5 % admite que cumple con sus necesidades.
Al preguntarles sobre su estado de
salud, el 15 % reportó padecer alguna enfermedad relacionada principalmente con
problemas respiratorios, cardiovasculares y diabetes, mientras que el 3 % tiene
algún tipo de incapacidad, pero un indicador más alarmante es que el 75 % de
estos migrantes declara que se siente deprimido y el 80 % admite que no utiliza
ningún método de planificación familiar.
Según el estudio del IEP de la
UNAB, la mitad de los encuestados
percibe a los santandereanos como colaboradores, solidarios y amables. Sin
embargo, el 45 % reportó haber sido víctima de algún tipo de discriminación (en
el año 2018 alcanzaba el 23 %) y debido a su nacionalidad el 25 % tuvo
dificultad para acceder a servicios bancarios, ingresar a restaurantes y
arrendar habitaciones o viviendas.
Las investigadoras detectaron que existe
un desconocimiento generalizado de las instituciones competentes a las que
pueden acceder en caso de problemas migratorios, defensa de derechos humanos y
asesoría jurídica, entre otros. El 71 % se ha acercado al menos en una
oportunidad a alguna institución del Estado y el 54 % afirma haber recibido un
trato amable por parte de los funcionarios. Los migrantes recomiendan
fortalecer el apoyo para acceder a empleo (75 %) y asesoría migratoria (22 %),
solucionar sus condiciones habitacionales (35 %) y promover campañas de
prevención y reducción de la xenofobia (12 %).
Con base en estos resultados, las
investigadoras María Eugenia Bonilla Ovallos y Mairene Tobón Ospino formulan
siete recomendaciones: definir la política pública migratoria de orden
nacional, que oriente el trabajo de las instituciones en torno a la atención de
la población migrante, con un enfoque territorial; incluir a la población
migrante en los planes de gobierno departamental y municipales de las
administraciones que resulten elegidas el próximo mes de octubre; conformar una
red de actores tanto políticos, sociales y académicos que contribuya a la
eficiente actualización de la caracterización de la población y seguimiento a
los planes de atención; articular a la red los programas de Psicología y
Derecho de las universidades del Área Metropolitana de Bucaramanga, para
conformar una plataforma de asesoría jurídica y apoyo psicosocial de la
población; estimular el emprendimiento en población con capacidades de
generación autónoma de ingresos; definir en el corto plazo una estrategia de
salud mental y salud sexual reproductiva; y promover estrategias para la
prevención y reducción de la xenofobia.
