En un nuevo
capítulo del interminable escándalo de la ‘Parapolítica’, la Corte Suprema
determinó la responsabilidad del coronel (r) de la Policía en el delito de
concierto para promover grupos armados al margen de la ley, imponiéndole una
multa de más de 6.000 millones de pesos e inhabilidad por el mismo periodo.
De nada
sirvieron los reiterados editoriales en los que el periódico El Frente –de propiedad del
excongresista conservador Rafael Serrano Prada– alegaba la inocencia del
coronel (r) Hugo Heliodoro Aguilar Naranjo, cuestionando de paso la idoneidad de
la Fiscalía General y la Corte Suprema de Justicia y diciendo que todo es
producto de la envidia, conjuras y trapisondas.
Tampoco la
marcha de 2007 en la que con carro de bomberos abriendo camino y encima de él
el entonces senador de Convergencia Ciudadana, Luis Alberto Gil Castillo
–condenado en 2011 a 90 meses de prisión por el escándalo de la ‘Parapolítica’–,
cientos de personas caminaron por la carrera 27 y la calle 36 alzando pancartas
que rezaban: “Por la verdad del complot en contra del presidente Álvaro Uribe”
y “Por la verdad del montaje en contra del gobernador Hugo Aguilar”.
Ni la otra
marcha del 8 de julio de 2011 en la que sus hijos Richard Alfonso Aguilar Villa
–entonces candidato y hoy gobernador de Santander– y Nerthink Mauricio Aguilar
Hurtado –senador de la República por el partido PIN (antiguo Convergencia
Ciudadana)–, con las manos pintadas de blanco y acompañados por el hoy
secretario de Planeación de Bucaramanga, Mauricio Mejía Abello, y el hoy
diputado Iván Fernando Aguilar Zambrano, así como por miles de sus seguidores, recorrieron
desde el parque Turbay hasta la catedral de la Sagrada Familia y allí se
arrodillaron durante un minuto en la vía pública para orar por su padre,
capturado en el hotel Dann de Bucaramanga el 2 de julio de 2011 por agentes del
Cuerpo Técnico de Investigaciones (CTI) que lo trasladaron al búnker de la
Fiscalía General de la Nación, para luego ser recluido en el patio R-3 de la
cárcel La Picota, de Bogotá –donde hoy permanece–.
Como tampoco
sirvieron los gritos de un Aguilar Naranjo visiblemente irritado, que el día de
su detención vociferó: “Viva Colombia y abajo la corrupción. Los que hemos
trabajado por este país y por Santander nos llevan a la cárcel; los bandidos y
los corruptos siguen libres. Yo soy un hombre inocente, yo le serví a mi país y
a mi departamento. Eso tiene un nombre: Horacio Serpa Uribe, es uno de los
criminales más grandes que tiene este país, que está detrás de eso porque le
vamos ganando las elecciones en Santander. Yo nunca me reúno con bandidos,
delincuentes, porque he sido un hombre de justicia, soy un hombre padre de ocho
hijos”.
Y es que a pesar
de todos esos esfuerzos y que algunos testigos se retractaron, la Sala de
Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia acaba de condenar a 108 meses de
prisión –nueve años– al coronel (r) de la Policía que asegura haber disparado la
bala que acabó con la vida del capo medellinense Pablo Emilio Escobar Gaviria
en diciembre de 1993.
Aguilar Naranjo,
nacido en Chitaraque (Boyacá) –así está consignado en el acta 263 emitida el
pasado 14 de agosto por la Corte Suprema– el 4 de enero de 1955 e identificado
con cédula de ciudadanía 19.320.312 expedida en Bogotá, es considerado un
“héroe” por sus conmilitones y le atribuyen obras como el Parque Nacional del
Chicamocha, gerenciado desde el comienzo por su amigo Carlos Fernando de Jesús
Sánchez Aguirre –ratificado en ese cargo en 2011 por el entonces gobernador
Horacio Serpa Uribe–.
Sin embargo, decidió
condenar a Aguilar Naranjo “como responsable en calidad de autor del delito de
concierto para promover grupos armados al margen de la ley”, imponiéndole una
multa de 10.750 salarios mínimos legales mensuales vigentes e inhabilitación de
derechos y funciones públicas por el mismo lapso de 108 meses, advirtiendo que
no autoriza su reclusión domiciliaria, aunque sí le reconoce como parte
cumplida de la pena los dos años que lleva tras las rejas.
