Laura, la única colombiana santa

Así el escritor Fernando Vallejo opine lo contrario y por ello le importe cinco irse al infierno, los católicos que quieran podrán encomendarse a Laura de Jesús Montoya Upegui, canonizada el 12 de mayo por el papa Francisco.

No basta con tener la vocación y cara de monja para ser admitida en las filas de la Congregación de Misioneras de María Inmaculada y Santa Catalina de Siena.

Porque es que además de los votos de pobreza, castidad y obediencia, quien aspire a convertirse en ‘Laurita’ debe haber terminado el bachillerato, tener 17 años y saber que le espera una vida de catequista, educadora y hasta enfermera, siguiendo los pasos de su fundadora Laura de Jesús Montoya Upegui (Jericó 1874 – Medellín 1949), y para ello deberá contar con buena salud y excelente estado físico porque lo que tendrá que hacer es trepar montañas y cruzar ríos en busca de las comunidades indígenas en América Latina o África donde hoy esa comunidad está presente.

Estas consideraciones las formula Blanca Cecilia Giraldo Giraldo, la monja que tiene a cargo la casa en el sector rural de Piedecuesta (hay que tomar la desviación a la derecha por el Seminario San Alfonso), donde siete octogenarias ‘Lauritas’ disfrutan de una recompensa de paz y sosiego tras haberse dedicado con ‘alma, vida y sombrero’ a la tarea de decirles a los indígenas que “Dios también los ama”.

En su caso, Blanca Cecilia no estuvo en el Darién con los embera katíos -como lo hizo en 1914 la hoy santa Laura-, pero con su hábito, un morral y unas botas pantaneras sí se le metió a la selva del Catatumbo para ser aceptada por los motilón barí, e incluso durante muchos años se le midió a internarse en la Amazonía para asistir a yucunas, cocamas, boras y huitotos, tratando de llegar primero que misioneros y pastores de otras iglesias,  pragmáticos antropólogos o simples colonos sedientos de riqueza a cambio de baratijas.

En la pequeña capilla, las almas piadosas o también las que están en pena pueden encontrar el pendón con la cara de la santa e incluso su reliquia, que para este caso es un fragmento de su hábito, que no supera el centímetro cuadrado pero que Blanca Cecilia y las demás monjas conservan con orgullo infinito, como si se tratara de una partícula de los mandamientos de Moisés o al menos de la mitra de Juan Pablo II.

Poco amigas de estar alardeando que su superiora es una santa, las ‘Lauritas’ de esta casa de campo ya están más dedicadas a la oración y a valérselas por sí mismas en los días que les quedan en esta dimensión terrenal. Aún así, como es domingo y hay visita, Blanca Cecilia proclama: ¡Habemus Santa!, pero como no hay para todos, sigilosamente mete su mano derecha en el hábito y de allí saca una estampita que me la entrega como si se tratara de algo más valioso que una visa Schengen o al menos una de las casas que anda repartiendo el ministro Germán Vargas Lleras con los impuestos de los colombianos.

“Oración para alcanzar gracias por la intercesión de Santa Laura Montoya”, reza el encabezado y luego viene una oración que en mi caso ya está tras la puerta del apartamento que tengo en arriendo, a ver si no se me vuelven a meter los ladrones que por cierto abundan en esta ‘competitiva y global’ ciudad de Bucaramanga, a la que algunos osados apodan ‘La ciudad profética’.

“Dios Misericordioso, que prodigaste tu amor y tus dones a Santa Laura Montoya, haciéndola fiel discípula de tu Hijo y misionera de los más pobres; concédenos, por su intercesión, que, movidos por la fuerza de tu Espíritu, anunciemos a todos el Evangelio, alcancemos el don de la paz y si es tu voluntad, encontremos ayuda en nuestra necesidad. Amén”.

Luego está escrito “Padre Nuestro” y puntos suspensivos, y “Gloria al Padre” y puntos suspensivos, con la aprobación eclesiástica (Imprimatur) del arzobispo de Medellín, Ricardo Tobón Restrepo. Este es el momento en el que no hay más alternativa que pedir la asistencia de la madre y así no naufragar en estas aguas calmas donde cualquier pecador como yo se delata.

Mientras unas voluntarias -entre las que hay médicas, ingenieras y amas de casa- preparan el chocolate acompañado con queso y una minúscula bola de pan, Blanca Cecilia accede a repasar la vida Laura, como le dice sin tanta prosopopeya.

Relata, por ejemplo, la travesía de Laura Montoya a lomo de mula desde Medellín a Dabeiba, en los albores del siglo XX, sin dejarse cohibir por las miradas desorbitadas de las conservadoras matronas paisas o los improperios de quienes la tildaban a ella y a sus compañeras de ‘aventureras’ o disparatadas, por decir lo menos.

También habla de las penurias de esa niña cuyo padre fue asesinado cuando ella apenas tenía dos años de edad y la enviaron a casa de su abuelo, que le ahorraba cualquier muestra de cariño. “A los seis años tuvo una visión de Dios. Estaba jugando con las hormigas y en un momento se sintió como invadida por Dios. Desde ese momento ella entendió el amor de Dios hacia los seres humanos”.

O cuando a los 16 años entró a la Normal de Medellín y se hizo maestra, para trabajar en varios pueblos de Antioquia y con ese dinero ayudar a su madre. Desde su juventud, Laura estaba obsesionada por los indígenas “y se le fue formando como una llaga en su corazón al ver que nadie se preocupaba por ellos y en cambio los explotaban”.

Su afán era ir a esas comunidades y catequizarlas, dice Blanca Cecilia, y para ello le pidió a la virgen de la Candelaria que le hiciera el mandado de que el papa instruyera a obispos y sacerdotes para dirigir su atención hacia los indígenas. Al cabo de dos meses Pío X escribió una encíclica al respecto y Laura comprendió que era el momento de tomar camino hacia el Darién, a vivir en las mismas condiciones de los aborígenes, “respetando sus rasgos culturales, sin infundirles la idea de pecado pero sí encarando los antivalores”.

Su pormenorizado relato va hasta los últimos años que Laura pasó atada a una silla de ruedas, siempre con la misma devoción y la misma entrega, pero sin calcular que su comunidad llegaría a contar con 860 religiosas y representaciones en 21 países. “Fue una vida sencilla en medio de su inmensa grandeza”, acota con su acento de Santuario (Antioquia), y recuerda el día que despachó a su novio para seguir el llamado divino, convirtiéndose en la ‘Laurita’ que no olvida aquella frase de la madre Laura que estaba en su puerta: “Destrúyeme Señor y sobre mis ruinas haz un monumento para tu gloria”.

Confía en que este ‘cuarto de hora’ en el que la santa Laura es hasta portada de la revista Cromos, sirva para que más jovencitas sientan el llamado de Jesús y toquen a sus puertas.

