Se ha especulado
tanto sobre los diálogos que el Gobierno del presidente Juan Manuel Santos y la
guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del
Pueblo (Farc-EP) adelantan desde 2012 en La Habana (Cuba), que ya era de
abordar a un analista serio como Jaime Zuluaga Nieto, Profesor Emérito de las universidades
Nacional y Externado de Colombia, así como docente de la Maestría en Ciencia
Política de la Universidad Autónoma de Bucaramanga (UNAB).
Así que en el
intermedio de una de sus clases en el salón D-1-1, mientras Zuluaga Nieto
explicaba las razones y desenlace del conflicto armado interno -provocando
consternación con sus ejemplos y reflexiones-, le formulé una serie de interrogantes que traducen lo
que muchos ciudadanos se preguntan en la calle.
La historia se
encargará de decir hasta dónde tiene la razón este experimentado investigador
con su insistencia por una salida negociada (por la cual se ha puesto punto final al 80% de los 54 conflictos que han estallado en los últimos 30 años) o si, por el contrario, lo que aquí
se requiere es bala y más bala.
Hasta el
momento, el ‘humo blanco’ que ha salido de la isla caribeña permite anunciar
tres acuerdos en materia de participación política, desarrollo agrario integral
y –hace apenas dos semanas– y solución al problema de las drogas ilícitas, pero
también se debe subrayar la frase –convertida en regla–, “que nada se ha
acordado hasta que todo esté acordado” en la agenda contenida en el “Acuerdo
General para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable
y duradera”, que cuenta con la mediación de Cuba y Noruega y la veeduría de
Chile y Venezuela.
Hace dos semanas el ex vicepresidente de la
República (1998-2002) y actual embajador de Colombia en Cuba, Gustavo Bell Lemus,
estuvo en Bucaramanga y afirmó que en esta ocasión sí ve sinceridad en los voceros de las Farc. ¿Coincide usted con esa apreciación?
Coincido
plenamente. En este proceso las Farc están participando porque han tomado
previamente la decisión de salir de la guerra y hay razones que explican lo que
creo que ha sido ya una decisión colectiva del Secretariado de las Farc.
¿Los negociadores gubernamentales son garantes de lo
que se está discutiendo en Cuba o, por el contrario, usted les da la razón a
quienes dicen que se están arrodillando y dándoles a las Farc todo lo que se
les antoje pedir?
Esa propaganda
que están haciendo contra el proceso de paz tiene un objetivo político que es desprestigiar
o aprovechar el desprestigio y falta de credibilidad de amplios sectores de la
población colombiana en la negociación política como una forma de acabar la
guerra por los fracasos del pasado. Creo además que es una posición en algunos,
muy mal intencionada y que está haciendo mucho daño.
Quiero
justificar el por qué afirmo que creo que en este momento no es un problema de
buena o mala fe, sino de una decisión política de salir de la guerra por
factores que para ellos hacen más importante hacerlo que continuar
en ella.
Otros procesos de negociación en el mundo han
demostrado que tardan 140 meses (Angola), 108 meses (Filipinas), 96 meses
(Irlanda del Norte), 78 meses (Sudán) y 72 meses Guatemala. ¿Será que más de
uno está esperando que esto se solucione por arte de birlibirloque, ignorando
todas las décadas de desangre?
No es fácil
ponerle fin a un conflicto como el colombiano en muy poco tiempo. Es
sorprendente la velocidad con que se ha negociado, pero eso no implica que
estemos a dos o tres meses de la firma de un acuerdo. Todos quisiéramos que ese
acuerdo que saque de la guerra lo más pronto posible a las Farc y al Ejército
de Liberación Nacional (ELN) –si entra a negociar–, se firme cuanto antes, pero
conociendo el conflicto indudablemente es iluso pensar que va a ser un proceso
muy breve. Hay que tener el conocimiento de que estos procesos aquí en Colombia
como en el resto del mundo, toman un tiempo para poder lograr definir las
condiciones de la negociación.