Adicionalmente
–y esta es una novedad que no puede pasar desapercibida–, la Corte Suprema le
pidió a la Dirección Nacional de Fiscalías “que investigue a fondo el falso
testimonio en que hayan podido incurrir Juan Fernando Morales Ballesteros,
Jesús Enrique Guerrero Garavito y Alexander Gutiérrez, lo mismo que las
rendidas en esta actuación por Arnubio Triana Mahecha –alias ‘Botalón–, Orlando
Caro Patiño –alias ‘HK’–, Iván Roberto Duque Gaviria –alias ‘Ernesto Báez– y
Rodrigo Pérez Alzate –alias ‘Julián Bolívar’–; lo mismo que ante la Unidad
Nacional de Fiscalías para la Justicia y la Paz, o al Tribunal Superior que
corresponda, a fin de que se determine si debe ser excluidos del proceso que
allí se adelante contra los ya mencionados, a excepción de Guerrero Garavito”.
El Periódico
15 conoció las 150 páginas del fallo, que tiene como fundamento los
cargos elevados en contra de Aguilar Naranjo “por haberse aliado con miembros
de las autodefensas que operaban en el Departamento para la época de las
elecciones de 2003 con miras a ser elegido gobernador de Santander –como en
efecto lo fue–, posición desde la cual nombró a Bonel Patiño Noreña como
secretario de Educación para cumplir compromisos adquiridos con esa
organización”.
“En aquel
entonces –afirma la Corte– militaban en Santander, entre otros, los frentes
‘Isidro Carreño’, ‘Cacique Guanentá’ y ‘Lanceros de Vélez’ que hicieron parte
del Bloque Central Bolívar –BCB– y/o de las Autodefensas Campesinas de Puerto
Boyacá –APCB-, que se dividieron el territorio departamental para desarrollar
su proyecto político cuya finalidad era posicionar aliados en todos los niveles
de la administración, incluidos los cargos de elección popular, con el ánimo de
expandir su área de influencia y tener voceros en los altos cargos con poder de
decisión a nivel regional y nacional”.
Ya la
Procuraduría General de la Nación el 31 de enero de 2011 había destituido e
inhabilitado a Aguilar Naranjo para ejercer cargos públicos por el término de
20 años por sus nexos con los paramilitares.
Una lista de
testimonios es lo que se encuentra a lo largo del documento. En el proceso
–cuya investigación previa fue abierta por la Fiscalía General el 2 de agosto
de 2007, iniciando instrucción formal el 24 de noviembre de 2008–, la Fiscalía empezó
destacando “las declaraciones de José Agustín Quecho Angarita, Leonel Uribe
Hernández, Robinson Rueda Vargas, Tiberio Villarreal Ramos, Rogelio Adolfo
Scarpeta, Morgan Egea Sánchez y David Hernández López –alias ‘Diego Rivera’–,
quienes relatan el dominio que las autodefensas tenían en la zona, las
reuniones a las que convocaban, la presencia del procesado en algunas de ellas,
así como las amenazas y coacción que hicieron para que se votara a favor de los
candidatos del partido Convergencia Ciudadana”.
El exparamilitar
Juan Fernando Morales Ballesteros señaló que “a finales de 2002 el acusado le
pidió permiso al comandante alias ‘Nicolás’ para hacer proselitismo político en
su zona de injerencia; observándolo luego, en la época de ferias de Santa
Helena del Opón, en una reunión celebrada en el corregimiento San Juan Bosco
Laverde con Óscar Josué Reyes Cárdenas, Alfonso Riaño Castillo y Orlando Caro
Patiño, entre otros, y que ‘Nicolás’ lo presentó como aspirante a la
Gobernación, además de manifestar que también se reunieron en la finca ‘Los
Olivos’ donde ‘Nicolás’ permanecía”.
