lunes, 27 de octubre de 2014

Corte Suprema de Justicia condenó a 14 años de prisión a Néstor Iván Moreno Rojas

Corte Suprema de Justicia condenó a 14 años de prisión a Néstor Iván Moreno Rojas por 'carrusel'

El exsenador fue hallado culpable de solicitar multimillonarias comisiones para facilitar la entrega de contratos viales en la capital de la República. Se compulsan copias para determinar además un presunto enriquecimiento ilícito.
Por: Redacción Judicial (El Espectador)

La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia condenó a 14 años de prisión al exsenador, Iván Moreno Rojas por su responsabilidad en el denominado 'carrusel de la contratación' en Bogotá.
El alto tribunal encontró culpable al excongresista del Polo Democrático de los delitos de concusión, tráfico de influencias y celebración de contratos sin el cumplimiento de requisitos legales.
Para la Corte, está claro que el entonces senador presionó a diferentes contratistas para que repartieran una multimillonaria comisión con el fin de asegurar la entrega de contratos viales en la capital de la República.
En este caso le pidió a los Nule que como contraprestación por su “labor” lo favorecieran con un espacio para ubicar dos estaciones de servicio de gasolina en el proyecto de la doble calzada Bogotá-Girardot.
Por estos hechos, su esposa Lucy Luna de Moreno enfrenta actualmente un proceso penal por el delito de cohecho por el cual ya se ha declarado inocente. Para la Corte es evidente que el excongresista buscó un beneficio propio aprovechando su posición política y social.
Para la Corte Suprema, el excongresista incurrió en una aprovechamiento indebido de su investidura para ejercer dominio frente a funcionarios del orden distrital. Su cercanía al alcalde de Bogotá y su poder frente a la Instituciones del Distrito lo convirtieron en el contacto obligado para los contratistas que querían para resultar favorecidos en los procesos de licitación de contratos viales.
Su nombre era prenda de garantía y de efectividad para que los procesos licitatorios que realizaba el IDU durante la administración de Samuel Moreno Rojas le fueran direccionados a aquellos que habían aceptado la promesa remuneratoria. Para esto se tuvieron en cuenta los testimonios de varios contratistas y exfuncionarios del Distrito que dieron pormenores del poder que ejercía el entonces congresista.
Finalmente la Sala remite copia de la sentencia a la Sala de Instrucción del alto tribunal para que se determine la posible configuración del delito de concierto para delinquir en las otras investigaciones que adelanta contra el exsenador por este caso de corrupción administrativa. 
Con estas indagaciones se busca establecer, entre otros hechos, su presunto enriquecimiento ilícito como producto del dinero que habría recibido de los contratistas.
Moreno Rojas fue destituido e inhabilitado por 20 años para ejercer cargos públicos por parte de la Procuraduría General, mientras que el Consejo de Estado le decretó la pérdida de investidura. Desde hace tres años y medio se encuentra privado de su libertad desde hace tres años en la cárcel La Picota de Bogotá.

domingo, 26 de octubre de 2014

Arrancó la campaña (Columna de Miguel Ángel Pedraza)


(Columna de Miguel Ángel Pedraza publicada en el periódico Vanguardia Liberal el viernes 24 de octubre de 2014) 

Sí, arrancó la campaña a la Gobernación de Santander y parece que ya hay muchos candidatos, muchos ciudadanos que anuncian estarse preparando para la contienda política de octubre del año entrante con miras a suceder al joven Richard Aguilar.

Antes de que se oficializara la candidatura del señor Carlos Fernando Sánchez, otros personajes señalaron su aspiración como “el loco” Luis Alberto Quintero, el diputado Iván Aguilar y el exalcalde Raúl Cardozo. Y siempre ha flotado en el ambiente la candidatura del excongresista Holger Díaz, a pesar de los cuestionamientos por sus vínculos con lo de Saludcoop.

Incluso aparece en la baraja Fredy Anaya, quien dijo alguna vez en una entrevista que quería ser alcalde o gobernador. Ni él mismo sabe lo que quiere, pero quiere mandar y manda.

Con esa pléyade de postulados, seguro tendremos una campaña regional bien controvertida y muy desconfiada. Y bastante singular, por cierto. Será muy interesante escuchar al candidato Sánchez hablando de algo diferente al turismo, digamos que sobre la influencia del paramilitarismo en Santander; y será interesantísimo oír el discurso del aspirante Quintero sobre la corrupción en la política.

Y tendremos que prepararnos para escuchar la consigna “uribista” de Aguilar y Cardozo, seguidores de la doctrina del expresidente. Aunque Sánchez, también. Hasta de pronto hablarán mal del famoso “contrato plan” y fustigarán a Richard por haber aceptado para Santander la ayuda del presidente Santos. Nada de raro.