“Como hija de Laura tendré que exigirme más”, dice complacida Blanca Cecilia. Después hace una pausa de cinco segundos y cita el pensamiento de su fundadora que quiso ser santa, como respondiendo al Evangelio, pero no de altares, títulos y honores. “La vida religiosa es sacrificio, abnegación y servicio a los demás, sin importar si nos agradecen o no. Ser religioso hoy es ir en contravía de un mundo que está al revés”, concluye, sin sospechar que Fernando Vallejo, su paisano, escribiría en El Espectador el día de la canonización: “No sé quién fue la madre Laura. Sé que para el Vaticano es urgente canonizar santos colombianos o van a perder el mercado nuestro a manos de los protestantes, de los que hoy llaman ‘evangélicos’. Y sé quién es Jorge Mario Bergoglio, el que hoy se hace llamar ‘Francisco’. Uno de los 117 mafiosos que el 12 de marzo se reunieron a puerta cerrada en ese encierro secreto y gangsteril que llaman el ‘cónclave’, para elegir el papa apostólico, o sea el capo vaticano, a uno de ellos”.

Condenado a 30 años de prisión el 'doctor' César Pérez García por masacre de Segovia (Antioquia)

Después de 25 años de cometido este capítulo del exterminio contra la Unión Patriótica, la Corte Suprema de Justicia halló culpable al ‘cacique’ liberal antioqueño, quien está recluido en la cárcel de La Picota desde el 22 de julio de 2010.

El expresidente de la Cámara de Representantes y exrector de la Universidad Cooperativa de Colombia, César Pérez García, acaba de ser condenado a treinta (30) años de prisión y a la interdicción de derechos y funciones públicas por diez años, por la comisión de los delitos de concierto para delinquir y homicidio agravado.

Esta decisión fue tomada por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia el pasado 15 de mayo al encontrar al dirigente del Partido Liberal como "determinador" de la masacre de 45 personas en la población minera de Segovia, nordeste del departamento de Antioquia, en medio de la persecución y aniquilación de la que fueron víctimas al menos 1.800  miembros de la Unión Patriótica, partido reconocido en 1986 por el Consejo Nacional Eelectoral y que llegó a convertirse en la tercera fuerza política del país, quitándole terreno a los dos partidos tradicionales.

La “Masacre de Segovia” ocurrió en la noche del 11 de noviembre de 1988, cuando un ejército privado al mando de Alonso de Jesús Baquero, alias ‘Vladimir’ “en un acto demencial de retaliación política contra los habitantes de ese municipio”, acribilló en el parque principal del pueblo a Adalberto Lozano R., Carlos Enrique Restrepo C., Carlos Enrique Restrepo P., Diana María Vélez, Erika Milena Marulanda, Fabio Jaramillo, Fabio Sierra G., Francisco William Gómez M., Gildardo Antonio Restrepo C., Guillermo Osorio E., Guillermo de Jesús Areiza, Henry Alberto Castrillón, Jairo Rodríguez P., Jesús Aníbal Gómez, Jesús Antonio Benítez, Jesús Antonio García, Jesús Emilio Calle G., Jesús Orlando Vásquez Z., Jorge Luis Puerta L., José Abelardo Madrid, José Alberto Osorno B., José Danilo Amariles C., Juan de Dios Palacio M., Julio Martín Flórez O., Libardo Antonio Cataño A., Luis Adalberto Lozano R., Luis Ángel de Jesús Moreno S., Luis Eduardo Hincapié, Luis Eduardo Sierra, María del Carmen Idárraga,  María Dolly Bustamante, María Soledad Niño, Olga Agudelo B., Óscar de Jesús Agudelo, Pablo Emilio Gómez Ch., Pablo Emilio Idárraga O., Regina del Socorro Muñoz M., Roberto Antonio Marín O., Robinson de Jesús María Arena, Rosa Angélica Mazo A., Shirley Cataño P., Vidalia Orozco S. y tres personas más no identificadas, además de ocho heridos.

El documento de 114 páginas declara que Pérez García, identificado con la cédula de ciudadanía 2.856.396 de Bogotá, de profesión abogado, exdiputado, exrepresentante a la Cámara y exsenador de la República, nacido el 5 de agosto de 1935 en Remedios (Antioquia), no tiene derecho a la suspensión condicional de la ejecución de la pena, ni a la prisión domiciliaria, y en cambio tendrá que pagar por concepto de perjuicios morales el equivalente a 800 salarios mínimos legales mensuales vigentes para la fecha de los hechos a Esperanza Noris Restrepo, 500 a Luz Marina Escobar C., 700 para María Patricia Restrepo, 500 para María Farney Castaño de Idárraga, 400 para Wilmer Idárraga C., 400 para Jhoanny Idárraga C., y 500 para Consuelo de Jesús Orozco de Agudelo.

Esta sentencia, contra la que no procede recurso alguno, lleva la firma de los magistrados José Leonidas Bustos, José Luis Barceló, Fernando A. Castro, María del Rosario González, Gustavo Malo F., Luis Guillermo Salazar O., y Javier Zapata Ortiz.

Previamente la Procuraduría General había advertido el exterminio de que fue blanco la UP bajo la consideración de que representaba el brazo político de la guerrilla de las Farc.

En concepto del Ministerio Público, no solo fue alias ‘Vladimir’ quien le atribuyó un rol preponderante como determinador de los hechos a Pérez García, “pues esa afirmación tiene un gran soporte en otras pruebas testimoniales, documentales, y en publicaciones de libros y del diario El Tiempo, que denotan que las acusaciones en su contra provienen de diferentes fuentes que convergen a demostrar la responsabilidad del procesado, el ejército y los paramilitares en lo acaecido el 11 de noviembre de 1988”.

También fue considerada la carta abierta a los ciudadanos de Segovia por parte del Movimiento Muerte a Revolucionarios del Nordeste, en la que se menciona a Pérez García como afín a ese grupo, y los testimonios de los paramilitares Iván Roberto Duque, alias ‘Ernesto Báez’, y Fredy Rendón Herrera, alias ‘El Alemán’, “quienes se refieren a las relaciones que tenía Pérez García con grupos ilegales y en especial con Henry Pérez, uno de los artífices del operativo en Segovia”, así como con el paramilitar Fidel Castaño.

La Corte Suprema al referirse a que existió un plan sistemático para eliminar a dirigentes y simpatizantes de la Unión Patriótica, tuvo en cuenta las palabras del santandereano Hernán Motta Motta, exrepresentante a la Cámara de la UP y quien tuvo que irse al exilio, cuando afirmó: “… (la) masacre de Segovia fue un castigo en mi opinión a la población como resultado del ascenso electoral y político de la UP… A mí me parece que es una relación muy elemental, seguramente si no hubiéramos ganado la alcaldía (con Rita Ivonne Tobón Areiza), si no hubiéramos alcanzado los siete escaños de los trece que conforman el concejo municipal de esa localidad, seguramente no hubiéramos sido objeto de la matanza de que fuimos víctimas y no se hubiera perpetrado la masacre de Segovia. Justamente fue por la presencia, por el ascenso electoral, social y político de la UP, como ocurrió en las demás regiones, como ocurrió en los Llanos Orientales, como ocurrió en el Magdalena Medio, como ocurrió en Santander, en el Tolima, en todas las partes donde tuvimos una destacada presencia como nueva fuerza política que irrumpe en el panorama nacional y local, manera que yo señalaba esto como un antecedente, como un registro histórico de las circunstancias más generales que rodean la masacre”.

