En el examen de
Derechos Humanos que Colombia presenta anualmente ante la comunidad
internacional, en 2012 hay aspectos en lo que se avanzó significativamente,
pero que comparados con el grueso de la situación no permiten cantar victoria.
El jurista estadounidense Todd Howland, representante de la Alta Comisionada de las
Naciones Unidas para los Derechos Humanos, estuvo en Bucaramanga el 5 de marzo con el
propósito de presentar el documento.
Según Howland,
el panorama nacional en esta materia se asemeja a un semáforo con sus tres
luces: motivos de esperanza, problemas que requieren cuidado y especial
atención, y aquellos que requieren acciones urgentes.
El funcionario
de la ONU es optimista y con el documento en mano lee: “Se observan importantes
signos positivos, pero para obtener y mantener estos logros se requerirán
innovación y persistencia, y la participación de todos los sectores de la
sociedad, así como años de esfuerzos sostenidos”. Pero luego de una breve
pausa, acota: “El informe pone de manifiesto graves problemas de derechos
humanos que continúan siendo negados o siguen sin resolverse”.
Entonces recuerda
que Colombia es “el campeón” del mundo en víctimas de minas antipersona, el
país que más defensores de derechos humanos tiene bajo protección (3.500), el
segundo en desplazados por el conflicto armado interno (casi cinco millones de
personas, lo cual equivale a un 10 por ciento de la población) y el que posee
uno de los niveles más altos de desequilibrio en la tenencia de la tierra rural,
sin olvidar que este es un país de renta media con altos índices de desigualdad.
Dos de los muchos
signos positivos (verde) son el inicio oficial en octubre de 2012 del diálogo
entre el Gobierno del presidente Juan Manuel Santos y la guerrilla de las Farc
para ponerle punto final a la guerra y edificar una paz estable y duradera, al
cual se podría sumar un acercamiento con el Ejército de Liberación Nacional (ELN).
El otro aspecto es la aplicación de la Ley de Víctimas y Restitución de
Tierras.
Pero Howland dice que no puede ignorarse que en el contexto del conflicto armado, se comete una interminable lista de violaciones: asesinatos, desapariciones, torturas, uso de minas, desplazamiento forzado, violencia y explotación sexual, reclutamiento de niños, restricciones a la libertad de movimiento y circulación de alimentos y medicinas, conculcación de los derechos a la educación y la salud…
“Para lograr la
paz hay que asegurarse de que ni las Farc ni el Estado repitan estas
violaciones, que se respeten la verdad y la justicia y que las víctimas tengan
una mayor oportunidad de participar en los beneficios políticos y económicos de
Colombia”, reitera, siguiendo al pie de la letra el texto de 21 páginas que él
mismo va obsequiando a periodistas, soldados, policías, funcionarios
municipales y departamentales, miembros de organizaciones no gubernamentales y a
la misma señora que ha venido desde Barrancabermeja para implorarle atención
por cuanto ella tiene protección policial, pero sus hijos deben permanecer
encerrados porque han recibido amenazas recientemente y no hay quién les
garantice su integridad.
En cuanto a la
Ley de Víctimas, advierte que la reparación no debe limitarse a una
indemnización económica. “Los planes de reparación individual deben permitir la
reconstrucción de una vida digna y los colectivos deben orientarse a la
recuperación del tejido social de las comunidades afectadas”, subraya.
El panorama empieza a complicarse cuando la luz salta a amarillo. Es ahí cuando Howland hace referencia al acoso y agresiones a defensores de derechos humanos y líderes de las víctimas de desplazamiento forzado, en la mayoría de los casos por parte de grupos surgidos tras la desmovilización de los paramilitares, aunque las Farc también han sido señaladas por estos delitos.
En 2012 su
Oficina no recibió ningún informe de “homicidios cometidos por militares con el
propósito de inflar las estadísticas”, admite Howland, e incluso celebra la
condena a un teniente del Ejército que violó y asesinó a una niña y a sus dos
hermanos en Arauca en 2010.