Agitadísima se asoma esa campaña. Miren que no ha empezado y ya están inhabilitando a Carlos Fernando y ya desestiman a Holger sin haber sido vencido en juicio; y al pobre Luis Alberto lo tratan de “loco” como si su candidatura fuera un chiste. En una de esas se descuidan y se les monta Fredy, querido u odiado, pero ya les dijo a todos que quiere mandar. ¡Están advertidos!

En manos de los Aguilar (Columna de Diana Saray Giraldo)

(Columna de Diana Saray Giraldo publicada en el periódico Vanguardia Liberal el domingo 26 de octubre de 2014)


No hay duda. En Santander la fuerza política que se adueñó del departamento se llama “los Aguilar”. No es Opción Ciudadana la que jalona la votación, sino la maquinaria política que arrastra esta familia. Hoy los Aguilar tienen a un gobernador, Richard, con el mayor índice de aprobación del país, un senador, Nerthink Mauricio, que tramita proyectos de turismo que luego favorecen los intereses de su hermano, y un papá, Hugo Heliodoro, que desde la cárcel da instrucciones de cómo mover el ajedrez político en Santander.

A lo santandereanos poco les importa el pasado del Coronel que hoy lo tiene en pri-sión; a nadie parece sonrojarle que su llegada a la Gobernación haya sido producto del apoyo paramilitar ni que su fortuna se haya multiplicado tras su paso por el Palacio Amarillo. ¡Panachi!, gritan los fervientes seguidores de los Aguilar, para decir que gracias a la gestión de esta “santísima trinidad”, Santander ha podido crecer. Y es cierto, gracias a estas obras el departamento ha crecido en visibilidad nacional, pero ¿alguien sabe exactamente a dónde van los recursos de Panachi? Esta corporación es una especie de híbrido que termina manejando de manera privada recursos públicos. ¿Alguien ha visto una rendición de cuentas de la entidad? Y ahora es su director saliente, Carlos Fernando Sánchez, quien toma las banderas de los Aguilar para seguir al mando de la Gobernación. A nadie le importa tampoco que Sánchez tenga comunicación directa con el Coronel, que lo visite en la cárcel y que profese su gratitud eterna. Es entendible, al fin y al cabo a Aguilar le debe lo que es hoy. Es cierto, su hoja de vida está limpia y sin duda será una mejor opción frente alguien tan cuestionado como Didier Tavera. Pero los Aguilar no se quedarán solo con la Gobernación. El anuncio de Sergio Muñoz, secretario de Richard, de lanzarse a la alcaldía de Bucaramanga, deja claro que quieren también el gobierno municipal. Y ante las desastrosas administraciones liberales de los últimos años, sin duda los Aguilar tendrán grandes opciones de quedarse también con Bucaramanga. Y ya veremos los anuncios que tienen para las alcaldías de Florida, Girón y Barranca.

El lastre de Carlos Fernando (Columna de Manolo Azuero Figueroa)


(Columna de Manolo Azuero Figueroa publicada en el periódico Vanguardia Liberal el domingo 26 de octubre de 2014)

Carlos Fernando Sánchez renunció hace días a la Corporación Parque Nacional del Chicamocha, después de una larga y cómoda estadía en esa entidad que manejó por 10 años a su antojo. Renunció para aspirar a la gobernación de Santander bajo el ala presa pero aún poderosa del coronel Hugo Aguilar. Si Sánchez llega a salir elegido - algo probable en un departamento que eligió a Richard Aguilar-, su más reciente trayectoria es un lamentable augurio para el porvenir del presupuesto público del Palacio Amarillo. La etapa de planeación de su último legado, el Cerro del Santísimo, es un caro desatino que está pasando de agache.

Además de la escultura del cristo, que costó 3.525 millones, la obra civil del Santísimo se contrató en marzo de 2013 por 19 mil millones de pesos. Su ejecución se inició en mayo y tenía que estar lista en un año. Sin embargo, el contratista pidió dos meses adicionales porque tuvieron que ajustar el diseño de la construcción del pedestal. La entrega, entonces, quedó para agosto pasado pero tampoco cumplieron. Y ese mes no sólo pidieron cinco meses más de plazo, también la módica suma de 8.957 millones adicionales al monto original. ¿La razón? Una modificación en el “urbanismo”. ¿El porqué de la razón? Un detalle no menor: en la otra obra multimillonaria del proyecto, la del teleférico, por la inestabilidad del terreno y el impacto ambiental de la construcción, tuvieron que modificar las especificaciones técnicas del Cable Aéreo y su trazado original. Era necesario para no arrasar con el bosque nativo de esa zona. Corregir la improvisación, por supuesto, también trajo consigo un adorno para ese otro contrato, que tenía un valor original de 20.909 millones: le sumaron 5.804 millones de pesos más.