Pero yo quisiera
referirme a lo que considero las condiciones que hacen posible que las Farc
estén dispuestas a salir de la guerra. Esas condiciones a mi juicio, dichas de
manera muy breve, son las siguientes: En todas las experiencias anteriores los
Gobiernos negociaron en momentos en que la guerrilla estaba a la ofensiva y
creciendo; no es la situación actual. No están creciendo aunque no están
derrotadas, y la iniciativa en el campo de batalla está en manos del Estado.
En segundo
lugar, hay un contexto internacional extraordinariamente favorable para ellos
por el apoyo que de gobiernos progresistas de América Latina están recibiendo
con las invitaciones que les hacen a dejar las armas y convertirse en
movimiento político legal. No es despreciable el hecho de que en este momento
en este continente por primera vez en la historia hay cuatro gobiernos
dirigidos por ex guerrilleros: en Brasil (Dilma Vana Rousseff), Uruguay (José
Mujica), El Salvador (este domingo 1 de junio era el traspaso de poderes entre
Carlos Mauricio Funes y Salvador Sánchez, ambos del Fmln) y Nicaragua (José
Daniel Ortega). Pero no solamente ellos, sino otros gobiernos como el de Chile
(Verónica Michelle Bachelet), Bolivia (Juan Evo Morales), Ecuador (Rafael
Vicente Correa). Todos esos gobiernos que la guerrilla colombiana puede
considerar amigos, les están enviando mensajes que se salgan de la guerra y
observen lo que estamos haciendo en el resto de América por la vía política
democrática.
Y tercero, un
elemento que generalmente nadie toca. Recordemos cómo mataron (septiembre de
2010 en La Macarena-Meta) al “Mono Jojoy” (Víctor Julio Suárez Rojas). En una
acción de inteligencia lograron colocarle, según dicen los informes, un
dispositivo electrónico que guió las bombas que finalmente destruyeron la placa
de concreto debajo de la cual estaba. Si eso lo logra una acción de
inteligencia con el hombre más protegido de las Farc, pensemos lo que los demás
miembros del Secretariado deben estar sintiendo en este momento sobre el grado
de penetración del cual pueden haber sido objeto y la inseguridad en que se
encuentran; y para cualquier grupo de esa naturaleza el temor de la infiltración,
cuya magnitud no desconocen, se convierte en un factor que debilita
internamente a la organización de una manera extraordinaria.
¿Cometió un error del presidente Santos Calderón al
anunciar un plazo tan corto?
Creo que sí,
aunque él después ha tratado de enmendar ese error. Él cuando el 4 de
septiembre de 2012 anunció que se iniciaban las negociaciones, decía que estas
negociaciones no van a durar años, sino que las vamos a medir en meses. Se
equivocó, pero después ha sido muy claro en decir no vamos a poner ‘fechas fatales’, porque en
procesos de estos es muy difícil establecer un plazo fijo para que se llegue a
un acuerdo, además de que se convierte en un factor que perturba la
negociación.
¿Cuándo el país pensante comprenderá que los
acuerdos a los que se pueda llegar en La Habana, son para ponerle fin al
conflicto armado interno y que de ahí a construir la paz ‘falta mucho pelo pa’l
moño’?
Hay una posición
muy extendida y profundamente equivocada: creer que el silenciamiento de los
fusiles es una garantía de la paz. La paz, y este Gobierno lo ha entendido y
debemos reconocérselo, es mucho más que el silenciamiento de los fusiles. Es la
construcción de una institucionalidad democrática, el fortalecimiento del pacto
político entre los ciudadanos, la superación de esas condiciones tan profundas
de exclusión y de inequidad que tiene esta sociedad colombiana, y, después de
tantas décadas de confrontación armada ser capaces de afrontar colectivamente
la superación de las heridas que deja una guerra como esta.
¿A quiénes les conviene que continúe el conflicto
armado en Colombia?