Otro
desmovilizado, Orlando Morales Murillo, aseguró que conoció a Aguilar Naranjo
en 2001 en Cerro Burgos –sur de Bolívar–, “cuando llegó hasta allí manifestando
que iba a hablar con ‘Gustavo Alarcón’ y que lo llevó hasta ‘Casa Verde’ en San
Blas, donde reunió con aquél y ‘Julián Bolívar’”.
Pero quizás uno
de las voces más claves en toda esta historia es la del coronel Julio César
Prieto Rivera, de cuya declaración se establece “que el acusado solicitó su
traslado o relevo del batallón Luciano D’elhuyar (acontonado en San Vicente de
Chucurí) para proteger a sus colaboradores armados ilegales, dada la efectiva
labor que aquél cumplía en contra de la organización, según lo confirman
Orlando Caro Patiño, Jesús Enrique Guerrero Garavito y las transcripciones de
las comunicaciones interceptadas a personas allegadas al grupo armado ilegal y
miembros de la Fuerza Pública que dejan ver el rechazo contra el oficial, así
como las versiones rendidas ante la Fiscalía de Justicia y Paz por los
postulados Heidelbergth Mendoza Angarita y Alexánder Gutiérrez, en las que
vinculan al procesado con algunos comandantes de las autodefensas por reuniones
que se hicieron en Santa Helena del Opón, entre otras, lo cual ratificó
valerosamente en la audiencia pública el primero, correspondiendo ello al
resultado electoral de dicho municipio en donde el acusado obtuvo 1.263 votos,
mientras que la segunda votación fue de 247, constituyéndose en el más claro
aval de lo aducido por Mendoza Angarita”.
El coronel
Prieto Rivera –quien después se desempeñó como comandante de la Sexta Brigada
del Ejército–, aseguró que combatió de lleno a los paramilitares y que por esa
razón, apoyados en supuestas denuncias de maltratos formuladas por la
población, en un consejo de seguridad realizado en octubre de 2004 en presencia
del entonces presidente Álvaro Uribe Vélez, varios políticos le pidieron al
mandatario que lo trasladara a otra guarnición. “En esa reunión estuvieron Hugo
Aguilar, Luis Alberto Gil, Luis José Arenas Prada, Miguel de Jesús Arenas
Prada, Carlos Higuera Escalante y Óscar Josué Reyes Cárdenas. Yo interpreto que
mis acciones operativas les resultan incómodas”, aseveró.
Según la
Fiscalía, quedó demostrado “tanto la existencia del punible –dada la
vinculación material del acusado con grupos al margen de la Ley que apoyaron su
campaña electoral–, como su responsabilidad, puesto que su integración con las
autodefensas fue dolosa, exenta de circunstancias eximentes de antijuricidad o
culpabilidad y enmarcada en el propósito de lograr su elección como gobernador,
lo cual se reflejó en los resultados de la votación, pese a que no contaba con
experiencia ni prestigio político y que se enfrentó a los partidos
tradicionales que tenían toda la maquinaria, siendo despojados de su caudal
político, como lo denunció el excongresista Tiberio Villarreal Ramos, al haber
ganado las elecciones en los municipios de asiento y permanencia de las
autodefensas”.
Sobre el rol que
cumplió el grupo armado ilegal en los resultados electorales del orden
municipal, departamental y nacional, la Fiscalía citó las sentencias proferidas
por la Sala Penal en los radicados 32.764 y 27.408 contra los excongresistas
Luis Alberto Gil Castillo, Alfonso Riaño Castillo y Óscar Josué Reyes Cárdenas,
por las alianzas que como integrantes del movimiento Convergencia Ciudadana
tuvieron con las autodefensas, destacando que Aguilar Naranjo admitió haber
sido elegido como gobernador por el mismo movimiento; y adujo que la razón por
la cual Bonel Patiño Noreña fue nombrado como secretario de Educación del
Departamento por el acusado, una vez posesionado como gobernador, se
circunscribe al cumplimiento de los pactos que hizo con alias ‘Ernesto Báez’,
como lo señaló el excomandante del bloque ‘Cacique Pipintá’, “lo cual implica
promover un grupo ilegal según lo ha manifestado la Corte”.
La Fiscalía
resaltó la especial condición personal de Aguilar Naranjo como oficial retirado
de la Policía, “con amplia trayectoria que descarta la posibilidad de un
comportamiento signado en la ingenuidad o el engaño, o por ignorar las
características socio-políticas del medio en el cual se desenvolvía,
comprometiendo aún más su responsabilidad”.