Los estudios y diseños iniciales para desarrollar estas obras fueron responsabilidad de la Corporación Panachi en cabeza de Sánchez y no previeron estos costos.

Él dice que era imposible tal previsión, porque cada proveedor de teleféricos ofrece características únicas que afectan las especificaciones de obra y de incluirse en la licitación, la amarrarían.

En todo caso, por ese “imposible” este alfil salta al ruedo electoral con el lastre de planear un proyecto que se va a entregar tarde y nos va a costar a los santandereanos mucho más de los 45 mil millones que nos habían dicho.

viernes, 17 de octubre de 2014

La guerra y la paz de Colombia vistas desde EE UU

Con su menuda figura y la llama encendida por ver algún día a Colombia en paz que se refleja en el brillo de sus ojos azules, Virginia M. Bouvier, consejera para América Latina del Instituto de la Paz de los Estados Unidos de América (USIP), se paseó por la Universidad Autónoma de Bucaramanga (UNAB) sin ninguna prevención o esquema de seguridad, sino entusiasmada por estar participando en el encuentro “Fortalecimiento de mujeres mediadoras en el conflicto armado colombiano: intercambio de experiencias y saberes”.

Así que después de intervenir en un panel junto a Alba Márquez, exguerrillera del Frente Farabundo Martí para la Liberación (FMLN) de El Salvador y hoy congresista; Carla Ruta, de la ong humanitaria suiza  “Llamado de Ginebra” y de Esperanza Hernández, investigadora del Instituto de Estudios Políticos (IEP) de la UNAB, Bouvier atendió esta entrevista exclusiva, no sin antes auscultar la visión del reportero.



El certamen, que se llevó a cabo del 30 de septiembre al 4 de octubre en el Auditorio Menor ‘Alfonso Gómez Gómez’ y en el Hostal UNAB, fue organizado por el IEP que dirige Carmen Lya Fernández, con el apoyo de la Agencia Usaid del Pueblo de los Estados Unidos y la Entidad de las Naciones Unidas para la Igualdad de Género y el Empoderamiento de las Mujeres, ONU Mujeres.

Tomaron parte treinta mujeres indígenas y negras, víctimas del conflicto armado interno, funcionarias gubernamentales, delegados de ong internacionales y expertos en el tema como la exsenadora Piedad Córdoba Ruiz; Jonathan Richter, director de Programas de Usaid en Colombia; y Ana Teresa Bernal, alta consejera para los derechos de las víctimas (Alcaldía de Bogotá).

¿Qué es el Instituto de la Paz de los Estados Unidos?

Es una entidad financiada por el Congreso norteamericano, que fue constituida en 1984 así que estamos cumpliendo treinta años de existencia, con el mandato de contribuir a la prevención, gestión y resolución de conflictos internacionales. Y lo hacemos de distintas formas. Por ejemplo tenemos programas de financiación para apoyar a las gentes que están en las zonas de conflicto y que están buscando la prevención o tienen programas o procesos de resolución de conflictos o de construcción de la sociedad civil como un actor que puede ayudar a proteger los derechos humanos y promover la paz.

¿Su Instituto es ajeno a que quienes tengan la mayoría en el Congreso de su país sean demócratas o republicanos? ¿Depende de los vaivenes de la política interna? ¿O de los caprichos del presidente de turno?

No. Tenemos una junta directiva que por mandato es bipartidaria, con un balance entre estas dos fuerzas políticas. También contamos con varias personas que participan en la junta como funcionarios del Departamento de Estado y de la Escuela Nacional de Seguridad, así que la composición de la organización tiene ciertas protecciones para asegurar que no caigamos en el bipartidismo ni en una política de Estado. Somos independientes y autónomos, y una de las ventajas y logros que tenemos es que podemos convocar a todos los sectores y buscamos apoyar espacios de conversación sin tomar partido. Igualmente diría que respondemos bastante a la coyuntura política, porque hay debates muy difíciles y existe la necesidad de realizarlos, así que nosotros podemos ofrecer espacios de conversación mediada o facilitada con gente que no está de acuerdo entre sí.



¿Por qué están convencidos ustedes que las mujeres están llamadas a cumplir un rol de primer orden en la solución del conflicto armado interno colombiano?

Las mujeres llevan muchas décadas de jugar un papel en la construcción de paz y en la mediación de conflictos en sus territorios. Eso no hay que imaginarlo. Existen y es más cuestión de apoyar estos esfuerzos. Creo que las mujeres por haber sido tan invisibilizadas en la sociedad colombiana, a veces no se reconocen, no se estima que su participación cuente para algo. Y es que las mujeres hacen esto de una manera tan natural a veces que uno ni se da cuenta que está contribuyendo.