Pese a que la defensa alegó que César Augusto Pérez García “no fue enemigo de la izquierda sino aliado de la misma” y que alias ‘Vladimir’ es “un testigo de oídas”, la Corte Suprema de Justicia expresa que el manifiesto del grupo paramilitar permite “comprender las siempre inexplicables connotaciones de un hecho que surge de personajes que desde la ultraderecha con el apoyo de agentes estatales, no estaban dispuestos a ceder espacios a una organización que, desde su particular punto de vista, tenía afinidades políticas con organizaciones o grupos al margen de la ley”.

La Corte señala que la justicia probó la vinculación de orgánicos del Ejército Nacional en la acción de Segovia y estancias de mercenarios en el Batallón Bomboná, hechos que se constituyen en antecedentes inmediatos de un acuerdo siniestro que alias ‘Vladimir’ ejecutó y que pese al pacto de silencio propio de estas organizaciones, años después dio a conocer a la justicia.

Al explicar que no hay duda alguna que quienes concurrieron a la ejecución de la masacre se concertaron previamente, la Corte subraya que “el acusado asumió los propósitos que motivaron al grupo ilegal, sobre todo, la persecución que realizaban contra los grupos subversivos, la población que eventualmente los apoyaba y, de manera más concreta, los militantes y partidarios (población civil) de la Unión Patriótica, disidentes de la tradición política impuesta en las regiones por los partidos políticos tradicionales, como es el caso del Partido Liberal que lideraba César Pérez García en la región de Segovia, de modo que el concierto para delinquir es incuestionable”.

“Es más, la consideración que ha hecho la Sala de los acontecimientos ocurridos en el municipio de Segovia como delitos de lesa humanidad, en atención a que este suceso fue consecuencia de un ataque sistemático y generalizado contra la población civil, supone necesariamente un acuerdo de voluntades que permanece en el tiempo y que afecta la seguridad pública, bien jurídico cuyo riesgo se incrementó por la persistencia de las acciones de este grupo ilegal (las autodefensas)”.

En  concepto de la Corte Suprema, “no se puede decir que Pérez García participó de un segmento de una acción ejecutada por un colectivo ilegal, sino que fue parte de un acuerdo que perduró en el tiempo y que incrementó, por ese solo hecho, el riesgo contra la seguridad pública como bien jurídico funcional”.

Para la Corte, “existen hechos y circunstancias que fueron escuchadas en el proceso mucho antes que ‘Vladimir’ rindiera su versión y en las que se mencionan aspectos que vinculan al político liberal, lo cual permite darle soporte y una mayor envergadura a las atestaciones que ofreciera Baquero. Por ello resulta claro que la Sala le otorgue pleno crédito a sus afirmaciones porque no surgen de la fantasía del deponente sino que encuentran apoyo en episodios narrados por otros actores del proceso”.

No todo comienza y termina con la declaración de alias ‘Vladimir’, advierte la Corte, “porque mucho antes ya se escuchaba el nombre de César Pérez García en calidad de gestor de los hechos”. Situación que resulta de vital importancia para la Sala Penal, “en el entendido que lo construido en el expediente no surge a partir del ‘veleidoso declarante’, según lo refiere la defensa en conjunto, sino que sus manifestaciones son una parte del recaudo probatorio que se encuentra en el proceso y que permite, al construir un análisis armónico, determinar no sólo los artífices de la comisión sino a quienes actuaron en la sombra para acordar la realización de estos hechos, amparándose como el acá investigado, en su prestancia, que para la época ostentaba en el concierto local, departamental y aún nacional”.

Alias ‘Vladimir’ señaló a Henry Pérez y Fidel Castaño, líderes de los ejércitos del paramilitarismo, de haber discutido con César Pérez García el operativo que finalmente se ejecutó, lo cual expuso en la ampliación de indagatoria del 29 de noviembre de 1995, lo reafirmó en la declaración del 10 de enero de 1996, y lo confirmó en la diligencia de indagatoria del 29 de febrero de 1996, cuando dijo: “Hay un Senador o Representante a la Cámara, no recuerdo qué era para ese entonces, en esa época perdió las elecciones en Segovia y su nombre es César Pérez García, a raíz de eso él fue y buscó a Fidel Castaño para que lo ayudara a sacar a la UP de Segovia. Fidel Castaño lo contrato, corrijo, lo contactó con Henry Pérez, que en ese tiempo era uno de los jefes paramilitares en Puerto Boyacá. Henry Pérez se reunió con los dos en Medellín, con Fidel Castaño, César Pérez y Henry Pérez. Después de eso Henry me citó a la reunión en Puerto Boyacá. Henry me comentó todo, lo comentado, lo ocurrido en la reunión y me preguntó si conocía a un señor César Pérez, yo le dije que no, pero que sabía que era un jefe político del partido liberal en Segovia. Entonces me colocó un caset en donde yo escuché la voz de César Pérez donde les pedía ayuda para sacar a la UP y a la guerrilla de Segovia. Entonces Fidel Castaño le decía que tranquilo, que eso ya estaba en manos del jefe, refiriéndose a Henry Pérez y el señor (César) Pérez le decía que le colaboraba con lo que fuera necesario pero que él no podía perder esa región, en Segovia”. También alias ‘Vladimir’ delató a los miembros del Ejército Nacional que facilitaron el operativo paramilitar y fue fundamental para su condena.

Refiriéndose a ese tipo de encuentros clandestinos, alias ‘Ernesto Báez’ señaló en su declaración: “…alguna vez, fui a Puerto Berrío (Antioquia)… estando allí me invitaron a un almuerzo en una finca, yo no sé si existe actualmente, de pronto sí, se llama Sebastopol, me llamó mucho la atención porque me dijeron que en ese almuerzo va a estar don Henry Pérez, no sabía yo, señora magistrada, que está en Puerto Berrío, que la finca queda relativamente cerca de Puerto Berrío, quiero recalcar que en muchos encuentros que yo tenía con Henry desconocía a mucha gente que lo visitaban, sin embargo pues para ser concreto para los efectos que persigue esta investigación señora magistrada, yo fui a la finca Sebastopol, allá me encontré con Henry, sus escoltas…”. Y precisó: “… un Mayor, no recuerdo señora magistrada cómo se llama, se identificaba como Mayor de la décimocuarta brigada, dicho sea de paso que Henry tenía muy buenos contactos con las autoridades, las autodefensas todas, y allá había un político, me lo presentaron, nunca lo había visto en mi vida, me dijo se llama César Pérez García. Me lo presentó directamente Henry Pérez. Almorzamos en esa finca, fue un encuentro primero inesperado; además absolutamente informal. Se conversó de política, yo incluso estuve hablando porque yo todavía era secretario de Acdegam, la filiación mía ha sido al partido liberal, entonces me pareció muy interesante haber conocido este señor allá. Yo no lo conocía, en lo personal quiero referirme a eso, pero allá se mencionaba en esa época, distinto ahora, se mencionaba mucho acerca de dirigencia en Antioquia, era un Congresista, recuerdo que hablamos mucho de una cosa que en esa época estaba muy en boga que era la consulta popular…”.

Esta referencia es esencial para apreciar el testimonio de alias ‘Vladimir’, dice la Corte, pues alias ‘Ernesto Báez’ “confirma los nexos entre Henry Pérez y César Pérez García, que no habrían tenido porqué suceder en circunstancias normales por los vínculos ilegales del primero y la institucionalidad que representaba el otro”.