En conclusión,
para la Fiscalía las elecciones de 2003 en Santander contaron con la injerencia
definitiva de los grupos de autodefensas según lo reflejan las cifras
electorales y los testimonios de cargo que constituyen prueba directa y
fehaciente de la vinculación de Aguilar Naranjo y las autodefensas al mando de
alias ‘Botalón’, con el comisario político Orlando Caro Patiño; con alias
‘Nicolás’ y alias ‘Ernesto Báez’.
Señaló la
Fiscalía que el aporte de miembros de la Fuerza Pública, gobernantes del orden
local, departamental y nacional “ha sido lo que históricamente ha permitido a
los grupos al margen de la ley ampliar su accionar y poderío, y que la
corrupción de las autoridades conlleva la multiplicación del crimen, siendo una
manifestación de ello el tipo de alianzas” analizado en el proceso.
El turno del Ministerio Público
La Procuradora
Cuarta Delegada para la Investigación y el Juzgamiento Penal también solicitó
dictar condena en contra de Hugo Heliodoro Aguilar, afirmando que las pruebas
practicadas por la Fiscalía y la Sala Penal de la Corte “derrumbaron la
presunción de inocencia del mismo”.
Pese a aceptar,
como lo señalara Aguilar Naranjo, “su buena reputación y sus logros
profesionales al servicio de la Policía Nacional”, consideró que “no era un
personaje político reconocido en la región, ya que solamente había fungido como
diputado a la Asamblea y, sin embargo, arrasó con años de dominio liberal en el
Departamento y obtuvo mayorías electorales en municipios con alta influencia
paramilitar, acorde con la prueba testimonial y principalmente con la
información de seguridad pública de Santander brindada por el coronel del
Ejército, Julio César Prieto Rivera, lo cual se refleja en los resultados de la
votación para Gobernador del año 2003 allegada, como es el caso de Cimitarra,
Gámbita, Puerto Parra, Puerto Wilches, Sabana de Torres, Santa Helena del Opón
y Barrancabermeja, lo cual constituye un indicio grave en su contra, puesto que
las reuniones, los acuerdos y el proselitismo que adelantó en la zona de
operación de las autodefensas, lo catapultaron como gobernador, situación que
configura de forma inequívoca un acuerdo de naturaleza delictiva entre un grupo
armado ilegal y el hoy enjuiciado”.
Con la
declaración rendida por el coronel Prieto Rivera –dijo la Procuraduría–, se
pudo establecer que desde finales de 2003 hasta 2006 se realizaron varias
acciones para desmantelar los frentes ‘Ramón Danilo’ e ‘Isidro Carreño’ de las
autodefensas del Magdalena Medio y el frente ‘Walter Sánchez’ del Bloque Central
Bolívar, logrando la desmovilización de muchos militantes; “además de advertir
que en 2004 un desmovilizado adujo relaciones del grupo armado ilegal con el
excongresista Alfonso Raño –hoy condenado por la Sala Penal precisamente por
esos hechos–, y que personalmente recibió un anónimo que señalaba la
participación de las autodefensas en la elección del acusado como gobernador de
Santander, el cual dio a conocer a la Fiscalía y al CTI, iniciándose en su
contra una campaña de desprestigio a través del periódico regional El Frente, cuyo director había apoyado
la campaña del acusado”.