Una de las metas de este seminario-taller, que no hemos presentado como capacitación porque consideramos que esas mujeres ya han manifestado sus capacidades. Tienen capacidades, pero lo que no tienen es reconocimiento. Inclusive ellas mismas no se reconocen, entonces tratar de fortalecer sus capacidades de alguna manera comienza con un reconocimiento a lo que han logrado. Aquí ellas han compartido muchas experiencias que demuestran una perspicacia, una inteligencia, una persistencia, un esfuerzo de reconocer la humanidad del otro como la base de hacer un trabajo, que es un trabajo de mediación pero también es un trabajo de cómo resolver conflictos, cómo prevenir la violencia en sus comunidades, cómo prevenir desplazamientos, cómo manejar unas situaciones muy difíciles de conflicto armado y de cómo encontrar soluciones a nivel local.

De todos estos relatos que ha podido escuchar en este encuentro, ¿cuál ha sido el que más le ha impactado a pesar de que usted ha presenciado tantas experiencias dolorosas y traumáticas en este continente?

No sé en cuanto a la confidencialidad de lo particular si puedo destacar algo específico, pero yo diría que aquellos casos de secuestro de familiares, donde las mujeres han buscado la liberación de sus seres queridos y lo han conseguido. Puedo destacar el trabajo de Marleny Orjuela (Asociación de Familiares de Policías y Militares secuestrados por la guerrilla, Asfamipaz), que centenares de policías y militares capturados por las Farc han sido recuperados por el trabajo de ella. En otros casos las negociaciones con paramilitares que han hecho cerco a una comunidad y que por la valentía y la audacia de una mujer o un grupo de mujeres se han ido después de conversar con ellos y enfrentarlos, un poco reclamando su derecho a asumir esa vocería, para defender a los suyos y también la trayectoria de la mujer en la zona. En algún caso que oí los paramilitares entraron a una población y atemorizaron a todos sus habitantes, pero una mujer fue con algunas compañeras a reclamarles “con qué derecho están ustedes aquí amenazado que no podemos seguir, si nosotros llevamos décadas en esta zona. ¿Ustedes cuándo llegaron? ¿Qué derecho tienen?”. Diciéndoselos así, cara a cara. Lo mismo el caso de personas que estaban bajo amenaza por un sector u otro, y que fueron directamente a enfrentarse con los actores armados para preguntarles “¿qué quieren de mí?”, y que por la valentía de la mujer los actores armados que estaban presionando, intimidando o extorsionando dejaron de hacerlo. Un poco el reconocimiento de la valentía cuando las mujeres se ponen bravas, que ya los actores armados no pueden ponerle la cara y se ven obligados a retirarse. Igualmente cuando uno de los comandantes de las Farc lloró al estar enfrentado con un familiar que reclamaba por un pariente secuestrado. Hay muchas experiencias no contadas y las mujeres han trabajado en cierto silencio. No buscan la visibilidad y simplemente hacen su trabajo cuando algo pasa con una comunidad o con un familiar, y ha sido necesario ponerse en frente de la situación para resolver el problema.

¿Estas mujeres odian? ¿Quieren venganza?

Nada, nada. En los seminarios-talleres una de las cosas que se ha planteado es que de la mediación no se puede hacer un lugar de odio, porque no funciona y porque hay que ir con una apertura, una perspectiva de no juzgar al otro, de tratar de entender al otro y sus puntos de vista para poder negociar algo.

En este espacio hay muchas mujeres muy diferentes, que no están de acuerdo entre ellas, y el aceptar a la otra es una gran ganancia. Aquí por ejemplo hay varias excombatientes que han firmado pactos de la paz y que han entrado a la vida civil en Colombia, que están presentes en este seminario, y algunas de ellas contaron de sus experiencias, de su opción no por la guerra pero de su frustración por no encontrar espacio y una exclusión política que no dejó posibilidades de más justicia digamos, y que en cierto momento se dieron cuenta que la vía armada no era una opción adecuada y tomaron decisiones con mucha valentía de entrar en la vida civil.

Y después de uno de los testimonios sobre esta experiencia, una mujer desplazada que ha sido víctima de todos los grupos armados y su comunidad también, hizo su intervención con lágrimas y dijo: Yo tengo una historia donde mi comunidad ha sufrido bastante a manos de las guerrillas y de los paramilitares, y nunca se me ocurrió que los individuos de estos grupos tienen sus propias historias también, y que podría haber un deseo de paz entre ellos. Fue un momento muy emocionante.

¿Cómo comprender desde afuera que en este país hay gente que le sigue apostando a que fracasen todos los intentos de buscar una salida negociada y que esto se acabe de incendiar?