A renglón
seguido, sin embargo, sostiene que en Colombia siguen existiendo obstáculos
graves al derecho a la libertad de expresión y opinión, y no pasa por alto el
reiterado uso excesivo de la fuerza en las manejo de las manifestaciones públicas
por parte de la Policía, incluido el Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad).
La Ley de
Inteligencia y Contrainteligencia es un paso adelante, y más si se trata de
garantizar que la nueva Dirección del área “no adopte las prácticas criminales
de su predecesor” -DAS-, pero le preocupa que unos 5.000 exempleados del
Departamento Administrativo de Seguridad hayan sido trasladados a otros
departamentos gubernamentales “sin haber sido objeto de ningún proceso de
depuración”.
Antes de que el
semáforo se ponga en rojo, Howland habla de los limitados resultados alcanzados
por la llamada Ley de Justicia y Paz (heredada del Gobierno anterior). “A
septiembre de 2012, de los miles de posibles acusados solo se había condenado a
catorce personas”, señala.
Se refiere
igualmente a la crisis carcelaria, la cual registra un hacinamiento agudo de un
50 por ciento por encima de la capacidad, y a la desaparición forzada en la que
los esfuerzos del Gobierno para hacerle frente han sido “insuficientes”, así
como los de la Fiscalía, si se tiene en cuenta que de 27.382 investigaciones
criminales activas, su unidad especializada -creada en 2010- ha obtenido 46
condenas.
Las alarmas se
disparan cuando Howland asevera que considerando la magnitud de las crisis de
los llamados ‘falsos positivos’ o ejecuciones extrajudiciales, “son muy pocos
los responsables que han sido retirados del servicio o procesados”. La Fiscalía
tiene denuncias relativas a 4.716 víctimas de homicidios presuntamente
cometidos por miembros de las fuerzas de seguridad, pero “solo hay proceso
activos conocidos en un 30% de ellas” y de ellos la gran mayoría no ha superado
la fase preliminar de la investigación criminal.
También llama la
atención sobre la reforma constitucional para ampliar la jurisdicción de los tribunales
militares, la cual “vulnera la separación básica entre los poderes necesaria
para la independencia del poder judicial”, y en cuya aprobación fueron desoídas
las fuertes críticas formuladas por la Alta Comisionada de la ONU. “Cuando la
justicia militar asume competencia sobre un asunto que debe ser examinado por
los tribunales civiles, se vulnera el derecho de las víctimas de acceso a la
justicia, así como el derecho a ser juzgado por un juez competente,
independiente e imparcial”, recalca.
Como en años
anteriores, manifiesta Howland, las Farc y el ELN continuaron sistemáticamente
despreciando el Derecho Internacional Humanitario y el Derecho Internacional de
los Derechos Humanos, en tanto que los grupos surgidos de la desmovilización de
los ‘´paras’ son considerados como una de las mayores amenazas para el orden
público.
Por último,
denuncia que el conflicto armado ha debilitado la estructura social y la
integridad de los pueblos indígenas, afrocolombianos, raizales, palenqueros y
romaníes. “Hoy en día, los megaproyectos y la explotación mineral presentan
riesgos adicionales”, declara, añadiendo que: “Las decisiones relativas a la
utilización y explotación de los recursos naturales suelen tomarse sin respetar
el derecho a la consulta previa, sin el respeto debido a las autoridades y
procedimientos tradicionales y sin ajustarse tampoco al contexto cultural
específico”.
Howland y su equipo de colaboradores saben que tienen muchas tareas por delante, así que dan por descontado que en 2013 el Gobierno colombiano prorrogue la presencia en el país de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos, vital si de lo que se trata es no solo de mejorar la situación en esta materia, sino de construir la paz con justicia social que el país y la comunidad internacional tanto anhelan. Porque aún en rojo, la ONU sigue trabajando por Colombia.