La unidad y universalidad del testimonio de alias ‘Vladimir’, le permite asegurar a la Corte Suprema que “César Pérez García fue el gestor de esa causa criminal, por el respaldo que encuentra en declaraciones que demuestran los vínculos entre el político y las organizaciones al margen de la ley”.

La Corte igualmente concluye que “aparte de su indiscutible relación con grupos ilegales de autodefensas, es un aspecto probado que César Pérez García fue el más afectado con el ascenso de la Unión Patriótica, como quiera que siempre mantuvo el poder local en modelos estatales en donde las autoridades locales no se elegían sino que se designaban”.

Y si acaso se requería que fuera más contundente en su testimonio, alias ‘Vladimir’ precisó: “Después de la masacre nosotros tuvimos una reunión con Fidel Castaño, con el Coronel Navas, en Sebastopol, y Henry de Jesús Pérez; y Fidel Castaño lleva allí un mensaje de agradecimiento de César Pérez… nos decía, bueno de parte de César Pérez muy agradecido, muy contento, todos estamos muy felices, así es que se trabaja ‘Vladimir’, mire que sí se puede hacer las cosas…”.

Esas muestras de complacencia o agradecimiento, “no sacan avante la inocencia de Pérez García, por el contrario, coadyuvan a consolidar lo que se viene diciendo acerca de su responsabilidad”.

Hastiados del clientelismo de los partidos tradicionales, los segovianos optaron por una alternativa diferente (la Unión Patriótica) en la primera elección popular de alcaldes. Es ahí donde aparece la voz de Hernán Darío Londoño, quien asevera: “Nosotros acá como liberales de tradición siempre hemos apoyado las listas que encabeza César Pérez García, entonces como aquí había mayoría liberal y nosotros liberales queríamos que el municipio le diera una casa a Arminda, entonces las casas las repartieron y a la señora no le dieron casa, entonces por esa razón todos nosotros nos resentimos y no quisimos acompañar al Directorio Liberal y seguramente con esa negativa del voto liberal firmamos la sentencia de muerte…”.

Después de un cuarto de cometida esta masacre, la justicia se ha pronunciado y el  “doctor” César Pérez García se convierte en el primer ‘cacique’ condenado por el exterminio de la UP. En Segovia aún se oye el eco de los fusiles R15 y las granadas de fragmentación que esa noche de 1988 sembraron la muerte en los bares Johnny Kay, El Amañadero y el kiosco del parque principal, así como en las viviendas a donde los paramilitares fueron a buscar a sus víctimas.

“Si algo queda claro del análisis probatorio es que César Pérez García, además de incurrir en la comisión del delito de concierto para delinquir, también persuadió a la máxima jerarquía del grupo armado dirigido por Henry de Jesús Pérez a ejecutar la acción del 11 de noviembre de 1988”, más conocida como la Masacre de Segovia, dictaminó la Corte Suprema de Justicia.

'La pequeña Manhattan'

Aspectos del 'desarrollo' de Bucaramanga, también llamada por algunos 'La pequeña Manhattan', 'La ciudad de los parques', 'La ciudad profética', 'La ciudad más cordial de Colombia', 'El mejor vividero', y hasta 'La competitiva y global'.

Galopa entre las capitales departamentales con él costo promedio más alto por metro cuadrado. Unos hablan de 'burbuja', otros de 'milagro'.

 ¡Ay hombe!

 

 

 

 

 

 

"El Gobierno quiere enterrar el caso Interbolsa", dice Alberto Donadio en esta segunda parte de la entrevista sobre su libro "El cartel de Interbolsa"

Segunda parte de la entrevista al periodista Alberto Donadio, quien investigó el mayor escándalo financiero de los últimos años en Colombia y acaba de publicar el libro “El cartel de Interbolsa. Crónica de una estafa financiera”.

“Esta vez los truhanes no tienen los mismos antecedentes de los de hace 30 años: sus familias no son de ‘cunas humildes’; no tienen ojos de vidrio; no cenan en restaurantes venidos a menos; sus oficinas no quedan en edificios de mal gusto, construidos en zonas deterioradas del centro. Son señoritos y señores nacidos en ‘nobles cunas’; criados en casas lujosas; educados en los mejores colegios; miembros de los clubes sociales más aristocráticos; sus problemas de salud son atendidos por los mejores especialistas en el exterior; cenan en ‘Andrés Carne de Res’. Visten trajes de Armani. Y a veces, en las mañanas, viajan a Miami en jets privados a jugar un partido de golf y regresan en la tarde”.

Esto lo dice Juan José Hoyos en su columna “Unos hampones bien vestidos”, del diario El Colombiano, al referirse a los protagonistas del escándalo de Interbolsa, desenmascarados por el periodista investigativo Alberto Donadio en su más reciente libro “El cartel de Interbolsa. Crónica de una estafa financiera” (Editorial Sílaba, 175 páginas), el cual fue presentado en la UNAB el pasado 29 de abril.

Y prosigue Hoyos:  “Sin embargo, sus operaciones fraudulentas con el dinero ajeno parecen copiadas de los hampones del Grupo Colombia que estafaron a miles de pensionados y viudas. Ellos, como sus antecesores, recibían a manos llenas miles de millones de pesos de ahorradores a los que les prometían el oro y el moro. Unos y otros se enamoraron de Fabricato para especular con sus acciones. Ciertas historias de la vida se viven primero como comedia y luego se repiten como tragedia”.

Donadio, junto a Daniel Samper y Gerardo Reyes, fundó la Unidad Investigativa del diario El Tiempo, es columnista de El Espectador, responsable del blogs.elespectador.com/interbolsa/ y autor de libros como “Banqueros en el banquillo”, ¿Por qué cayó Jaime Michelsen?, “Los Farsantes”, “Los hermanos del presidente”, “El Uñilargo: la corrupción en el régimen de Rojas Pinilla” y “Guillermo Cano, el periodista y su libreta”.

“El tema parece muy complejo y no muchos periodistas se le miden. Hay poquita competencia. Por eso hasta un periodista de la tercera edad en Bucaramanga puede meter la cucharada. Gracias al blog sobre Interbolsa en El Espectador, pude entrar en contacto con clientes, abogados, gente del mercado de valores, fuentes que querían contar cosas. Claro que ayuda haber escrito sobre la crisis financiera de 1982 y el escándalo de los fondos de inversión de Jaime Michelsen. Y haber visto actuar a gente recia como don Hernán Echavarría Olózaga y Germán Botero de los Ríos, exgerente del Banco de la República. Figuras de esa rectitud no hay hoy en Colombia”, manifestó Donadio al ser abordado por la revista Semana.

Usted suelta cifras de 70 mil millones de pesos, 300 mil millones, 50 millones de dólares… si tuviera que sumar, ¿a cuánto llegaría el ‘tumbilis’?