Es que hay muchos intereses en la guerra. Cuando se termine la guerra hay sectores que van a sufrir una reducción de sus fondos. La meta es pensar en cómo reducir este sector de la población, de crear oportunidades para quienes pueden perder con la paz, de buscar incorporarles en la sociedad de una manera en la que ellos también sientan que tienen un lugar y un trabajo digno.

En las conversaciones en La Habana (Cuba) no se ha contemplado una reducción de las Fuerzas Armadas, pero creo que hay que reconocer que si no hay guerra habrá que reacomodar las estructuras del poder y los presupuestos. Entonces hay que tratar de minimizar el temor de lo que puede pasar y buscar realmente alternativas para que los militares que han prestado servicio a la Nación en estas guerras durante tantos años, no sean aislados de la comunidad y del Estado. Ellos han jugado un papel, hay un reconocimiento de eso, así uno esté de acuerdo o no con la guerra, pero muchos han prestado servicio muy honorable y algunos otros no. Hay que separar eso también, hay que buscar la justicia para asegurar que toda la institucionalidad no sufra de acusaciones, sino que se identifique a quienes han abusado del poder, para limpiar la institucionalidad. No hay que dejarlos a un lado en el proceso.

Yo creo que el presidente (Juan Manuel) Santos ha hecho un trabajo muy interesante por buscar incorporar a los militares y policías en el proceso de paz, para asegurar que ellos se sienten parte de esa transición a una nueva etapa para Colombia.

¿La viuda o la huérfana que se sienta frente al victimario y le da la mano es una cobarde, como piensan algunos descerebrados, o que se volvió cómplice de ellos? ¿Cómo ven ustedes estos encuentros que se han venido dando en La Habana?

Esto de la reconciliación es un tema bien complicado. Hay dos niveles: uno personal e individual, y otro de la sociedad. El perdón personal nunca debe ser una expectativa de la sociedad, porque es una decisión de cada quien, e imponer una carga a la víctima por esto encuentro como una revictimización muy fuerte y equivocada. Sin embargo, ha habido muchas personas que han logrado llegar a sentir la necesidad de perdonar al otro. Eso viene a través de un proceso largo. No es una cosa que se puede decir que sí o decir que no. Es un proceso y tiene mucho que ver con los reclamos para la verdad y que no se puede perdonar lo que uno no sabe. Hay que saber de qué se perdona y hay que tener algún reconocimiento por parte de la persona que hizo mal de lo malo que ha hecho.

Yo encuentro una capacidad y un deseo de perdonar entre muchas víctimas, no todas, pero un deseo de personar para sanarse la víctima en sí, algo que tiene más que ver con la necesidad de sanación personal, de no querer vivir con el odio hacia el otro. Eso viene con la verdad, la justicia y la reparación. La reconciliación puede venir sólo en condición de que las otras situaciones se cumplan, así como las garantías de no repetición. Eso también sería lo más importante para la mayor parte de las víctimas. Ellos quieren garantías de que nunca se repita de nuevo y que no haya otras víctimas que tengan que sufrir como ellos y ella han padecido.



¿Para el Instituto de Paz de EE.UU. está claro que lo que se está negociando en Cuba es el fin del conflicto armado interno y no la paz, que implica muchas cosas más que el silencio de los fusiles?

Esa es una buena diferencia la que haces. Nosotros creemos que se está conversando para poner fin al conflicto armado interno en Colombia. Reconocemos sin embargo que la mayor parte de la violencia en este país no viene del conflicto entre las Farc y las fuerzas del Estado, y que tampoco todos los actores armados del conflicto están en La Habana. Debe haber un proceso de paz con los ‘elenos’ (Ejército de Liberación Nacional, ELN) para ponerle un punto final al conflicto armado, y también algunos arreglos con el EPL (Ejército Popular de Liberación).

Hay que pensar en un proceso de paz en Colombia como un proceso muy comprensivo e integral, que incluyera a todos los actores armados. Segundo, el proceso de negociación colombiano ha hecho tantas cosas innovadoras, una de ellas es esta comisión histórica de esclarecimiento del conflicto y sus víctimas. Lo que esta comisión puede ofrecer es destacar el hecho de que no es una negociación entre las Farc y el Gobierno colombiano lo que va a terminar el conflicto, porque hay muchas víctimas de muchos sectores y que hay que de nuevo tener un acercamiento integral al problema.