Cuando usted
piensa cómo se ha logrado consolidar un modelo de desarrollo económico que
tiene fundamentalmente como asiento el sector rural, tiene todo derecho a
pensar que hay sectores muy poderosos para los cuales la guerra tal como se ha
desenvuelto les ha resultado favorable. En un conflicto prolongado como este,
en la economía política de la guerra se crean muchísimos intereses, y no solamente
son intereses de los que están directamente vinculados al grupo armado, sino de
los que se benefician con sus acciones. Y quiero decir que se benefician tanto
de las acciones de la guerrilla, como de los paramilitares, que existen aunque
se desmovilizaron pero siguen matando gente, y en muchos casos de la acción de
las Fuerzas Estatales. No hay que olvidar que las Fuerzas Estatales colombianas
han sido en estas décadas penetradas gravemente y es muy difícil saber en qué
magnitud, por organizaciones ilegales y que muchas veces operan desde ellas en
beneficio de las acciones ilegales. Y, finalmente, que se han desarrollado
articulaciones muy fuertes entre organizaciones ilegales e institucionales, y
economías legales e ilegales.
Ya se ha avanzado en tres puntos en las
negociaciones de La Habana y se dice que el próximo tema a discutir es el de
las víctimas. En el foro que organizó la Facultad de Comunicación de la UNAB no
logramos ponernos de acuerdo con Alejo Vargas, Carlos Velandia –ex miembro del Comando Central del ELN– y Ricardo Vargas desde cuándo puntualmente empezó el
conflicto armado interno para poder así determinar de cuáles y cuántas víctimas
hay que hablar.
Es un debate muy
importante que empezó a darse a partir de la llamada Ley de Justicia y Paz, y
se da a propósito del estudio que hace el Centro Nacional de Memoria Histórica,
y es una cosa que no debe ser mirada solamente con criterio de cuánto cuesta la
reparación y hasta cuándo vamos a reparar. Pero el tratamiento de las víctimas
tiene muchísimo que ver con el establecimiento de responsabilidades. En esta
guerra cruel, degradada y prolongada que hemos vivido, las responsabilidades
son compartidas de manera diferencial y en diferente magnitud por las
guerrillas, por los narco-paramilitares y por el Estado, y esta es una guerra
que hunde sus raíces en la última de las guerras civiles reconocidas en este
país, que fue la violencia bipartidista de mediados del siglo XX. El pacto
político del Frente Nacional no solamente fue un pacto político para pacificar
al país, fue un pacto y voy a decirlo con la expresión de una canción
folclórica, un pacto de ‘échale tierra y tápalo’. Por eso el estudio contratado
por el Gobierno sobre la violencia en Colombia que realizaron Orlando Fals Borda,
el obispo Germán Guzmán Campos y el abogado Eduardo Umaña Luna, no fue
publicado por el Gobierno. Si no lo hubiera publicado la Universidad Nacional
en forma independiente, no hubiera sido posible su difusión, porque ese estudio
pone de presente claramente la enorme responsabilidad que la dirigencia
económica y política de este país tuvo en la generación de la violencia en esa
época. Hoy siguen teniendo una enorme responsabilidad ellos también. No es
solamente una responsabilidad atribuible a quienes tomaron las armas; también
es una responsabilidad atribuible a quienes instigaron y se han favorecido y beneficiado
del proceso armado que ha vivido este país.
¿Tienen razón el procurador general de la Nación, el
santandereano Alejandro Ordóñez Maldonado, y otros sectores de la derecha
cuando acuden a instancias internacionales diciendo que temen que venga una ola
de impunidad, o es que están viendo fantasmas donde no los hay?