De acuerdo con
los testimonios tenidos en cuenta, alias ‘HK’ fue capturado en 2003 en posesión
de armas, municiones, radioteléfonos y propaganda política de la campaña de
Aguilar Naranjo a la Gobernación de Santander, “motivo por el cual fue enviado
a recoger una certificación que lo acreditara como miembro de la misma”. Según
el expediente, entraron a contar “la constancia suscrita por Alfonso Riaño en
la que certifica que aquél pertenecía a la campaña del procesado; la versión
rendida ante la Fiscalía de Justicia y Paz por Heidelberght Mendoza,
desmovilizado de las autodefensas que estuvo militando en los frentes ‘Isidro
Carreño’ y ‘Cacique Guanentá’, entre otros, quien aseguró que en 2003 había
prestado seguridad al desplazamiento que hizo el acusado cuando era candidato a
la Gobernación de Santander por la zona de influencia de las autodefensas y que
con antelación había tenido contacto con el comandante alias ‘Nicolás’, quien le
había ordenado a alias ‘El Puma’ brindarle seguridad al candidato en un
desplazamiento que realizó hasta el corregimiento ‘El Guamo’, donde se hizo una
reunión de campaña con presencia de ‘Nicolás’ –ya que allí tenía su base–, para
luego llegar al corregimiento ‘La Aragua’, donde hubo otra reunión política con
presencia de miembros de las autodefensas; lugar del cual salieron hacia el
municipio de La Paz, en cuyos límites el candidato fue recibido por militantes
del frente ‘Lanceros de Vélez’, quienes lo escoltaron a partir de ese lugar”.
La Procuraduría
aseveró que el proceso no permite concluir que las enfermedades o el deseo de
venganza condujeran a Bonel Patiño a declarar en contra de Aguilar Naranjo y
que, por el contrario, “la solidez de los hechos vislumbra que su nombramiento
fue consecuencia de un favor que el acusado le debía a las autodefensas en
virtud de su apoyo electoral; además de que Patiño Noreña era un intelectual de
capacidades superiores con vocación de servicio educativo, según lo acreditaron
Iván Roberto Duque y Héctor López López –quien ratifica los lazos de amistad
entre Duque y Patiño–, lo cual avala la credibilidad de su declaración y
controvierte la tesis de que haya hecho parte de una conspiración orquestada
por el exministro Horacio Serpa Uribe y el fallecido senador Hugo Serrano Gómez
contra el acusado, y pese a que éste sostuviera, junto a otros declarantes, que
conocía desde 1979 al testigo y que por ello lo designó en su gabinete, amén de
la recomendación que del mismo hizo Héctor López, para el Ministerio Público
ello no desvirtúa lo afirmado por Patiño Noreña, que termina por confirmarse
con la declaración rendida por Pablo Hernán Sierra García, excomandante de las
autodefensas de Caldas, quien aseguró haberle prestado seguridad a Duque
Gaviria en una reunión que sostuvo con Patiño Noreña en la Merced (Caldas),
donde escuchó que trataban el tema de la Secretaría de Educación en el
Departamento de Santander”.
En cambio, la
Procuraduría destaca las declaraciones de los paramilitares Salvatore Mancuso
Gómez y Edward Cobos Téllez, alias ‘Diego Vecino’, “quienes en forma precisa,
coordinada y detallada refieren haber visto al acusado acompañado del exsenador
Luis Alberto Gil Castillo –fundador del movimiento Convergencia Ciudadana–, en
una finca de propiedad de alias ‘Macaco’ en jurisdicción del municipio de
Piamonte (Antioquia) donde se encontraba la cúpula de las autodefensas, lo cual
indica los vínculos entre ellos, además de que Mancuso adujo que Carlos Castaño
le había señalado su relación con el acusado desde la persecución del
narcotraficante Pablo Escobar, nexo entre la Fuerza Pública y bandas criminales
que varias notas periodísticas y libros sobre dicho operativo reflejan”.
El Ministerio
Público también consideró que no hay duda sobre la existencia de la conducta
punible y la responsabilidad de Aguilar Naranjo, por lo que solicitó proferir
sentencia condenatoria.
La defensa
señaló que Hugo Heliodoro Aguilar pudo ser gobernador “por sus buenas
propuestas, por el cambio que significaba y debido a su gran carrera militar
que le daba un alto grado de reconocimiento, descontada la crisis de los
partidos tradicionales en la región, lo cual generó un espacio para que el voto
de opinión fuera determinante”.
Así mismo
sostuvo que la diferencia de 27.153 votos entre el procesado y su contrincante
Luis Francisco Bohórquez Pedraza (hoy alcalde de Bucaramanga), ‘representa un
estrecho margen respecto del total de la votación, si se tienen en cuenta los
resultados y diferencias de las anteriores elecciones a la Gobernación, lo cual
indica lo reñidas que fueron aquellas; de los 87 municipios del Departamento el
acusado ganó en 41 y en 14 con diferencia de menos de 200 votos, es decir, ganó
en el 45% de los municipios, lo que representa una disputa electoral normal;
siendo que si los paramilitares tenían un dominio claro y fuerte en la región,
según la Fiscalía, el candidato que apoyaran habría tenido una victoria
aplastante o más abultada’.