Para hacer un acercamiento integral hace falta entender el problema en su totalidad. La violencia del conflicto armado viene a ser una minoría de las violencias que existen en Colombia, que todas tienen vínculos entre sí pero creo que no se ha tratado todavía de desarmar estas otras violencias de los conflictos sociales. Por ejemplo pensando en el tema de Género, no se ha reconocido la relación entre la violencia contra la mujer y la violencia intrafamiliar y el conflicto armado, pero si uno hace un análisis de distintas dimensiones del conflicto, digamos el desplazamiento, algunos estudios han demostrado que un quince por ciento de los desplazados lo han hecho por razones de amenaza de violencia sexual o intrafamiliar. Ese es un impulso que hace repetir el conflicto. Si uno mira los cuestionarios que se han hecho a excombatientes, muchos de ellos al preguntarles por qué se juntaron a un sector armado como el quince o veinte por ciento responde que por violencia o por abuso sexual en su familia que dejaron la casa. Ese es otro factor que impulsa a la guerra y se convierte en un ciclo de violencia porque al final otro aspecto es que cuando los excombatientes vuelvan a sus casas para las mujeres la violencia aumenta. Entonces si la violencia aumenta en la casa ya se inicia el ciclo de nuevo y los jóvenes se van porque hay más violencia.

Entonces si uno piensa después que la violencia contra la mujer forma parte de las lógicas de la guerra, uno se pregunta: ¿Y cómo se interrumpe este ciclo? Lo que se sabe de la prevención de violencia contra mujeres, contra cualquier grupo, es que pasa dentro de un contexto de discriminación y maltrato de ese sector. Entonces si la violencia contra la mujer se permite existir por una idea de la sociedad de que la mujer tiene menos valor que el hombre, hay que buscar la manera de hacer más equitativa la relación entre la mujer y el hombre, para que la sociedad entienda que la mujer tiene la misma dignidad y los mismos derechos que el hombre.

Es algo complicado y la gente no capta muy bien los matices de la importancia de la participación política de la mujer, y crea un nuevo contexto en el cual no se acepta la violencia contra la mujer y si no se acepta la posibilidad de una renovación de la guerra es latente.

Cuando oye al propio Gobierno admitir  que en Colombia hay seis millones y medio de víctimas (600 mil de ellas en Bogotá), luego oye a unas mujeres que dicen que el conflicto continúa con igual o mayor fragor en poblaciones del Cauca como Santander de Quilichao o en El Catatumbo (Norte de Santander), ¿usted es optimista de lo que viene o este es un sueño?

Hay que manejar las expectativas y hay mucha carga en el Estado de resolverlo todo. Sabemos de otros procesos de paz que con la firma de unos acuerdos las cosas no cambian de manera inmediata, porque se requiere cierto trabajo, hacer nuevas institucionalidades, tramitar leyes que deben ser discutidas y aprobadas, y demanda de un apoyo desde la sociedad para el cambio. Creo que en Colombia se ha estado construyendo desde la base la paz, desde hace mucho tiempo y no es que aquí se comience de la nada, sin embargo  hay como una falta de articulación entre lo que está pasando en los territorios y lo que pasa en el nivel central. Tengo la confianza y el optimismo de que se va a firmar algo en La Habana. El balance de los poderes acá en Colombia es  difícil, hay muchos en contra, pero el anhelo popular sigue siendo para la paz. Hay una apuesta por la paz muy fuerte acá. Lo que no veo tan claro es cómo traducir esa firma en cambios reales y concretos en los territorios, y hay un escepticismo por parte de muchos en los territorios porque no hay cese bilateral de fuego, y la guerra para ellos se está intensificando en muchas regiones, entonces ven una situación compleja entre tener un proceso de paz y el vivir la guerra.

Además, algo que hemos aprendido de la violencia en los procesos de paz es que en muchos casos cuando se acerca la firma final de un acuerdo la violencia se destapa. Eso va a pasar y está pasando. Yo interpreto tantas amenazas en las últimas semanas contra los defensores de derechos humanos, contra los periodistas, contra los reclamantes de tierras y contra las víctimas, casi como un reconocimiento de que lo que pase en La Habana pueda llevar a un acuerdo, y hay gente que está con mucho temor de lo que puede significar para ellos y están reaccionando. En Irlanda del Norte, en Sudáfrica, en El Salvador, la violencia se destapó justo antes de la firma del acuerdo de paz, pero la sociedad civil y el gobierno en todos los casos supo acumular fuerzas con el aumento de la violencia y usar la violencia para decir es más urgente que nunca que llegáramos al final y firmemos un acuerdo de paz, en vez de decir es que hay una contradicción y si hay violencia hay que parar el proceso. Ya se está entendiendo más esa lección del Caguán cuando se descarriló el proceso por las violencias, por el avión secuestrado en particular. Esta vez lo que yo veo en cambio es una decisión muy clara de rodear el proceso hasta que termine. Eso ayuda.

El otro elemento es entender que en los procesos de paz se usa la violencia para ganar cosas en la mesa. En el caso colombiano no ha funcionado así. El uso de la violencia durante procesos de paz en el pasado y ahora, crea escepticismo y puede socavar el proceso porque la gente no cree en un proceso que no puede disminuir la violencia que están viviendo. Esta es una de las razones por la que muchos sectores están reclamando un cese bilateral del fuego.