¡Un millón de millones!, y es posible que sea más. Y luego hay por ejemplo otra estafa que es gravísima, que fue la que se cometió el año pasado cuando Rodrigo Jaramillo empezó a decir que iban a vender la comisionista, como han vendido partes de comisionistas en Colombia a bancos chileños y brasileros y como Interbolsa iba a bien y como era la firma más grande, muchos inversionistas pequeños que tenían veinte millones, cincuenta millones, compraron acciones. Toda la información pública que se daba a conocer sobre Interbolsa era buena. Si se vendía obviamente esa inversión iba a valer más y ahora resulta que eso fue parte de la estafa. Interbolsa no se iba a vender, tenía la soga al cuello con el problema de Fabricato, pero si uno repasa la prensa económica del año pasado hasta en el mes de septiembre hay una entrevista donde Rodrigo Jaramillo dice que ya hay una valoración y que la firma se puede vender por cuatrocientos treinta millones de dólares. Ahora el liquidador dice que le quedaron seis mil millones de pesos, o sea tres millones de dólares. ¿Dónde se evaporaron  cuatrocientos veintisiete millones de dólares? Y mucha gente, pequeños accionistas, fueron engañados y creo yo estafados también, porque la información que hay en el mercado tiene que ser confiable. No puede haber información engañosa porque para eso existe un sistema de información pública y cualquier cosa que le pasa a una entidad financiera se puede conocer a través de la página de la Superintendencia. Todo lo que afecte el valor de un banco o de cualquier institución financiera, tiene que informarlo esa institución al público y los de Interbolsa estaban avisando que venía una noticia muy buena: la venta por una gran cifra. Ahí engañaron a mucha gente en cuantías pequeñas pero que globalmente son muy grandes.

En el último capítulo de su libro, usted cita a Juan Manuel Santos cuando dice “Donde ponemos el dedo… sale pus”, y lo titula “El Presidente tuvo la culpa”. ¿Esta parte se la ayudó a escribir Álvaro Uribe para cobrársela a Santos o por qué usted se atreve a asegurar que la culpa es del primer mandatario?

Me lo ayudó a escribir la Corte Constitucional. Hay sentencias de la Corte donde dice que la función de la Superintendencia es evitar los hechos criminales en el sector financiero y evitar que haya conductas irregulares o riesgosas. Entonces como el Presidente de la República tiene por la Constitución la misión de vigilar y cuidar el ahorro privado, pues no la cumplió. ¿Y esa misión de vigilar para qué es? ¡Pues para que no se roben el ahorro privado! No es para someter a las instituciones financieras a que manden balances y papeles y archivarlos; es precisamente porque como están manejando recursos del público, el Estado les ofrece esa protección, y en este caso el Presidente no cumplió con su deber. Y era una situación que se fue agravando, que no ocurrió en tres o seis meses, venía desde 2009. La mantuvieron en secreto. La Superintendencia parcialmente la conoció, entonces es responsable como también por lo que no conoció. Ahora han venido algunos a decir que cómo podía la Superintendencia enterarse si un delincuente lo primero que hace es esconder su delito para que no lo cojan, pero es que el problema es al revés, que la Superintendencia no puede dejar que un delincuente esté en el sector financiero. Puede haber un delincuente como David Murcia (DMG) en el Putumayo o donde sea que haga operaciones fuera del sector financiero no vigilado, que son más difíciles de detectar, pero dentro del sector financiero no puede haber alguien que les ofrezca a los clientes una cosa y haga otra. Eso está prohibido, eso es un abuso, pero el Gobierno les dejó hacer eso. Entonces la responsabilidad es por ahí. Venir a exculpar al Gobierno porque estos tipos eran unos delincuentes… ¿y quién los dejó posesionar y quién los dejó actuar? Nadie puede ser nombrado en el sector financiero si no le da posesión el superintendente, ¿y qué tiene que vigilar? La honorabilidad y moralidad de esa persona, o sea que no se robe la plata. Esas demandas van todas a triunfar, dentro de muchos años, pero la responsabilidad es clarísimamente del Gobierno, y eso explica la diferencia que ha habido entre las muchas declaraciones que dio Juan Manuel Santos en el caso de David Murcia y las poquísimas que ha dado ahora porque se siente naturalmente culpable de la omisión del Gobierno. Esto sucedió no desde el Gobierno de (Andrés) Pastrana y desde el Gobierno de (Álvaro) Uribe como lo de Nicaragua y San Andrés, sino que sucedió únicamente en su Gobierno. Se gestó en su Gobierno y el Gobierno pudo haberlo frenado a tiempo, y la Bolsa de Valores también, que tenía la obligación de proteger a la propia comisionista para que no se quebrara. Ellos sabían que esos repos estaban en niveles astronómicos, pero no hicieron nada y ahora vienen a decir que estaban en niveles normales. ¡No estaban en niveles normales! Si ellos hubieran frenado esas operaciones a tiempo no solamente salvan a miles y miles de inversionistas, sino a la propia comisionista que era un deber de la Bolsa evitar un escándalo que les estalló a ellos allá y que es más grave que el escándalo de David Murcia, porque este tipo es alguien que opera al margen de la ley, pero estos señores de Interbolsa estaban dentro de la ley y por eso su estafa es más grave porque engañan dentro del sistema financiero a unos particulares de buena fe, que no son los responsables de que los hayan engañado ya que fueron a una firma sólida, grande, la más importante, confiaron en el consejo que allá les dieron, y los engañaron. Hicieron con la plata una cosa que no estaba autorizada.

En los años noventa había un guerrillero que montaba retenes en la vía Bogotá-Villavicencio cada vez que quería, y la gente se preguntaba cómo era posible que las Fuerzas Militares no supieran dónde se escondía ‘Romaña’, pero los periodistas sí lo localizaban. ¿Cómo es posible que la Superintendencia se haga la de ‘vista gorda’ pero un caricaturista como Vladdo termine destapando el escándalo?

Lo que hizo Vladdo muestra que en el sector financiero se sabía lo que estaba pasando. Se sabía que Interbolsa se iba a reventar y es absurda la explicación que ha dado el Gobierno de que ellos solo podían actuar cuando Interbolsa entrara en cesación de pagos, pero es que hay otra función de la Superintendencia que es evitar que una firma en entre en iliquidez o en cesación de pagos. Hay una cantidad de medidas previas. La Superintendencia es la única entidad en Colombia que puede decirle al presidente de una entidad financiera: ‘Usted no me gusta. ¡Se retira ya!’. Eso no lo puede hacer el Gobierno frente al presidente de ninguna otra compañía en Colombia. La Superintendencia tiene plenos poderes precisamente porque tiene que proteger el ahorro privado. ¿Entonces cómo permitieron que se hiciera esa apuesta de Fabricato durante tanto tiempo, con tanto riesgo para la firma y riesgo para la clientela? ¿Por qué no frenaron eso cuando se podía frenar? La responsabilidad clarísima aquí es del Gobierno, del presidente Santos y del superintendente. Este superintendente (Gerardo Hernández) por las declaraciones que ha dado, le parece a uno que sería un excelente superintendente partiendo de la base de que todo el sistema financiero es manejado por ángeles, por personas perfectas, correctas y honorables, y eso no se puede decir en ningún país del mundo porque siempre hay unos que se saltan las reglas y que violan la ley. Entonces este señor viene a decir que ellos se enteraron después de la intervención. ¡Pues ahí está la culpa! Tenían que enterarse antes de la intervención y actuar con suspicacia porque hay gente que quieres hacer operaciones que están prohibidas o son demasiado arriesgadas y hay que frenarlas para que no causen estos desastres. Si hubieran actuado antes, esto no pasaba. Era perfectamente evitable este traumatismo tan grande para tanta gente y tan injusto, porque muchos clientes son personas de recursos limitados que tenían cien, doscientos o trescientos millones, pero no es que en otra parte tenían otros quinientos y en otra mil millones más. Fue un engaño hecho a personas de clase media, y aunque hay algunos inversionistas de más envergadura que perdieron mucha plata. Pero la mayoría de los cuatro mil clientes de la cartera donde se robaron setenta mil millones, son personas mayores de cincuenta o sesenta años, jubilados, que tenían alguna herencia o habían vendido una casa y puesto ahí la plata y esperaban su cheque del cinco o el seis por ciento. No eran inversionistas arriesgados y perdieron mucho porque eso era lo que tenían. Fue un desastre causado por la tolerancia y la indolencia del Gobierno.