La defensa expuso
que la mayor votación a favor de Aguilar Naranjo se dio en Bucaramanga y
Barrancabermeja, ‘en donde obtuvo casi la totalidad de los votos con que ganó
la elección, esto es, que con el voto de opinión libre depositado en el área
metropolitana del departamento, que descarta la influencia paramilitar en el
proceso electoral, ganó la Gobernación; y es que la sola presencia de los
grupos armados en Santander, como en el resto del país, no significa el apoyo a
la campaña de aquél y su victoria, puesto que en municipios donde existía dicha
presencia la diferencia en votos entre el enjuiciado y su contendor –Bohórquez–
fue escasa a su favor, con excepción de San Rafael de Lebrija, pero también
hubo algunos en los que resultó aventajado éste último, lo cual no representa
presión o intervención del grupo armado ilegal, sin prueba que lo demuestre’.
Pero la Corte
Suprema de Justicia, en cambio, no solo evaluó y validó los testimonios ya
citados y otros más, sino que dijo que “tampoco tiene éxito el argumento
defensivo sustentado en que alias ‘Nicolás’ estaba interesado en una libre
competencia política en su zona de influencia y que, por ello, ninguna coacción
ni permiso de su parte fue necesario para ejercer proselitismo en esa región,
lo cual se compadece con los resultados electorales que muestran votos para los
candidatos a la Gobernación en aquella época, porque como se sabe, los
paramilitares no solamente utilizaron como estrategia amainar la actividad
proselitista de los candidatos opuestos a sus intereses para catapultar la
votación de sus aliados, en veces sectorizaban la votación y en algunas
ocasiones permitían el aparente desarrollo normal de la gesta electoral,
adoptando mecanismos idóneos que garantizaran la elección de su adepto, que es
precisamente como pueden entenderse los resultados que arrojan con evidencia
que Aguilar Naranjo obtuvo mayor votación, así no se estime considerable, en
municipios con influencia de autodefensas tales como Bucaramanga,
Barrancabermeja, Santa Helena del Opón, Cimitarra, San Vicente de Chucurí, El
Carmen, Puerto Wilches, Puerto Parra, Rionegro, Sabana de Torres y Gámbita,
entre otros”.
La Sala Penal de
la Corte Suprema subrayó “la gran diferencia de la votación de la votación
obtenida por el procesado cuando salió elegido como diputado de la Asamblea
Departamental de Santander en las elecciones de 2000, con los resultados que
arrojaron los votos depositados a su favor en la elección a la Gobernación
2003, en municipios con injerencia paramilitar y donde la prueba destaca que se
reunió con los paramilitares que allí dominaban así: en Santa Helena del Opón
obtuvo en el 2000 un total de 5 votos, ocupando los últimos lugares entre los
candidatos, pues la mayor votación fue de 286 votos, mientras en las elecciones
de 2003 sacó 1.263, siendo el primero entre los aspirantes, seguido de 247
votos; en Rionegro –donde está ubicado el corregimiento ‘San Rafael de
Lebrija’- en las elecciones del 2000 obtuvo 1.135 votos, ocupando el segundo
lugar en relación con 4.812 sufragios depositados por el candidato ganador
allí, y en 2003 obtuvo la mayor votación equivalente a 4.972, seguido de 4.343
votos que obtuvo el segundo candidato; en Puerto Wilches en el año 2000 obtuvo
17 votos contra los 1.203 que alcanzó el ganador y, en 2003 obtuvo 5.803 ocupando
el primer lugar contra 2.709 del candidato que le siguió en votos; mientras en
Gámbita –municipio al cual pertenece el corregimiento ‘La Palma’– en las
elecciones de 2000 obtuvo 56 votos contra 255 del candidato ganador y, en 2003
sacó 855 votos siendo esa la mayor votación, seguida por una de 525 votos”.