¿Si no es por el diálogo y las negociaciones, cómo más se puede poner fin al conflicto armado interno en Colombia? ¿Esto cómo se ve desde Washington?

La opción militar ya no tiene apoyo en el exterior. Todo el mundo está reclamando una resolución política a un conflicto que tiene sus aspectos políticos. Y si uno mira los borradores y acuerdos preliminares que se han hecho en La Habana, tocan los temas estructurales del conflicto: reforma agraria, desarrollo integral y participación política. Este conflicto ha tenido  raíces en la cuestión política y es cuestión de una modernización de la democracia. No es nada radical lo que se está pidiendo. Ahora, en cuanto a las drogas y cultivos ilícitos, si bien no era un generador inicial del conflicto ha contribuido en su parte a la perpetuación del conflicto. Así que tenemos los tres factores principales que han dado origen al conflicto. Entonces creo que es un buen inicio, y víctimas y fin del conflicto se están conversando ahora. La apertura a las víctimas en la mesa de conversaciones en La Habana ha sido algo extraordinario, único, pionero en el mundo en cuanto a procesos. Colombia está construyendo un camino nuevo que va a ser replicado o al menos considerado en todos los otros procesos que existen en el planeta, porque abre nuevos espacios y nuevas formas. El tema de la participación política en particular es muy importante y allí el de la mujer, no sólo como víctima sino porque las mujeres tienen muchas propuestas y visiones diferentes que pueden ofrecer. Por eso la importancia de la subcomisión de género que se abrió en La Habana, porque crea nuevas oportunidades para las mujeres de contribuir a parar de una vez por todas este desangre.

¿Qué tan sincera es la actitud de Estados Unidos para que en este país se acabe la guerra, y más si nos ponemos a mirar la posición de su Gobierno en temas como Siria, Irak y Afganistán, o en un pasado no muy remoto en El Salvador, Nicaragua y Guatemala?


Es una pregunta que tiene muchos matices. El Instituto de Paz no toma posiciones políticas tal cual y tratamos de mantenernos como terceros que ofrecen espacios de discusión para buscar apoyar opciones no militares alternativas. En cuanto al trabajo en Colombia, la verdad es que este país no ha sido prioridad en estos años dentro del esquema del Congreso de Estados Unidos ni del Ejecutivo. Hay mucho debate sobre el papel de los Estados Unidos en Colombia, la mayoría a partir del ‘Plan Colombia’ y la lucha contra las drogas. Hay  una pluralidad de intereses de los Estados Unidos en Colombia: intereses comerciales con el Tratado de Libre Comercio (TLC), las drogas, en ciertos momentos la contrinsurgencia, en otro el contraterrorismo… Veo que en los últimos años ha habido una apertura hacia la paz, por lo menos en América Latina, y en el caso de Colombia se ha visto un deseo de apoyar una salida pacífica, que se ve que hay una posibilidad de lograr un acuerdo de paz y que hay que apoyarla. Estados Unidos no está en la parte por la guerra.

miércoles, 1 de octubre de 2014

Exgobernador Aguilar tardaría mil años en pagar multa por parapolítica (El Tiempo)

Debe 6.337 millones por apoyar grupos ilegales. 'Conejo' de 'parapolíticos' a reparación.