¿Qué tanto influyó en su motivación para escribir el libro el blog que le propuso Fidel Cano -director de El Espectador- una vez estalló el escándalo?

Totalmente, porque las historias de los damnificados me permitieron conocer el caso, y la motivación de escribir el libro es contar lo que le pasó a esta gente, que además el Gobierno no la protegió a tiempo y ahora los está tildando de evasores fiscales, les está diciendo que vayan a reclamar a Curazao y los sigue desprotegiendo. Es para darles una voz a esas personas, que son miles en el país, que fueron estafadas dentro del sistema financiero. Mantener el caso vivo, porque el Gobierno quiere enterrar el caso de Interbolsa y por eso los anuncios de que ya devolvieron, pero ellos hablan de lo que devolvieron a los que no perdieron, pero no hablan de lo que no se les ha devuelto a los que sí perdieron. El Gobierno tiene mucho afán por su responsabilidad en este desastre y tiene mucho afán de dar por finalizado este ‘incidente’, cuanto esto no es un incidente. El valor de las acciones negociadas en la bolsa en febrero cayó un cuarenta y cinco por ciento frente al mes de febrero del año pasado. Eso es un desastre. En estos días daban la estadística de que la producción industrial en febrero cayó el cero coma cinco por ciento. ¡Eso no es nada! Una caída de las negociaciones en un cuarenta y cinco por ciento es un desastre debido a Interbolsa, porque le quitó la confianza a los clientes, y eso es gravísimo porque la confianza había retornado después de muchísimos años en que los pequeños inversionistas no se metían a la bolsa por las estafas y escándalos del Grupo Grancolombiano hace treinta años. Llevaban casi diez años los inversionistas otra vez con confianza en la bolsa desde que salieron las acciones de ISA, de Ecopetrol, y entró mucho inversionista pequeño. Pero ahora resulta que ese inversionista le tiene miedo porque si lo estafan en la firma más grande de la Bolsa de Valores, qué no le puede pasar en otra que ni siquiera tiene ese tamaño.

¿Su próximo libro será “La novela de Alessandro Corridori, el ‘vaciado’ que se volvió multimillonario”?

Podría ser porque ahí hay ribetes novelescos en lo que hizo Corridori con Fabricato. Una persona que llega ‘limpia’ a Colombia y termina con plata ajena apoderándose de Fabricato y moviéndose en unos círculos de miles de millones de pesos. ¿Cómo lo hizo? ¿’Cuál fue la habilidad que tuvo para llegar a donde llegó? Es una cosa casi cinematográfica.

Jaime Michelsen Uribe, Félix Correa, David Murcia, Interbolsa… ¿Colombia es un terreno fértil para este tipo de escándalos financieros?

Colombia es terreno fértil para escándalos financieros pero este de Interbolsa es solamente comprable con lo que hizo Michelsen y el Grupo Grancolombiano con los fondos de inversión, porque era también dentro del sistema financiero, fondos ofrecidos por un grupo financiero muy importante y de mucho prestigio, pero que hacía trampas y que estafó a la gente. Las otras comparaciones no son iguales porque Félix Correa era un señor que ofrecía intereses muy altos para atraer clientes, y en Interbolsa no estaban ofreciendo eso. La comparación es con la estafa que se hizo con los fondos de inversión en que para apoderarse de unas empresas usaron el ahorro privado, idéntico a lo que hicieron aquí que se querían apoderar de una empresa para luego revenderla, embolsillarse la ganancia y devolverle a los clientes la plata que habían cogido. No les resultó, entonces es plata se perdió.

¿Para qué tiene que servir el libro “El cartel de Interbolsa”?

Para que se terminen de conocer todos los pormenores de la estafa, que hasta el momento no se conocen, y toda la participación de todas las personas que tienen una responsabilidad penal o administrativa en esto, porque eso es lo que el Gobierno quiere evitar: que el escándalo se agrande, y el escándalo solo se va a conocer cuando se someta al rigor de la investigación penal a los administradores de esta plata que la desviaron. Tiene que servir para que no se trate a unos estafadores con privilegios y a otros con arbitrariedad, como fue el caso de David Murcia que porque operaba en La Hormiga (Putumayo) a él sí lo meten preso y lo extraditan en días, y aquí los otros estafadores tienen unos privilegios de estarse reuniendo con el Gobierno y prometiendo que ellos van a responder y a pagar con su propio bolsillo, y a reunirse con sus abogados. ¿Por qué? Si hubo el mismo fenómeno que fue el abuso de la confianza.

(Recuadro)

Unos hampones bien vestidos

Juan José Hoyos, en su columna del diario El Colombiano, dice: “Interbolsa era un cartel con fachada de comisionistas, los más importantes de Colombia. Su presidente era al mismo tiempo el presidente de la junta directiva de la Bolsa de Valores de Colombia. Su maniobra de engaño fue, pues, mayor y más grave su golpe a la confianza pública. 

La mayoría de sus clientes eran de Medellín, donde Interbolsa era el rey. Aquí tenía su sede principal, vaya una paradoja, en la misma trágica esquina de la Avenida Oriental con La Playa, donde funcionaba el siniestro Grupo Colombia.

Según Donadio, Interbolsa rompió todos los récords delincuenciales. Defraudaron escuelas de altas finanzas como la Universidad Eafit; bancos; conventos; colegios religiosos; grandes empresas concesionarias de carreteras, y miles de ahorradores, como María Kamila Pineda, una estudiante de Bogotá de 21 años que perdió a su padre e invirtió en Interbolsa el seguro de vida que él les dejó a sus hijos para financiar sus estudios”.

Alberto Donadio habla de su libro "El cartel de Interbolsa. Crónica de una estafa financiera" (I Parte)

Alberto Donadio acaba de publicar su investigación sobre el mayor escándalo financiero de los últimos años en Colombia. Entrevista exclusiva al periodista que se atrevió a sumergirse en esas tenebrosas aguas y hoy asegura que el Gobierno está tratando de echarle tierra al asunto. (Primera parte)

“Por lo que se sabe, parece que las únicas personas honorables, no sancionadas, ni expulsadas, ni bajo sospecha, que trabajaban en Interbolsa eran los vigilantes y las señoras que servían los tintos”, dice el periodista Alberto Donadio.

Esta afirmación la formula en su libro “El cartel de Interbolsa. Crónica de una estafa financiera” (Editorial Sílaba, 175 páginas), el cual fue presentado el lunes 29 de abril a las 6:30 de la tarde en el Auditorio ‘Jesús Alberto Rey’ de la Universidad Autónoma de Bucaramanga, UNAB.