En concepto de
la Corte Suprema, “las declaraciones ya examinadas de David Hernández López,
Orlando Morales Murillo, Salvatore Mancuso Gómez, Edward Cobos Téllez,
Heidelberght Mendoza Angarita, Morgan Egea Sánchez, Benildo Murcia Camacho,
Constantino Cruz Ramírez y las primigenias de José Agustín Quecho Angarita,
Jesús Enrique Guerrero Garavito, Juan Fernando Morales Ballesteros, Alexánder
Gutiérrez y Pedro Sarabia Rojas, en las que advierten haber percibido al
acusado reunido con miembros de las autodefensas en los lugares y
circunstancias que cada uno comenta, son prueba directa de su vinculación con
los mismos, y no prueba indiciaria de que el acusado apenas se reunió o
contactó con miembros de las autodefensas, como la defensa material y técnica
lo afirman en sus intervenciones en la audiencia”.
Aunque la
defensa dijo que con lo afirmado por aquellos testigos de ninguna forma se
acredita el acuerdo o alianza requerido
para efectos de tipificar el delito de concierto para delinquir agravado
imputado a Hugo Aguilar Naranjo, la Corte Suprema enfatiza que “tal argumentación
desconoce el contenido detallado de las afirmaciones concurrentes de los
declarantes cuyo análisis individual y en conjunto, permiten advertir que desde
antes de las elecciones asistía a las sedes de los jefes del BCB y a zonas
dominadas por las autodefensas; que desde entonces tenía relación directa con
jefes del BCB como alias ‘Gustavo Alarcón’, ‘Julián Bolívar’ y ‘Ernesto Báez’,
algunos de los cuales anunciaban que sería el gobernador de Santander, y que
participó en actividades proselitistas desarrolladas en municipios de Santander
no solamente con esos miembros de las autodefensas sino con otros que también
ejercieron mando en la región, además de aquellos que por seguridad permanecían
armados y uniformados en la zona”.
Suma de
argumentos que les permitió concluir a los magistrados José Leonidas Bustos,
José Luis Barceló, Fernando Alberto Castro, María del Rosario González, Gustavo
Enrique Malo, Luis Guillermo Salazar y Javier Zapata, que: “Ninguna vacilación
emerge sobre la real injerencia de las autodefensas del Bloque Central Bolívar,
de Puerto Boyacá y del frente ‘Isidro Carreño’, entre otros grupos, en el
Departamento de Santander durante los años 2001 a 2004 y, por tanto, resulta
conclusivo que para desarrollar su proyecto político penetraron las esferas más
representativas de la sociedad, entre las que sin duda se contaba la política,
con el objetivo de incidir en el ámbito municipal, departamental y nacional,
como lo dan a conocer los testimonios de sus exjefes paramilitares, demás
miembros de esos grupos y habitantes de la región ya citados”.
El final
Calificado por
su hijo Richard Alfonso como un “héroe de la Patria”, “un libertador” y “el
mejor gobernador de la historia de Santander” –como lo manifestó el 5 de julio
de 2011 al momento de inscribir su candidatura a la Gobernación–, Hugo
Heliodoro Aguilar Naranjo pasará al menos un año y medio más encarcelado en La
Picota debido a la rebaja de penas –según los penalistas consultados por el Periódico 15–,
diciéndole adiós a su sueño de ser Presidente de Colombia, como algún día
cuando estaba libre lo confesó.
Aguilar Naranjo
se convierte de esta manera en el sexto gobernador elegido en 2003, después de
los de Magdalena, Cesar, Casanare, Sucre y Bolívar, que es condenado por
‘Parapolítica’.
Epílogo de un
turbión en el que según alias ‘Ernesto Báez’, había zonas de Santander donde
“no se agitaba la hoja de un árbol sin la voluntad de las autodefensas”.
Radiografía de un departamento en el que según la Corte Suprema, “era tan
grande y estrecho el compromiso que tenía parte de la clase dirigente de
Santander, en su momento, con el grupo ilegal, que no importó el sometimiento
en que se tenía a la población civil ni los vejámenes que ésta sufría, sólo
primaron sus propios intereses y el acuerdo establecido entre la dirigencia
política y los irregulares para obtener los beneficios electorales con los
cuales se veían e iban a ser favorecidos”.