Ellos hacen parte del grupo de 1.429 condenados por hechos relacionados con el conflicto armado desde el 2011, en el que hay también guerrilleros, paramilitares, miembros de bandas criminales y miembros de la Fuerza Pública. La Ley de Víctimas ordenó que las millonarias multas que les impuso la justicia fueran al Fondo Nacional de Reparación, pero las cifras son simplemente desalentadoras.
En total, la deuda de los victimarios con el Fondo va en 1,3 billones de pesos. De ese dinero, que debía ser destinado a la reparación, el Gobierno solo recibido de los condenados un poco más de 3 millones. Y de esos 3 millones, los ‘parapolíticos’ solo han pagado un millón.
El reporte, además de escandaloso, es alarmante porque los cálculos oficiales del costo de la reparación de los 6,8 millones de víctimas de la guerra llegan a los 54 billones de pesos. El Fondo apenas ha recibido 200.000 millones en una década.
Nadie paga
Quienes más les deben a las víctimas, por sentencias posteriores a junio del 2011, son precisamente los desmovilizados de las Auc. Hay 462 ‘ex-paras’ que tienen multas y no han entregado un peso para el Fondo.
En la lista de ‘morosos’ de la reparación aparecen 353 guerrilleros de las Farc, varios de ellos del Secretariado, condenados y con multas que ya van por encima de los 80.000 millones de pesos.
Y si bien resulta poco sorprendente que los miembros de los grupos armados, muchos de los cuales fueron condenados en ausencia, no paguen sus multas, el capítulo de los políticos que se aliaron con ellos es cuestionable porque el ‘conejo’ al Fondo de Reparación es incluso mayor que el de los desmovilizados de las Auc.
Los 31 que figuran en la lista de morosos deben 106.533 millones de pesos. El único que ha hecho un abono, en dos cuotas de 500.000 pesos, es el exgobernador de Santander Hugo Aguilar Naranjo, condenado el 14 de agosto del 2013 por haber conformado una alianza con los paramilitares del ‘Bloque Central Bolívar’. La Corte Suprema de Justicia le impuso 9 años de cárcel, que aún está purgando, y una multa de 6.337 millones de pesos.
Aguilar, uno de cuyos hijos es senador y el otro, Gobernador de Santander, hizo un acuerdo de pago con la Unidad de Víctimas para abonar mensualmente su deuda. Al ritmo de los 500.000 pesos por mes que ha venido pagando, tomaría 1.056 años cubrir la multa.
La lista de morosos la encabeza el exsenador antioqueño Óscar de Jesús Suárez Mira, quien hoy adeuda 7.074 millones de pesos. El exparlamentario, preso desde el 2011 y condenado en julio del año pasado, sigue teniendo hoy fichas en la política. Su hermana, Olga Suárez Mira, fue reelegida en Senado en las elecciones pasadas con 70.200 votos y en Bello, su área de influencia, sigue siendo el mayor poder político a pesar de estar detenido.
Algo similar pasa con Javier Cáceres, expresidente del Congreso, que debe 6.092 millones de pesos y acaba de recobrar la libertad. Su hija, Luz Stella Cáceres, aspiró al Congreso en las pasadas elecciones por el partido Conservador.
Otro que no ha cumplido con la justicia y que mantiene su poder político es el exsenador y exjefe de Convergencia Ciudadana Luis Alberto Gil Castillo. Recuperó su libertad en marzo del 2012 y en los registros oficiales figura que no ha pagado uno solo peso de los 3.683 millones que les debe a las víctimas. Su esposa, Doris Vega, está en el Congreso.
Odín Horacio Sánchez Montes de Oca, quien debe 5.891 millones de pesos, es uno de los barones políticos en el Chocó. Su hermana Astrid estuvo hasta hace menos de un año en el Senado. Su otro hermano, Patrocinio, también fue procesado por nexos con paramilitares y hoy está secuestrado.
Tampoco ha pagado el exgobernador de Bolívar Libardo Simancas, que fue multado con 1.800 millones y ha sido mencionado en procesos relacionados con la ‘Gata’ y la pirámide DMG. En la lista de deudores también aparecen Jorge Aurelio Noguera Cotes, exdirector del DAS, que debe 3.486 millones de pesos; el excongresista de Magdalena Miguel Pinedo Vidal (6.233 millones de pesos), y Mario Salomón Náder (3.683 millones de pesos), entre otros.
Ante el incumplimiento, la Unidad de Víctimas revisa la posibilidad de iniciar cobros coactivos que, en oportunidades anteriores, se han encontrado –como sucedió con un poderoso político del Valle que habitaba una lujosa mansión y volvió a ser detenido por otro delito– con que los incumplidos les han salido adelante y se han declarado en quiebra.
'Unidad perseguirá bienes de deudores': Juan Camilo Morales, coordinador del Fondo de Reparación de Víctimas
¿Por qué ha sido tan difícil cobrar las multas?
Se necesita una acción conjunta de las instituciones, la persecución de los bienes de todos los condenados por concierto para delinquir, con la misma intensidad con la que se buscan los de los paramilitares. Sabemos que la Fiscalía ha incautado una gran cantidad de bienes de personas relacionadas con grupos armados y esas propiedades deben llegar al Fondo de Reparación de Víctimas.
¿Qué pasa si un condenado no paga?
La Unidad primero hace un cobro persuasivo, que consiste en buscar un acuerdo con el deudor (se han logrado 4 acuerdos) y si no se cumple ese pacto, se pasa a la etapa de cobro coactivo.
¿Cómo es ese cobro?
La Unidad de Víctimas, como entidad pública, tiene la facultad de embargar bienes y rematarlos, para conseguir dineros para la reparación. Aún no hay resultados porque esta estrategia apenas comenzó.
¿Los deudores que no paguen pueden quedar libres?
Algunos ya han quedado libres. Lo que estamos buscando es que los jueces, antes de dejar en libertad a postulados en justicia y paz, o a ‘parapolíticos’, nos pidan un reporte en el que se verifique que sí pagaron la multa que deben.
JUSTICIA