Abordé al experimentado investigador, fundador de la Unidad Investigativa de El Tiempo junto a Daniel Samper y Gerardo Reyes, columnista de El Espectador y autor de libros como “Banqueros en el banquillo”, ¿Por qué cayó Jaime Michelsen?, “Los Farsantes”, “Los hermanos del presidente”, “El Uñilargo: la corrupción en el régimen de Rojas Pinilla” y “Guillermo Cano, el periodista y su libreta”.

Según el calibre de su señalamiento inicial, ¿‘es tan escandaloso el escándalo’ de Interbolsa? ¿Esto era una cloaca?

Es tan escandaloso porque las personas que estaban en Interbolsa, sus administradores, y se vino a saber ahora porque no se sabía antes, incurrieron en conductas que son totalmente abusivas para personas que tienen a su cuidado el manejo del dinero ajeno y que si se hubiera sabido lo que hacían, los clientes jamás habrían ido a llevar plata a esa comisionista. Nadie habría ido allá si hubiera sabido lo que hoy sabe, pero el engaño estaba muy bien montado porque estaba amparado en una cosa que hacía que la gente no sospechara, que era la principal comisionista de la Bolsa de Valores, y entonces esa fachada fue lo que sirvió para el engaño. De la misma manera que si eso se hubiera hecho en uno de los grandes bancos del país o de cualquier país, facilita la estafa porque la gente dice: un banco de esta dimensión, de este tamaño, de este capital, no puede ser un banco manejado por ladrones. Y ellos se aprovecharon en Interbolsa de eso.

Hay gente en Medellín que ha estado en bolsa, que dice que lo que Interbolsa hizo antes de la quiebra lo venía haciendo desde que se creó. Todos esos actos deshonestos venían desde el principio.

Piense que quien lea esta entrevista no es un conocedor del tema. ¿Cómo sería un ‘Interbolsa para dumies’?

Lo que sucedió es muy sencillo: los clientes que habían ido a Interbolsa a colocar una plata en inversiones seguras, con rentabilidades normales, fueron estafados porque no pusieron la plata en eso que ellos estaban buscando, sino en inversiones especulativas y de alto riesgo que iban a beneficiar a los dueños de Interbolsa en una especulación con acciones de Fabricato. Entonces fue simplemente un engaño: clientes que estaban buscando seguridad para su plata, terminaron invirtiendo sin saber en cosas que eran de muy alto riesgo y que se quebraron.

¿Quiénes fueron los protagonistas de esta ‘película’ y qué papel desempeñaron?

Las personas que por lo que se sabe ahora son los protagonistas principales de la quiebra son: Rodrigo Jaramillo, fundador de Interbolsa y presidente; Jorge Arabia Wartenberg, vicepresidente financiero; Álvaro Tirado Quintero, presidente de la comisionista; y Mauricio Infante, que era el que manejaba las carteras o fondos colectivos. La responsabilidad de ellos hoy, a seis meses de la intervención, está clara y demostrada, y su participación en decisiones que implicaban desvío de los fondos de la gente, en actividades ilegales como fue tomar setenta mil millones de una cartera colectiva para pasárselos a la casa matriz de Interbolsa.

Ellos son los protagonistas. Hay otros muy importantes en esa película, pero cuya responsabilidad en la quiebra todavía habría que definirla. Serían Tomás Jaramillo, de quien hay que aclarar que él no tenía un cargo dentro de Interbolsa, siendo el hijo del dueño, siendo uno de los dueños del Fondo Premium donde se perpetró una de las estafas más grandes que suma trescientos mil millones de pesos que no están, que no se pueden recuperar y que lo que se recupere va a ser mucho menos de la mitad. También Juan Carlos Ortiz, como fundador y administrador durante muchos años del Fondo Premium, y una persona que tuvo una importancia vital en el crecimiento de Interbolsa, que había sido al principio una firma de bolsillo sin ninguna trascendencia y que creció gracias a la habilidad de él, habilidad que no siempre se identifica con la ortodoxia financiera.

Pero tiene que haber mucha más gente de mandos altos y medios, que hasta ahora tal vez se saben los nombres pero la responsabilidad penal no está establecida. Han surgido unos datos muy interesantes: por ejemplo las reclamaciones laborales que se presentaron ante el liquidador Ignacio Argüello, el presidente de la comisionista pidió que le pagaran a él dos mil cuatrocientos millones de pesos, lo cual incluía la bonificación por el éxito de la comisionista en los años 2010, 2011 y 2012. Se lo rechazaron y le rechazaron otro pago que se llama ‘Los garantizados’, parece que había sumas garantizadas. En el caso de Álvaro Tirado Quintero la suma mensual garantizada era de cuarenta y tres millones. Entonces había una feria de plata muy grande y no quedó casi nada. Interbolsa se presentaba como un grupo financiero internacional con ramificaciones en Estados Unidos, Panamá y Brasil. Las acciones de Interbolsa se cotizaban en la bolsa en Estados Unidos; Rodrigo Jaramillo estuvo hace unos años abriendo la rueda de la Bolsa de Nueva York, que es una cosa reservada a jefes de empresas muy importantes. Y ahora resultó que ese grupo que dizque lo iban a vender por cuatrocientos o quinientos millones de dólares, no vale nada. Los edificios no son de Interbolsa porque se los habían vendido a los clientes a través de carteras colectivas. Una de las cosas que hay que averiguar es si los dueños de Interbolsa en los últimos meses vendieron sus acciones porque sabían lo que se venía. Hay setenta u ochenta mil millones de repos, de préstamos que ellos salieron a pedir contra sus acciones, probablemente porque sabían que eso se iba a cerrar y entonces dejaron a la gente que prestaba la plata con unos papeles que no valen nada pero ellos sí cogieron la plata. Entonces el faltante, sin contar los accionistas, es de por lo menos quinientos mil millones de pesos, y el grupo Interbolsa no tiene nada. En Panamá se vendió la filial por dos millones cien mil dólares, pero porque tenía un millón ochocientos mil dólares en el banco, o sea que la firma valía trescientos mil dólares y la tenían en libros por veinte mil millones de pesos. Era, según parece, un castillo de naipes.

Su libro no acaba de salir y Semana ya está publicando “Interbolsa: la caja de Pandora. Serios indicios de una posible captación ilegal de dinero le darían un vuelco a este caso”. ¿Este es una historia de nunca acabar?

Sí porque no ha sucedido lo que sucede en otros escándalos financieros: que es que se llevan presos a uno, a dos o a tres y ellos cuentas lo que realmente pasó y acusan a los otros. Como la Fiscalía no ha detenido a nadie, pues hay muchas cosas que no se saben y que explotarán después. Cosas que eran secretas y que las manejaba un grupo muy restringido de personas, menos de diez personas, es imposible que las averigüe nadie a menos que alguien cuente, y ahora va haber un incentivo de que alguien cuenta porque quiere deslindar responsabilidades frente a los demás. Lo que hicieron el año pasado con la emisión de bonos en Luxemburgo, que fue una estafa abierta por cincuenta millones de dólares. Se conoce que fue una estafa, ¿pero quiénes intervinieron? Se sabe que intervinieron Rodrigo Jaramillo y Jorge Arabia, ¿pero nadie más en la compañía sabía? ¿O sí había más gente que sabía y hasta ahora no se sabe quiénes son? ¿Cuándo se va a saber? Cuando esos administradores estén detenidos y canten y acusen a los demás, porque era un grupo de pocos jefes. Los jefes eran cinco, seis o siete, y muchos empleados subalternos, y muchos corredores, y esos corredores probablemente hicieron cosas ilegales como se sabe, operaciones no autorizadas, ¿pero las hicieron por cuenta propia o porque desde arriba les dieron permiso para hacerlas? Todas esas cosas están en el aire.