Yo quisiera ya
que usted hace usted hace alusión a la figura de los fantasmas… Todos nos
movemos con nuestros fantasmas, lo que pasa es que los fantasmas que está
levantando la Procuraduría tienen resonancia de una especie de justicia divina,
ultraterrena… Con eso quiero decir que no considera las condiciones históricas
sociales específicas en las que se desenvuelven los procesos, y hay una cosa
muy clara: las sociedades no se reconcilian y se reconstruyen solamente a base
del castigo, sino también a partir del reconocimiento de la verdad, del
establecimiento de las responsabilidades, del desentrañamiento de las
causalidades que generan esas dinámicas, y hay muy diferentes formas de
castigar a los responsables de lo que ha pasado. No se trata de castigos medievales,
cuando el castigo se concentraba en el cuerpo del delincuente, en el cuerpo del
criminal. Fíjese el gran progreso que significó en el mundo moderno la
construcción de cárceles, en donde el castigo consistía en la privación de la
libertad y no en la tortura del cuerpo. Pero a veces uno parece que estuviera
viendo gente que piensa que la Inquisición puede ser una forma de justicia. La
Inquisición no podemos volverla a traer nosotros a este país, y tenemos que
entender la naturaleza dinámica de estos procesos sociales.
Pero déjeme
decir una última cosa: en este proceso de La Habana no se está negociando la
impunidad. Se están discutiendo las condiciones que permiten salir a
colombianos que han cometido crímenes de la guerra para pasar a la acción política,
y se debe discutir no en la mesa de La Habana sino en otros espacios qué hacer
también con los colombianos que vistiendo el uniforme estatal han cometido
crímenes con el pretexto de defender el orden constitucional.
Entonces los generales Jorge Enrique Mora Rangel y Óscar
Naranjo, que ofician de representantes del Gobierno colombiano, no son unos
mensos o unos regalados, como algunos puedan llegar a pensar.
De ninguna
manera. Utilizando el lenguaje de un ex presidente muy popular de Colombia,
diríamos que Mora Rangel es uno de esos ‘generales troperos’ y no creo que él
caiga en la ingenuidad de entregar –como pretenden algunos- la
institucionalidad militar de este país en una mesa de conversaciones.
¿Podremos convertirnos en un país como Costa Rica
que hace décadas clausuró su ejército y llegar un día a decir que no
necesitamos militares? ¿Qué se pondrían a hacer tantos generales y coroneles
que ganan tan suntuosos salarios? ¿A ellos les conviene este proceso o no?
Tenemos en
términos relativos, para el tamaño de la población y la naturaleza de los
conflictos, uno de los ejércitos más grandes del mundo -el ejército más grande
de América Latina- y tenemos en términos relativos un gasto en seguridad y
defensa superior al de los Estados Unidos que atiende dos guerras. Cuando esta
guerra se acabe, la sociedad colombiana y su Gobierno tendrán que considerar
qué hacen con esos recursos. Entre otras cosas, uno de los objetivos de acabar
con la guerra es justamente poder reducir el gasto en seguridad y defensa, y destinar
a esos centenares de miles de colombianos a otras actividades diferentes a la
del oficio propio de los militares.
Vayamos al siglo XXII y espiemos en un salón de
clases como este a un ‘Jaime Zuluaga’ diciendo que así como los siglos XX y XXI
los recibimos con guerras, ese tampoco será la excepción.
Creo que no. Más
bien podemos de pronto desatar procesos como los que vivió Suiza. Permítame una
anécdota: hace unos trece años cuando se ensayaron durante el Gobierno del
presidente (Andrés) Pastrana conversaciones con el ELN, se hizo un encuentro
por la paz en Ginebra al que asistieron los principales gremios económicos
–algunos de los cuales están hoy siendo judicializados porque tenían relaciones
non sanctas con grupos paramilitares
y otros–, pero participaron de ese encuentro donde se estaba haciendo un
esfuerzo por crear un proceso de concertación para ponerle fin a la guerra, con
participación de la sociedad, la insurgencia y el Gobierno, y allí el jefe de Gobierno de Suiza nos invitó a un castillo medieval y en medio de la comida nos
contó la historia de su país. Cuando él terminó le dijimos que nos acababa de
enviar un mensaje de esperanza: nosotros venimos de una guerra muy cruel pero
nunca durante tanto tiempo han durado las atrocidades, y si Suiza ha logrado
superar eso y es lo que hoy es como ejemplo para el mundo, creo que los
colombianos estamos también muy cerca de alcanzar eso, ¡y lo vamos a alcanzar!