Si alguien vende una rifa ‘pirata’ en Vichada, pues se puede decir que por allá no hay nadie que lo controle. Pero en un caso de la magnitud de Interbolsa la pregunta es: ¿Qué hicieron la Superintendencia y la misma Bolsa de Valores de Colombia? ¿O se hicieron los de la ‘vista gorda’? ¿Cuál es la responsabilidad que les cabe?

Pues esas son las preguntas que se hacen las víctimas: ¿Dónde estaba la Bolsa de Valores? ¿Dónde estaba la Superintendencia? Porque el golpe para las personas que perdieron plata es doble ya que no estaban buscando inversiones de riesgo y porque habían invertido en una firma vigilada por la Superintendencia y la más grande de toda la Bolsa. Entonces no conciben que los hayan estafado, que les hayan dicho que estaban invirtiendo en papeles de renta fija cuando eso no era cierto, que estaban invirtiendo en distintos países del mundo cuando todo estaba concentrado en Fabricato, entonces la conclusión a la que llegan las víctimas es que ese aviso de “Vigilado Superfinanciera”, no vale nada, porque no estaba vigilado y esto se detectó en una etapa inicial y la Superintendencia lo dejó pasar, y lo más grave es esto: los señores de Interbolsa tenían fama en el sector financiero de hacer cosas que otros no hacían. La Superintendencia es la que posesiona a los que están en la junta y a los representantes legales, y es la Superintendencia la que tiene que saber quién es un banquero honorable y quién no lo es. Y habiendo en el mercado conocimiento de que estos señores desde hace mucho tiempo hacían cosas ilegales y abusaban del manejo de la plata de la gente, los dejaron seguir operando. O sea, la responsabilidad claramente es del Gobierno, y además hay el antecedente de que por esto mismo que hicieron el año pasado los habían cerrado hace diez años durante tres días, porque habían tomado plata de los clientes para invertirla en acciones de la propia Interbolsa, solo que en esa época no se quebraron y fue una operación de mil quinientos millones; ahora fue de trescientos mil millones, se les abrieron las agallas y se quebraron. Pero los antecedentes de estos señores eran conocidos. No eran conocidos por la clientela. Quien permitió que banqueros abusivos llegaran ahí son dos entidades: la Bolsa de Valores porque a Rodrigo Jaramillo lo tenía de presidente de su consejo directivo, y la Superintendencia que le daba un aval implícito como presidente de la firma más grande de la Bolsa de Valores.

Entonces ningún cliente damnificado tiene que echarse la culpa porque todos esos clientes obraron con prudencia y acudieron a la institución más grande del mercado de valores. Impensable que allá los fueran a engañar y a estafar, porque ese es un negocio de confianza. Se llama comisionista porque legalmente opera bajo la forma del contrato de comisión. Un particular busca a alguien para que le haga un mandato, que es el comisionista, que consiste en invertir su plata pero bajo unas instrucciones, por eso todas las llamadas que hacen los clientes de las comisionistas de bolsa se graban porque como son negocios que se hacen rápido, tiene que haber una prueba de que el cliente dio la orden. Aquí los clientes decían queremos una inversión segura, estable, y les decían claro que sí, les ofrecemos este producto financiero y cogían esa plata para hacer otra cosa, y engañaron a miles y miles de personas durante mucho tiempo. ¿Quién es el responsable? Pues los representantes legales y los miembros de la junta son responsables, pero la mayor responsabilidad es la del Gobierno que permitió que estas personas se apoderaran de una firma tan importante y engañaran a la clientela con ese escudo de ser la firma más grande. Y era la firma que más negocios movía -porque movía la tercera parte de los negocios de la bolsa-, la que más publicidad hacía, la que era conocida por todo el mundo. Entonces el cliente ahora dice pero cómo pudo suceder, y tiene toda la razón. Pudo suceder únicamente porque la Superintendencia dejó que eso sucediera.

¿A los miles y miles de ‘tumbados’ quién podrá defenderlos?

El problema es que la mayor parte de la plata se esfumó. No es que alguien se la llevó o la tiene en un ‘paraíso’ fiscal, sino que se esfumó en una apuesta financiera por Fabricato. Entonces quien va a responder, pero dentro de muchos años, es la Nación pagando las demandas por daños en el servicio, porque aquí hubo una falla en el servicio. Cuando a uno le dicen “Vigilado Superfinanciera”, y eso es lo que el cliente oye en la radio, ve en los avisos de prensa, en la publicidad de los comisionistas, es porque hay implícito un aval de protección que el Estado da, precisamente para diferenciar esas firmas de las ‘pirámides’ o de las captadoras ilegales que funcionan en la calle. Entonces la protección del Estado falló en este caso y el Estado va a tener que pagar. Es la única de que esas personas obtengan una indemnización. En algunos casos específicos puede ser que se recupere una plata, pero la plata grande no está en ningún lado, se esfumó, no la tiene nadie.

Hay clientes que desesperados por la situación han optado por medidas extremas como el suicidio, pero también me he encontrado optimistas que están confiados y relajados pensando que les van a devolver todo el dinero. 

Hay algunas inversiones donde hay una recuperación visible, pero son muy limitadas. En los bonos de Luxemburgo está todo perdido, que son cincuenta millones de dólares; en el Fondo Premium probablemente más de la mitad está perdido y esos son trescientos mil millones de pesos; las operaciones no autorizadas que les hicieron a muchos clientes eso probablemente está perdido; repos sobre Interbolsa está perdido; acciones de Interbolsa valen cero. 

Entonces hay algunos casos de algunas carteras donde de pronto la pérdida es de un veinte por ciento, pero en general los de Interbolsa hicieron moñona en contra de los clientes porque arrasaron con un patrimonio gigantesco, y lo más grave es que no perdieron los clientes que habían ido a Interbolsa a buscar inversiones de riesgo -o sea acciones-, porque a ellos todas sus inversiones se las traspasaron a otras comisionistas; fue a las personas que estaban buscando renta fija, inversión segura, cinco o seis por ciento, a las que estafaron, lo que hace más grave la desprotección de la Superintendencia Financiera porque ninguno de esos clientes estaba pidiendo intereses altos. Entonces el drama y la zozobra para esa gente y la incredulidad es total porque con toda la razón dicen: nosotros fuimos a la firma más grande, la más seria, la que movía la tercera parte del mercado de valores de Colombia, su presidente era a su vez el presidente de la junta de la Bolsa de Valores, y queríamos una inversión segura para proteger nuestra plata, como lo hicieron muchas instituciones universitarias, religiosas y de otra naturaleza, y ahora resulta que no estaban poniendo la plata donde les decían sino en una apuesta de Fabricato.